¿Está la Argentina en medio de un megaproceso judicial parecido al escándalo italiano conocido como mani pulite?

La pregunta viene a cuento porque la comparación estuvo en boca de un destacado juez y porque las estridentes noticias judiciales sobre investigaciones de la corrupción kirchnerista parecen desafiar cada día la capacidad de asombro de los argentinos.

Sin embargo, para que el proceso argentino se parezca al italiano de principios de la década del 90, que decapitó la política de Italia, deben incorporarse dos elementos que no aparecen aquí todavía: una investigación más amplia sobre la participación de los privados en un sistema corrupto y un compromiso unánime de los jueces federales con la persecución a los responsables del robo público.

Con todo, los incipientes borradores de un mani pulite podrían tomar formas más claras con las delaciones de Leonardo Fariña, un exponente de la pésima mano de obra financiera del kirchnerismo. Fue la verborragia de Fariña la que terminó con Cristina Kirchner imputada por lavado de dinero. Podría ser sólo el comienzo.

El primer aspecto que debe analizarse para ver si es real la intención del mani pulite refiere al grado de entusiasmo de los que mandan en el Estado con los procesos abiertos fundamentalmente por tres jueces: Claudio Bonadio, Julián Ercolini y Sebastián Casanello. En rigor, la línea de investigación dura e inflexible por parte de la Justicia surgió de la propia Corte Suprema y fue expresada públicamente por su presidente, Ricardo Lorenzetti, luego de consensuar la posición con los otros dos jueces del tribunal, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Lorenzetti hizo algo más en privado: se reunió a solas, uno por uno, con los doce jueces federales de la Capital y les pidió una acción rápida y decidida sobre la corrupción. «O se ponen al frente del reclamo social o los llevará la corriente», les advirtió.

La razón de la reacción judicial aparece nítida en ese mensaje de Lorenzetti. Más que el deber de los jueces (o tanto como el deber) se impone ahora un mandato de la sociedad. La frase «que vayan presos» está tan difundida en la sociedad como a principios de siglo lo estuvo la que clamaba «que se vayan todos». Y la mirada social se posó sobre la Justicia. De hecho, un juez federal, conocido por sus favores al kirchnerismo, debió abandonar su casa en un country después de comprobar que le era imposible convivir con los reproches de sus vecinos.

Ésa es la Justicia. A su vez, el gobierno de Macri tomó rápidamente el liderazgo de la misma posición. El propio Presidente; su ministro de Justicia, Germán Garavano, y el asesor político más consultado por Macri, Ernesto Sanz, concluyeron que la pesquisa de los jueces sobre la corrupción es un mandato social. «La sociedad me pide que haya justicia y el fin de la corrupción y de la impunidad. Y yo me hago cargo de ese mandato», suele decir el Presidente. El problema de Macri es que, todavía al menos, no todos los jueces federales comparten esa impronta de revisión del pasado. El Gobierno cubrió con un manto de sospecha al juez Ariel Lijo como líder de un sector de magistrados más renuente a perseguir la corrupción kirchnerista. Lijo está (y no de buen modo) en todas las conversaciones de sobremesa del macrismo.

Para ser claros: los hombres del Presidente quieren ver reformada toda la justicia federal. Pero llegaron a la conclusión de que nunca podrán con todos los jueces al mismo tiempo. Irán sacando gajo por gajo. Ahora les es más fácil, cuando el Gobierno tiene 8 votos en el Consejo de la Magistratura. Le falta sólo uno para alcanzar los dos tercios necesarios para juzgar y destituir a los jueces. El primero que cayó fue el ostensible y ostentoso Norberto Oyarbide, aunque su renuncia no conformó a los aliados de Macri. El ministro Garavano prefirió la vía rápida en lugar de esperar cinco o seis meses de juicio político a Oyarbide. Los otros (la primera fue Elisa Carrió) quieren juzgarlo para conocer y castigar sus complicidades. Oyarbide fue, con todo, sólo el primero. Habrá nuevas renuncias de jueces. O nuevos juicios.

