El grupo delictivo operaba en el norte y desde allí suministraba drogas a las provincias de Santiago del Estero y Córdoba. La familia involucrada logró acumular una gran riqueza que intentaron legalizar mediante la adquisición de propiedades, vehículos y otros activos.
Tras una exhaustiva investigación penal liderada por el Procurador de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, y el fiscal general Eduardo Villalba de la región NOA, el juez federal Julio Bavio de Garantías N°1 de Salta aceptó la imputación contra ocho personas detenidas por asociación ilícita, dos casos de transporte de drogas y 38 cargos por lavado de activos.
Las acusaciones recaen en Melisa Alemán y Emmanuel Gabriel Cala como líderes en el primer delito, mientras que sus hijos Facundo, Alex, Dalci y Kevín, junto a Marcelo Nicolás Juárez, Iris Ibáñez y Danner Felipe Dávalos Bolívar están imputados como miembros.
La audiencia se llevó a cabo la semana pasada con la presencia del auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, la auxiliar fiscal Mariana Gamba Cremaschi y el fiscal coadyuvante Matías Álvarez.
La detención de los acusados tuvo lugar un día antes, durante varios allanamientos en propiedades en Salta y Córdoba. Se incautaron 9 vehículos, 8 motocicletas, más de 61 mil dólares y cerca de 2 millones de pesos, entre otros elementos relevantes para el caso.
Con excepción de Dávalos Bolívar, originario de Bolivia, los demás acusados son familiares entre sí.
Según Gamba Cremaschi, la investigación se inició en 2021 y tiene alcance interjurisdiccional., la organización desmantelada operaba desde 2011 utilizando maniobras de narcotráfico y lavado de activos. Cala y Melisa Alemán fueron señalados como líderes, mientras que los otros parientes detenidos fueron identificados como miembros de una organización de tipo «clan familiar», con roles definidos. La organización adquiría droga a través de proveedores bolivianos y la transportaba para su comercialización en Salta, Santiago del Estero y Córdoba, lo que demostraba un amplio alcance territorial.
La investigación se originó a partir de un informe de la División Antidroga de Santiago del Estero de la Gendarmería Nacional, que describía a los acusados como proveedores de una organización liderada por Juan Guerrero, investigada desde 2020. El envío de sumas de dinero a los líderes del clan desde Salta llamó la atención de los investigadores. Basándose en estos datos, la PROCUNAR NOA realizó tareas de campo e inteligencia criminal para confirmar las sospechas y obtener más información sobre los miembros de la organización y sus actividades ilícitas.
La fiscal auxiliar explicó que Cala y su pareja asignaban tareas al resto de los acusados, organizaban los pagos y decidían quiénes debían viajar con drogas o dinero. Cala participaba personalmente en la logística del tráfico, mientras que su pareja se encargaba de adquirir la droga a través de contactos en Bolivia. Además, Cala proporcionaba teléfonos celulares para la comunicación interna de la organización y estaba atenta a que se usara WhatsApp en lugar de llamadas para evitar ser descubiertos.
Por otro lado, Dávalos Bolívar era responsable del servicio técnico del área de informática y gestionaba las cuentas web utilizadas por la organización, así como el borrado de información de los celulares de los acusados. En el allanamiento a su vivienda se encontraron importantes sumas de dinero en efectivo.
En cuanto a Ibáñez, su rol principal era el traslado de dinero a diferentes ubicaciones, lo cual fue corroborado por los numerosos viajes realizados y la declaración de un imputado colaborador. La fiscalía imputó un total de 38 hechos relacionados con el lavado de activos, incluyendo la adquisición de propiedades y vehículos a lo largo de 15 años como producto de las ganancias ilícitas del narcotráfico.
La fiscalía señaló a Dalci Alemán como administradora de los bienes, indicando que realizaba pagos y estaba al tanto de las operaciones de tráfico, compartiendo este rol con su pareja y el resto de sus hermanos. Se destacó el uso de armas por parte de la organización, con evidencia de un allanamiento en el que se observó a uno de los acusados arrojar un arma de fuego, que luego fue secuestrada.
En cuanto a las acusaciones por transporte de estupefacientes, se imputa a Cala su participación como organizador y financista en dos hechos separados. El primero ocurrió en 2022, donde se detectó el transporte de 102 kilos de cocaína en un camión con semirremolque. El segundo hecho tuvo lugar en 2023, cuando se detectaron casi 98 kilos de cocaína en una camioneta y un Ford Focus.
Además, se imputaron un total de 38 hechos vinculados al lavado de activos, que incluyen la adquisición de inmuebles, vehículos y otros bienes a lo largo de 15 años como producto de las ganancias obtenidas por actividades ilícitas de narcotráfico.
La fiscalía detalló una serie de propiedades y vehículos adquiridos en el marco de actividades ilícitas, así como antecedentes penales de los acusados. Entre las propiedades mencionadas se encuentran una ubicada en un barrio privado en la localidad de Rosario de Lerma, otra en un country en «La Docta» en la provincia de Córdoba, y dos más en la localidad de Atocha, Salta. En cuanto a los automóviles, se mencionaron nueve vehículos y ocho motocicletas, todos secuestrados como parte de la investigación.
Además, se describieron las condenas penales previas de algunos acusados por delitos relacionados con el transporte de estupefacientes. Se destacó que varios acusados se hallaban prófugos en una causa tramitada en el Juzgado Federal de Garantías de Orán por un hecho de transporte de estupefacientes agravado.
El fiscal solicitó la prisión preventiva para todos los imputados, haciendo hincapié en la gravedad de los hechos, la logística y el riesgo de fuga y entorpecimiento. Las defensas apelaron a una morigeración de la medida de coerción requerida, proponiendo la prisión domiciliaria, pero el fiscal rebatió estos argumentos.
Finalmente, el juez accedió a los requerimientos de la fiscalía, incluyendo la formalización de las imputaciones, la declaración del caso como complejo, los plazos de detención y los peritajes solicitados para avanzar con la investigación.