Comenzó en Cafayate el juicio contra la multinacional francesa Pernod Ricard por la usurpación de 32 hectáreas donadas al municipio en 1962. Intendente, ediles y empresarios en sintonía contra los intereses del pueblo.
Tres exconcejales cafayateños y ocho testigos fueron citados a la primera audiencia de pruebas en el marco del juicio contra el grupo vitivinícola Pernod Ricard, acusado de usurpar 32 hectáreas pertenecientes al municipio de Cafayate para su explotación y ocupación. Los exediles debieron reconocer sus firmas en lo que se denominó tramposamente «convenio», pero que en realidad fue un contubernio entre concejales y representantes de la empresa usurpadora. El mismo, luego de conocido, generó un escándalo político y legal ya que en ese papel se plasmaron inexactitudes y falsedades de todo tipo, redactadas oportunamente por el entonces asesor legal de la Municipalidad de Cafayate y los asesores legales de Pernod Ricard.
Los exconcejales convocados por la justicia fueron: Marcos Arjona, actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de Cafayate, el actual concejal René Condorí y el exedil Rodrigo “Toti” Chocobar. De los ocho testigos restantes, cinco corresponden al municipio de Cafayate y tres a la empresa okupa.
Entre los argumentos presentados por la firma de capitales franceses para no ceder en la usurpación, figura el hecho de que la cesión de tierras al estado municipal de Cafayate se hizo bajo la condición de que en el lugar se construya una pista de aterrizaje de aviones. La multinacional, entonces, se tomó la atribución de impugnar unilateralmente el contrato de donación que data del año 1962, aduciendo que el estado no cumplió con el acuerdo. Sin embargo, además de los documentos, fotografías y testimonios que desmienten la versión, los propios empleados de la empresa reconocieron en la primera audiencia del juicio que la pista de aterrizaje si existió.
Allá por el ’62
Las 32 hectáreas identificadas con el catastro 2078 formaron parte hasta 1962 del patrimonio de la familia Etchart, cuyos descendientes hoy toman partido por los intereses del municipio. En aquella oportunidad, Carmen Rosa Ulivarri redactó la «sucesión» de su esposo Arnaldo Etchart de la siguiente forma: «Tenemos el agrado de dirigirnos al señor director (de Aeronáutica Provincial) a efectos de formalizar la donación de un campo de nuestra propiedad, destinado a pista de aterrizaje de esta localidad». Seguidamente, la mujer detalla la ubicación del terreno y aclara: «dejamos expresa constancia que, en caso de desvirtuarse el objeto de esta donación, la misma será de ningún valor, debiendo restituirse el campo a sus actuales propietarios, herederos o sucesores», dicho documento fue declarado auténtico en el año 2009.
Dieciocho años más tarde un decreto del exgobernador de facto Roberto Augusto Ulloa dejaría constancia de que el terreno funcionó de hecho para los fines mencionados y otorgaría un marco legal a la titularidad de las tierras. Allí no sólo se brindarían más detalles del contrato de donación rubricado en 1962 sino que, además, se formalizaría la aceptación del mismo.
En 1996, el grupo Pernod Ricard (dueño de las firmas: Chivas, Absolut, Jameson, Ballantines, Beefeater, Havana, entre otros) adquiere la bodega Etchart en Cafayate y, años más tarde, comenzarían las disputas. En dicha tremolina, los franceses pasarían con el tiempo a contar nada menos que con el apoyo del intendente Fernando Almeda. Cuentan los cafayateños que las intervenciones del jefe comunal en relación al tema fueron mutando notoriamente en la última década, a tal punto que en la actualidad sus intereses ya no parecen solapados sino más bien explícitamente consustanciados con los de la multinacional. Para ser más claros, pocos pueden explicar el rol de Almeda en el asunto sin echar mano a hipótesis que van desde la coima lisa y llana, hasta el financiamiento de futuras campañas.
Concejales, radicales y conversos
A pesar de que en 2013 el concejo deliberante de Cafayate elevó un pedido al jefe comunal para que impulse el desalojo de la empresa usurpadora, Almeda jamás dio señales de querer avanzar en ese sentido. Por el contrario, se valió de informes y tasaciones solicitados por él mismo para justificar la inhabitabilidad de las 32 hectáreas y bajarles rotundamente el precio. Más tarde, una investigación de Radio Cafayate revelaría que los informes elevados por Almeda al concejo deliberante habían sido pagados por Pernod Ricard y que no estaban avalados por el Colegio de Martilleros.
En respuesta al papelón y siguiendo los designios de la empresa francesa, Almeda propuso «canjear» las 32 hectáreas usurpadas por otros terrenos en Río Seco, cuyo valor es exageradamente menor. El argumento esgrimido fue, nuevamente, que las hectáreas en disputa se encuentran alejadas del casco urbano y, por ende, privadas del acceso a servicios básicos.
El «convenio» elevado al concejo deliberante contó con el apoyo del bloque radical que tiempo atrás había sido tajante en su postura contraria a la usurpación. En un comunicado previo al encuentro con los representantes de la empresa se habían expresado de la siguiente forma: «Las autoridades partidarias de la Unión Cívica Radical de Cafayate (…) señalamos que no avalamos ni apoyaremos negociaciones de ningún tipo, mientras existan estados de ilegalidad manifiestos y que tiendan a la pérdida del patrimonio municipal bajo condiciones desfavorables al interés público».
El trámite ni siquiera se llevó adelante en una sesión ordinaria del cuerpo. Se trató apenas de una reunión cerrada, pero con fuerte custodia policial en la que participaron a espaldas del pueblo, concejales, funcionarios municipales y representantes de la empresa.
Falsedades e inexactitudes
El contenido del llamado «convenio» está plagado de vicios y mentiras lisas y llanas. En una de sus cláusulas se asegura que la municipalidad «ha efectuado reclamos a Pernod Ricard derivados de la ocupación por esta última de una porción de los terrenos donados». Además de que la municipalidad no envió ni siquiera una carta documento a la empresa, la usurpación de la multinacional no se limita a una porción, sino a las 32 hectáreas en toda su extensión.
En otro tramo del acuerdo, los concejales y funcionarios municipales establecen que fue Pernod Ricard quien donó las tierras y le otorgan derecho de negociación, algo ajeno a toda lógica y realidad. Más adelante, sin embargo, reconocen la documentación del año 1963 que constata la donación de la familia Etchart, pero no quieren darle validez sino hasta el año 1979, siempre para intentar acomodar todo a los intereses de la empresa francesa.
La primera audiencia del juicio que determinará la titularidad de los terrenos culminó con cierta claridad en beneficio de los habitantes cafayateños. Además de los empleados de Pernod Ricard, los representantes municipales también reconocieron la existencia de la antigua pista de aterrizaje, pieza clave en el engranaje que llevará a la justicia en favor de las mayorías.