El jefe de los Fiscales reveló que se detectó un plan criminal silencioso dirigido contra su persona, describiéndolo como una conspiración planificada. Destacó la importancia de mantener una respuesta firme del Estado frente al crimen organizado y agradeció el apoyo institucional, de las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación en el manejo de un tema tan delicado.
El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, ofreció una conferencia de prensa acompañado por la directora del CIF, Gabriela Buabse; el Secretario de Políticas Criminales, Gaspar Solá Usandivaras; y los fiscales penales Gabriel González, Daniela Murúa, Luján Sodero y Santiago López Soto, miembros de diversas Unidades Fiscales creadas por la Procuración.
Durante la conferencia, el Procurador expresó su profundo agradecimiento y reconocimiento por el valiente trabajo de los fiscales en el norte de la provincia, especialmente en el distrito judicial de Orán. Destacó el esfuerzo de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico Contra el Crimen Organizado y elogió la labor de los fiscales en esa región.
Explicó que, de información surgida de las investigaciones que se llevan adelante en distintas causas penales por parte de la Unidad mencionada, se detectó un plan criminal dirigido contra su persona. Aclaró que no se trata de una amenaza, sino de una conspiración planificada, lo cual es inusual en la provincia y en el país. Subrayó que esto, representa un desafío directo a las Instituciones, particularmente al Ministerio Público Fiscal. Destacó que no se cederá ante las presiones del crimen organizado y expresó su apoyo a lo manifestado por el Gobernador Gustavo Sáenz, con quien comparte la postura de no retroceder en la lucha contra este tipo de delincuencia. También hizo un llamado a los demás poderes del Estado para fortalecer la respuesta institucional.
García Castiella también agradeció el apoyo recibido en el marco de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de la investigación, destacando la colaboración de Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia. Asimismo, agradeció a ciertos medios de comunicación por su tratamiento respetuoso de la situación, y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, al Consejo Federal de Procuradores y a su equipo de trabajo, cuyo respaldo ha sido esencial para continuar avanzando.
El Procurador expresó su deseo de que Salta siga siendo un lugar seguro y pacífico, libre del crimen organizado. Por eso refirió a la propuesta llevada adelante de modificar la Ley de Ficha Limpia para impedir que personas vinculadas a delitos como el narcotráfico y el lavado de activos accedan a cargos públicos, y abogó para que el Congreso Nacional incorpore estas restricciones a la Ley 23.737, aplicando una prohibición doble al tiempo de condena. Subrayó la importancia de luchar contra la rentabilidad del crimen organizado, enfocándose en la investigación del lavado de activos.
Contó también que en un reciente encuentro con la Ministra de Seguridad, se coincidió en la necesidad de implementar un plan de acción en Salta similar al aplicado en Rosario de Santa Fé, en colaboración con las fuerzas federales y provinciales para combatir la situación en el norte de la provincia, particularmente en Orán. El Procurador destacó la necesidad de mantener una respuesta firme por parte del Estado ante los desafíos del crimen organizado.
El Procurador General destacó el pedido de jurado de enjuiciamiento contra el juez Claudio Parisi, que surge a raíz de una serie de irregularidades acumuladas por el magistrado, quien ya enfrentaba dos requerimientos de elevación a juicio y ha sido recientemente imputado en un nuevo caso. El Procurador subrayó que no existe corrupción más deleznable que la de un magistrado que negocia y se enriquece a cambio de comprometer la paz de sus conciudadanos y el esfuerzo de las fuerzas de seguridad del Ministerio Público, que trabajan para llevar a cabo investigaciones que culminan con la privación de libertad de una persona.
Recordó que desde el inicio de su gestión, uno de los principales objetivos ha sido el combate contra el crimen organizado. Mencionó una significativa investigación llevada a cabo por la UFINAR y la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos en el Servicio Penitenciario Provincial, revelando una red interna en la que ciertos funcionarios colaboraban en actividades ilícitas como el tráfico de drogas dentro de las cárceles y exigencias a familiares de los detenidos para obtener beneficios en las calificaciones del Consejo Correccional.
El Procurador agradeció el trabajo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, la Unidad Especial de Investigaciones de Orán y la policía provincial, subrayando que gracias a estos esfuerzos y a los recursos proporcionados por el gobierno provincial, la mayoría de los líderes criminales están en prisión preventiva. También mencionó la reciente investigación que reveló la responsabilidad de personas provenientes de Tucumán en un caso reciente de doble homicidio.
En cuanto a la infiltración del crimen organizado en municipios del norte de la provincia, el Procurador destacó que hay pruebas de intentos de copar estos territorios con recursos y estrategias sofisticadas. Mencionó la presencia de armas, chalecos antibalas, uniformes robados, explosivos avanzados y cárceles clandestinas para ejecutar interrogatorios y golpizas.
Finalmente, el Procurador resaltó la necesidad de adaptar el tratamiento de los privados de libertad involucrados en el crimen organizado, implementando medidas de seguridad específicas y acondicionando los pabellones de acuerdo a las características particulares de estos casos. Subrayó que, aunque no se vive una situación de crisis similar a la de otras regiones del país, existe una alerta constante para prevenir futuros problemas y mantener una vigilancia efectiva contra el crimen organizado.