Salomónicamente, Macri elevó a Garavano al nivel más alto de su consideración política («Es el mejor ministro de Justicia de los últimos 30 años», suele decir), pero ratificó que el presidente de Boca, Daniel Angelici, seguirá siendo un mensajero suyo ante funcionarios judiciales que éste conoce desde hace mucho tiempo. Angelici, según esa versión, sólo habla con personas que ningún funcionario macrista conoce y lo hace sólo para transmitir un mensaje. La decisión presidencial puede abrir una nueva grieta con su aliada Carrió, quien parece dispuesta a desafiar la autoridad del Presidente con cada noticia judicial. No hay que alarmarse: «La sociedad me ha dado también el mandato de convivir con Lilita en un mismo espacio y lo cumpliré», subraya Macri.

En medio de ese desolador paisaje, Cristina Kirchner deberá comparecer el miércoles ante el juez Bonadio por la compra de dólares a futuro en los días agónicos de su gestión. Después de todas las cosas que contó Fariña, la causa de Bonadio contra la ex presidenta podría ser la menos grave. Algo muy diferente y mucho más repudiable es el lavado de dinero que investiga el fiscal Guillermo Marijuan. De todos modos, Cristina convocó a la cúpula más fiel del cristinismo a Río Gallegos para dos días antes de la declaración indagatoria ante Bonadio. «Quiero un 17 de octubre en Comodoro Py», anticipó que les ordenará. Es cierto que una cosa es Cristina en los tribunales después de Jaime, Báez y Fariña y otra cosa hubiera sido una citación en frío. Pero ésa es la política; la militancia fanática no está en condiciones de discernir entre lo bueno y lo malo.

Ya nada es como era en Comodoro Py. El riesgo de la excitación judicial es que algunos jueces no hagan nada y que otros se pasen al extremo opuesto. El peligro de fuga de Lázaro Báez, cuando decidió subirse a un avión sin plan de vuelo, estaba en Río Gallegos y no en San Fernando. Casanello podría haberlo puesto a Báez, que no está procesado, bajo custodia policial una vez que arribó a San Fernando, pero prefirió ponerlo entre rejas. Se eliminó así la instancia de la declaración indagatoria, que es un recurso de la defensa.

«En medio de un proceso de mani pulite, el fiscal debe abrir la investigación sobre Macri y el juez deberá cerrar el caso si todo es como parece», dijo uno de los jueces más importantes del país. Fue el primero en comparar el viejo escándalo judicial italiano con el actual proceso argentino. Demasiado lento, el Gobierno reaccionó cuatro días después como debió hacerlo el mismo día de las filtraciones de Panamá Papers. La decisión del Macri de presentarse voluntariamente a la Justicia no fue una reacción ante la imputación del fiscal Federico Delgado, que sucedió el jueves. La decisión estaba tomada desde el martes, pero ningún abogado del Presidente sabía nada de esos papeles, de los que el Gobierno tenía conocimiento desde hacía un mes.

Franco Macri decidió en 2005 no abonar más el canon anual de 700 dólares que debía pagar al estudio Mossack Fonseca para que mantuviera abierta la empresa. Tres años después, el estudio panameño le reclamó el cierre de la empresa y le cobró intereses importantes. Es decir, la empresa dejó de funcionar dos años antes de que Mauricio Macri asumiera el primer cargo ejecutivo en el Estado como jefe de gobierno porteño. La empresa nunca tuvo una cuenta bancaria y el actual Presidente nunca firmó una carta de aceptación de su cargo como directivo de la empresa.

Ésa es la diferencia fundamental y abismal con el caso del ex primer ministro de Islandia Sigmundur Gunnlaugsson: éste tenía una empresa a su nombre y de su esposa y una cuenta bancaria con cuatro millones de dólares en bonos de los bancos quebrados de su país. El ex primer ministro debía resolver la situación de esos bancos.

La demagogia o el populismo (o las dos cosas juntas) impugnaron en estos días severamente a las empresas offshore, una práctica común en el mundo empresario, sobre todo en países con reglas cambiantes. Todavía en la Argentina de hoy es imposible tener una cuenta corriente en dólares. ¿Qué recursos les queda entonces a las empresas para sus relaciones financieras con el exterior? Ésa es una parte relevante de la verdad. La otra parte es que deben convivir en esos paraísos con empresas creadas para ocultar el dinero que no se puede explicar.

Fuente: La Nación