La preocupación aumenta por la previsión de los fondos solo alcanzan hasta mediados de año, lo que limitará el acceso a los tratamientos más sensibles.
El acceso a la medicación para el tratamiento del VIH ha sufrido un recorte significativo, generando una creciente preocupación entre las organizaciones de salud y los pacientes afectados. Anteriormente, la entrega de medicamentos se realizaba en cantidades suficientes para cubrir un período de tres meses, proporcionando una mayor comodidad y estabilidad en los tratamientos. Sin embargo, esta práctica se ha modificado, y actualmente la entrega se limita a un suministro mensual.
Este cambio en la política de distribución de medicamentos representa un obstáculo considerable, particularmente para las personas que viven en zonas rurales de la provincia, quienes ahora se ven obligados a realizar viajes mensuales a la capital provincial para obtener su medicación. Esta necesidad de desplazamientos recurrentes impone una carga adicional económica y logística, dificultando aún más el acceso ya complicado a la atención médica y a los tratamientos esenciales.
Anteriormente, el 25 de febrero la jefa del programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales de la provincia, Laura Caporaletti, en un informe enviado al presidente de la Fundación Orgullo Salta, Nelson López, daba cuenta de la falta de preservativos suficientes para atender la demanda, y de reactivos.
Por su parte, López expresando la preocupación generalizada, ha señalado que el presupuesto asignado a la provisión de medicamentos solo alcanzará hasta mediados del año en curso. La congelación del presupuesto, según sus declaraciones, impide cubrir las necesidades de todos los pacientes, agravando la situación sanitaria y generando incertidumbre sobre el futuro del acceso a los tratamientos.
Esta situación crítica ha motivado a organizaciones de la sociedad civil de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán a iniciar un plan de acción y medidas de lucha. El objetivo central de esta iniciativa es exigir al gobierno la garantía de acceso a tratamientos adecuados y la provisión de los recursos necesarios para asegurar la salud y el bienestar de las personas que viven con VIH en la región. La urgencia de la situación y la falta de recursos adecuados justifican la necesidad de una acción colectiva y contundente para reclamar por los derechos de los afectados.