El diario La nación publicó un amplio informe sobre la relación entre las comunidades wichis y el paco en Salta. Los testimonios de varios caciques fueron registrados.
El artículo en cuestión fue publicado el pasado domingo con el título: “Caciques se movilizan en Salta contra el consumo de paco en sus pueblos”. Lo transcribimos íntegro a continuación.
La droga preocupa a las comunidades wichis salteñas. El cacique Antonio Cabana, jefe de «Tonono», encadenó a su hijo adolescente a un árbol para evitar que consumiera paco. Aseguró que no tuvo otra alternativa porque el chico estaba «totalmente enloquecido con esa porquería que le venden unos vecinos». Su par, Indalecio Calermo, admitió que «a veces pienso que, como padres, no somos capaces de luchar porque somos cobardes».
El fiscal de Tartagal, Armando Cazón, confirmó a LA NACION que desde las comunidades le plantearon el tema y le pidieron actuar. Separado hace unos meses de la investigación de la violación, en 2015, de la niña wichi de 12 años de Alto La Sierra, el funcionario visitó la zona de la triple frontera entre la Argentina, Bolivia y Paraguay por nuevas denuncias de violaciones en comunidades originarias. En ese contexto, hace unas semanas, lo llamó el cacique de Santa María, Valentín Torres, para señalarle la existencia de droga en la zona.
«Habló de marihuana, no de paco, lo que es una novedad para las comunidades. El otro flagelo es el alcohol; problemas que hasta hace un tiempo no existían y que son factores que influyen en hechos de violencia», expresó el fiscal.
Santa María está a 20 kilómetros de Santa Victoria, la ciudad más grande en la región de la triple frontera. Cazón explicó que le pidió a Torres que identificara a los vendedores para enviar personal de la División Drogas.
«No hay denuncia formal, sino verbal, pero es un tema prioritario. Ya alerté a la División Drogas de la policía de que actuaríamos. La marihuana viene de Bolivia y de Paraguay, es un área de macro tráfico donde la venta al menudeo es un derivado», manifestó el fiscal.
Fortunato Constantino, jefe de «Los Arenales», describió a LA NACION que desde hace una década circula paco en algunas comunidades. Contó que, en esa época, tuvo que internar a su hijo, de 15 años, para hacer un tratamiento. «Lloraba y sufría, a los 15 días lo retiré y a las tres semanas estaba consumiendo de nuevo. No comía, se puso flaco», recordó Constantino.
Se reunió con Cazón y también le planteó, con otros referentes, el preocupante tema al ministro de Salud. Oscar Villa Nougues.
Recordó que al inicio la dosis se vendía a tres pesos y que ahora en Santa Victoria lo ofrecen a 22 pesos. «Le aseguro que el consumo arrasó, hubo chicos que murieron y hay temor porque los mismos que venden, amenazan. A la pasta hoy la consumen muchos», manifestó Constantino.
«Hemos pedido que trabajen seriamente con nosotros, con las comunidades, con los caciques; no sólo en lo que es consumo de drogas, también en la desnutrición que sigue sumando casos», insistió Constantino.
«Solos, sin ayuda»
Según datos del Sedronar de 2014, que son los últimos disponibles, el consumo de pasta base en Salta alcanzaba al 3,6% de los estudiantes mientras que la media del país era de 1,7%.
Constantino sostuvo que se sienten «solos, sin ayuda»; apuntó que este problema se les suma a los de desnutrición que existen. «Denunciar no es fácil, hay quienes no se animan porque después los persiguen», expresó. Cazón admitió que un cambio que se registra es que «ahora hay más denuncias; inclusive en violaciones de aborigen a aborigen». Mencionó que en la zona de frontera hay comunidades wichis cada 15 o 20 kilómetros, donde viven entre 1500 y 2000 personas: «Se van moviendo, por eso no es simple de controlar el delito», explicó. Por los datos que recibió entiende que quienes venden droga podrían ser integrantes de la misma comunidad, pero que son comandados por gente que no es de la zona.
«Se pueden dar varias hipótesis, pero lamentablemente no extraña porque acá el paso de drogas es importante», agregó Cazón. La jurisdicción de Cazón abarca 17.000 kilómetros cuadrados, Aguaray, Salvador Maza y Santa Victoria Este, una de las regiones más calientes del narcotráfico en el país.
Constantino resumió: «Estamos mal; nadie hace nada, hacemos marchas. Cuando reclamamos a la Gendarmería, ellos nos dicen que no es tema de ellos, que la ruta provincial no es jurisdicción suya».
Calermo, ex titular del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta , reclamó un centro de rehabilitación «para chicos indígenas, pero con una salida laboral, porque se juntan a tomar alcohol, a drogarse, porque no tienen nada que hacer».
Desde la fundación «Cultura Nativa» con la que el cantante y productor musical Jorge Rojas trabaja con las comunidades originarias del Chaco salteño, confirmaron a LA NACION que el problema de la droga en los últimos tiempos está «más presente». Karina Pérez indicó que los comentarios sobre los inconvenientes de adolescentes crecieron: «Hay comunidades donde inhalan nafta, donde también ahora es más notorio el consumo de alcohol. Tal vez no es que antes no existiera, sino que ahora está más en la superficie, se habla y se plantea».
En 2009, Rojas comenzó a trabajar con estas comunidades, aunque la fundación existe desde hace menos tiempo y se enfoca en tareas relacionadas con la salud, la educación y el deporte. Desarrolla actividades en las zonas de La Merced, El Bravo, Las Vertientes y Alto la Sierra; en el Chaco salteño hay 74 comunidades originarias.