Así cantó Carlos Parodi cuando este miércoles y después de varias semanas de propuestas y contrapropuestas el gobierno cerró la segunda etapa de las negociaciones paritarias con los gremios de la administración pública. (G.T.)

Como siempre sucede, el acuerdo con los docentes marcó el destino de los otros sectores. El nuevo incremento del 6%, que lleva al acumulado de 31% al mes de agosto, y la promesa de una nueva negociación a partir del 15 de octubre rigen entonces para maestros y profesores, médicos y enfermeros, efectivos policiales y penitenciarios, y para todos los demás empleados públicos.

“En el marco de las reuniones paritarias con los gremios de la administración pública provincial, se acordó un incremento salarial acumulado a partir de agosto, del 31%” confirmaron fuentes oficiales y especificaron que “este aumento se da sobre el total de haberes remunerativos y no remunerativos”.

El “acta de compensación inflacionaria y recomposición salarial” rubricada por el secretario de Finanzas, Guillermo Nievas, y los representantes de UPCN y ATE detalla la evolución de los sueldos durante el año: 14% en febrero, 4% en abril, 7% en junio y este 6% en agosto. “Durante el mes de octubre las partes se reunirán con la finalidad de analizar, dentro de las posibilidades económicas, financieras como presupuestarias, el último trimestre del corriente ejercicio”, anticipa el documento oficial.

“Este aumento salarial es similar a los incrementos que se acordaron recientemente con los sectores docentes, de salud y de seguridad” subrayaron desde el Grand Bourg y celebraron el acuerdo que apenas hace unas semanas parecía inalcanzable. Durante la negociación los principales referentes gremiales, incluida la siempre dócil Patricia Argañaraz, amenazaron con romper el diálogo y organizar medidas de fuerza para romper la tranquilidad provinciana.

A coro con el gobernador Juan Manuel Urtubey, los ministros Analía Berruezo, Oscar Villa Nougués, y Sebastián Gomeza, repitieron una y otra vez que “la negociación es complicada” y reconocieron que la realidad económica y financiera de la provincia es “compleja”. Según acusaron, la culpa, obvio, es de las decisiones del gobierno nacional.

Pero ahora Parodi y por unas cuantas semanas Parodi y los miembros del gabinete pueden respirar tranquilos porque con una oferta más que pobre (bien por debajo de la inflación) conformaron a los gremios.  Distinto es el caso del intendente Gustavo Sáenz que debe replicar ese incremento provincial en los sueldos municipales.

“Históricamente la Municipalidad arregla lo mismo que la provincia con sus gremios” dijo Sáenz e intentó llevar tranquilidad porque, aclaró, “la situación financiera de la Municipalidad está equilibrada”.

“Ante la crisis económica por la que atraviesa el país, la situación es un poco más apretada que para provincia” advirtió y, sin quererlo, expuso la situación de los demás municipios salteños. En efecto, en el Ministerio de Hacienda y en la Jefatura de Gabinete ya esperan la marcha de intendentes llorando miserias y rogando ayuda económica para atender a sus trabajadores.

Ese es el nuevo desafío: evitar que, una vez más, el reclamo salarial se transforme en conflicto social en las localidades del interior provincial. Urtubey, Parodi y compañía tiene por delante ese reto doble, garantizar el pago de sueldos en toda la provincia y preparar las cuentas para cerrar sin mayores complicaciones la paritaria durante el último trimestre.