La Justicia tucumana negó la excarcelación a Belén – en prisión por un aborto – y su caso cruza fronteras. La ONU analiza pedir informes, diarios británicos publican la historia y Amnistía Internacional lleva juntada 24 mil firmas en varios países .

El relator especial de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, pidió información sobre el caso de Belén, la joven tucumana, presa por un aborto espontáneo, para evaluar si se violaron sus derechos humanos y si corresponde realizar una denuncia  al Estado argentino. Méndez respondió a los requerimientos de la periodista de Página 12, Mariana Carbajal., quien escribió una nota en la edición de hoy donde registran los dichos del miembro de la ONU: “El caso me interesa, se inscribe en los casos en los que venimos actuando. A ciertas mujeres se las somete a trato cruel e inhumano, porque se imponen actitudes discriminatorias o patriarcales cuando quieren acceder a la atención sanitaria y a derechos contemplados en la ley”.

Carbajal, además, recordó que mientras en el país el caso sigue generando repudios luego de que la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán rechazó el martes su pedido para que cese la prisión preventiva de Belen; la historia de la joven llegó a las páginas de un diario de Londres. Ayer, Amnistía Internacional, publicó en el periódico “Metro”, de distribución gratuita en la capital británica, una solicitada reclamando su libertad y denunciando las circunstancias arbitrarias por las cuales fue condenada a 8 años de prisión por el delito de “homicidio calificado por el vínculo con circunstancias extraordinarias de atenuación”, y por las que está detenida desde hace dos años y dos meses. “Sufrir un aborto espontáneo no es un crimen. Por favor, unite a Amnistía Internacional para pedir al fiscal general de Tucumán, Edmundo Jesús Jiménez, que libere a Belén”, dice el texto de la organización de derechos humanos

A nivel global, la entidad ya juntó alrededor de 24 mil firmas en diferentes países, entre ellos Francia, Taiwan, Estados Unidos, Bélgica, Polonia, Noruega, exigiendo que la joven, de 27 años, recupere su libertad.

El drama de Belén llegó también a la Cámara de Diputados. El miércoles su detención arbitraria fue eje de una audiencia convocada por la Comisión de Derechos Humanos, que encabeza la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, en la que el relator especial de la ONU contra la Tortura, presentó su reciente informe que brinda una perspectiva de género de la tortura y otros tratos openas crueles, inhumanos o degradantes, con una mirada especial sobre los derechos sexuales y reproductivos en entornos sanitarios.

En la reunión estuvo también la abogada Soledad Deza, representante legal de Belén desde que su caso tomó estado público, e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. Deza contó detalles de las irregularidades que rodean a la causa judicial contra la joven y señaló la manera en que se inscribe el caso en el contexto de la problemática generada cuando el Estado reproduce conductas de maltrato e humillación en entornos institucionales, como el Hospital Avellaneda, de Tucumán. A ese centro de salud Belén fue en busca de ayuda médica por dolores abdominales, pero por haber asistido allí terminó presa, acusada primero de provocarse un aborto y después de cometer un homicidio agravado por el vínculo, aunque en la historia clínica figura que tuvo un aborto espontáneo y que ella no sabía que estaba embarazada.

Además de la diputada Donda, estuvieron otras legisladoras de su bloque, Graciela Cousinet y Federico Masso. También la radical Alejandra Martínez y Soledad Sosa, del Frente de Izquierda. “Estamos viendo estos casos que nos advierten y nos alarman sobre mujeres desamparadas y solas, perseguidas por la Justicia”, sostuvo Sosa, antes de pedir a al fiscal general de Tucumán, Edmundo Jesús Jiménez, “que libere a Belén”.

foto: anred