Por Alejandro Saravia.

No sé si es por influencia de la serie argentina El Reino, cuyo guión escribió la admirable Claudia Piñeiro, y que actualmente  pasan por Netflix, pero cada vez que lo escucho hablar al gobernador Gustavo Sáenz lo imagino como un pastor protestante dirigiéndose a sus acólitos. Quizás sean los reiterados “si Dios quiere”, o la sobreactuada “emoción, orgullo o la mucha fuerza” que le genera la entrega de algunas casas barriales, tarea más propia de un secretario de vivienda que de un gobernador. No digo que no sean importantes las viviendas populares, digo que se toma como algo extraordinario lo que debería ser una tarea ordinaria de una gestión gubernamental, canalizada a través del organismo correspondiente, tal como la secretaría de vivienda. Imagino la tarea gubernamental como algo más que pagar sueldos y entregar viviendas.

Me llama la atención que haya una apelación inequívoca a la emoción más que a la racionalidad. Nadie sabe hacia dónde vamos, pero de ir a alguna parte lo va a ser “si Dios quiere”, pasando por alto, ya que quieren meter lo religioso, aquello de “ayúdate que Dios te ayudará”, lema, este último, con el que la religión deja de ser el opio de los pueblos. Como esta no es una teocracia como el Irán de los ayatollah, al menos no es lo que dice nuestra Constitución, más que a la emoción los gobernantes deben apelar a la razón y decir qué piensan hacer.

Las pasadas elecciones, sin dudas, nos dejaron varios mensajes. Muchos de ellos preocupantes. En su entusiasta discurso triunfal, Sáenz sostuvo que acá se dio comienzo a un nuevo movimiento en cuya bolsa figuran dirigentes de otros partidos, síntoma de la precariedad de éstos. Ya sabemos que los movimientos no son los sujetos políticos a los que se refiere nuestra Constitución. Los actores políticos constitucionales son los partidos políticos y, obviamente, las coaliciones formadas por éstos. A su vez, y a contramano de lo que prescribe nuestra norma fundamental, los movimientos son distorsivos, no sólo de los partidos políticos, sino que son una manifestación de la concepción organicista de la sociedad, contrapuesta a la concepción contractual de la misma que es la receptada en esa norma.

La idea organicista es propia de gobiernos autoritarios en los que existe en su cabeza un conductor que corporiza la voluntad popular, que se comunica directamente con el pueblo, que encarna la voluntad de éste sin mediación alguna. Las instituciones pasan a un segundo plano, o pasan directamente a ningún plano, y se hace lo que dice el conductor que es el vocero, la encarnación, de la voluntad popular. De ahí a los excesos voluntaristas hay un simple paso. Paso que dimos reiteradas veces y así nos fue. Así estamos.

Esa concepción ya se vislumbraba en la oferta electoral del oficialismo, cuando, en un operativo de pinzas, se presentó con dos brazos: Gana Salta y Unidos por Salta. Pues bien, esa es una oferta electoral tramposa. Tramposa porque se la hace desde el oficialismo estatal y ya todos saben que el Estado, en nuestro país, pero sobre todo en nuestras provincias –las más pobres  del país-  es el principal actor del drama político. Con el agravante de que lo que se esconde tras esa propuesta es la idea de forjar dentro de su seno un sistema político endógeno encabezado por una misma persona y conductor, en este caso el gobernador provincial. Insisto en la afirmación de que conforme a nuestra Constitución los actores del sistema político son los partidos políticos, no los movimientos. Éstos, los movimientos, desarticulan, desvanecen a los partidos políticos. Son, en definitiva, contra constitucionales. Responden a otro sistema político, diferente al constitucional. Todo ello, galvanizado por un sistema electoral que recibió muchas críticas y pocas soluciones y que pone en tela de juicio la legitimidad de los elegidos.

En alguna columna anterior decíamos que lo íbamos a tener bajo observación al gobernador.  Ello, porque el gobierno de Sáenz está en una encrucijada: o se presenta como un gobierno de transición entre los dos anteriores, los de Romero y Urtubey, hacia un sistema democrático-republicano, o habrá de ser una continuación, o peor aún, una profundización, del sistema anterior que duró un cuarto de siglo y forjó un sistema político de alta concentración de poder en manos del gobernador, en el que a través del manejo del poder estatal desplaza o abduce a los partidos de oposición, deglute a los organismos de control y prosigue con el unicato voluntarista.

La profundización a que aludimos, con los condimentos señalados, aproximarían a Sáenz a una especie de “bolsonarismo” a la criolla. Por eso cobra relieve el próximo paso, es decir, la Convención constituyente que habrá de reunirse próximamente, en 90 días dice la ley. Recordemos, para los que no tomaron debida conciencia, que el domingo pasado fueron elegidos los convencionales constituyentes y que el conductor Sáenz tiene una abrumadora mayoría, alimentada por un mañoso sistema electoral, como arriba señaláramos. Por eso advertimos sobre eventuales excesos llevados por el entusiasmo con que se celebró el triunfo y el contexto que lo rodeó.  Allí, en esa convención reformadora, se va a tratar la situación de dos organismos de control: la Corte de Justicia y la Auditoría General. Veremos qué se hace. Por ahora advertimos qué es lo que se está poniendo en juego y el espíritu con que se lo está poniendo en juego. En definitiva, un tema delicado.

Acá de lo que se trata es de forjar un sistema político compatible con la Constitución, con un partido de gobierno y partidos de oposición, que ejerzan el control y la alternancia en el poder. Es algo diferente a la tarea de organizar un misachico, aunque éstos sean más “pintorescos”…

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