A pesar de la posibilidad de que el proyecto del Ejecutivo no fuera tratado en comisiones, el jefe de Gabinete Guillermo Francos aprobó varias modificaciones y se comprometió a mantenerlas cuando la iniciativa regrese a la Cámara de Diputados. Las áreas de enfoque incluyen el Régimen de Inclusión y Promoción del Empleo, el Impuesto a las Ganancias, las regalías mineras y el blanqueo de capitales.
A través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Gobierno logró obtener las firmas necesarias en el último momento para el dictamen de la Ley Bases sin embargo aún la Ley Bases no ha sido aprobada como tal. Por otro lado, resultó sorprendente la variación de postura de senadores que inicialmente se mostraban reacios a brindar su apoyo.
La estrategia clave fue entablar conversaciones con los miembros del partido radical y con representantes de las provincias patagónicas, quienes previamente habían presentado demandas conjuntas de modificaciones que el oficialismo aceptó parcialmente. El compromiso principal del oficialismo fue no insistir en la Cámara de Diputados para renegociar los cambios aprobados por el Senado, lo cual fue fundamental para obtener el apoyo de aquellos que inicialmente se resistía a firmar.
En relación al impuesto a las Ganancias, la postura de Tierra del Fuego fue determinante, ya que lograron ser eximidos del porcentaje del mínimo no imponible que el resto de las provincias sureñas deberán pagar. El respaldo de esta provincia aseguró la aprobación del paquete fiscal.
La negociación liderada por el senador de Alianza Santa Cruz, José Carambia, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, resultó en el aumento de las regalías mineras del 3 al 15 por ciento para el Estado provincial. Este cambio se incluirá en el paquete fiscal tras modificar la Ley de Minería.
En cuanto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), se acordó que cada provincia tendrá la autonomía para adoptarlo, manteniendo beneficios fiscales para mega empresas extranjeras y también para empresas nacionales proveedoras de esas inversiones.
Se estableció que los hermanos de funcionarios y exfuncionarios que ocuparon cargos en los últimos diez años no podrán acceder al blanqueo de capitales, y aquellos que lo hagan entrarán en un régimen especial de Bienes Personales. El radicalismo logró ampliar la lista de organismos públicos y empresas del Estado sujetos a privatizaciones y cierres propuestos por el gobierno en el DNU 70/2023.