“Resistencias populares a la recolonización del continente” se titula el libro que explica el avance del “progreso”en provincias como Salta. A través de 18 artículos que ocupan más de 400 páginas se pincela un proceso en curso, mostrando en uno de sus artículos las semejanzas entre Romero y Urtubey en materia de desmontes.
Uno de los artículos es de Oscar Delgado, integrante de CAPOMA (Centro de Acción Popular Olga Márquez). El título de su colaboración es “Monocultivos agresores en el NOA”, en el que explora las lógicas de toda la región. Aquí resaltamos lo vinculado a Salta y la evidente continuidad en lo que a desmontes se refiere, entre las políticas de Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey desde 1996 al presente. Transcribimos extractos de ese artículo publicado entre la página 181 y 203 del libro que editó El Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos.
El inicio
“A partir de 1996 llega la soja RR a Salta, con la autorización hecha ley para sembrar transgénicos en nuestro país, promulgada por el entonces Ministro de Agricultura, el Sr. Felipe Solá (…) Con una intensiva propaganda alentada por el gobierno de Juan Carlos Romero en sociedad con las transnacionales (Monsanto, Bunge, Louis Dreyfus, Bayer, Basf, Nidera, entre las principales y el complejo nacional Aceitera General Dehezade Córdoba y fuerte presencia en la provincia) que instalan la novedad de la ‘vanguardia agrícola de la transgenia’ (…) propulsa las condiciones para que los grandes productores agrícolas cambien a esta ‘modernización agraria’ que promete grandes negocios internacionales de la mano de la siembra directa y el paquete tecnológico de última generación de la soja RR. Es la onda de avance biotecnológico, con la soja transgénica como vedette, agitada por el complejo político-empresarial, el cual avasalla territorios con megadesmontes descontrolados, desalojando violentamente a comunidades indígenas y criollos de sus lugares tradicionales de vida y subsistencia.
La estructura de adjudicación de tierras del gobierno provincial cuenta con un pasado legal ilegítimo que tiene base en la dictadura 76-83 (…) Resulta así una acción consciente la falta de reconocimiento que legitime la tenencia de la tierra a los pobladores rurales humildes. Esto fue básico para la veloz conquista de la transgenia hacia las tierras libradas a su uso. El avance es efectivizado a través de los órganos del gobierno provincial, como el Registro de Inmuebles ligado al Poder Judicial, adicto a los resortes políticos dominantes; fuerzas de seguridad que protegen los intereses empresariales en los desalojos a habitantes centenarios y las acciones de desmonte; y por último la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMADES).
(…) El ritmo del desmonte se acelera desde mitad de los 90, a fin de desplegar nuevos territorios al avance sojero. Entre 1998-2002 se destruyeron 194.389 has. de bosques. En el ciclo 2002-2006 se suman más del doble: 414.934 has. La velocidad destructora se expresa en el crecimiento de la superficie total bajo cultivo en el NOA. Ésta creció un 48% entre 1988-2002 contra el 5,2% del resto del país, con casi la mitad de la expansión de la frontera agrícola a nivel nacional, concentrada en Salta y Santiago del Estero (Slutzky 2004)”.
“Razones” del progreso
“El abierto menosprecio de la clase gobernante salteña hacia el poblador indígena y criollo, se manifiesta en el discurso continuo de apoyo al crecimiento de la frontera agrícola en manos de agroempresarios con gran capital. Las declaraciones salen publicadas muchas veces en el diario El Tribuno, el de mayor tirada en Salta, cuyos dueños son el clan Romero; con ediciones en Tucumán y Jujuy, en sociedad con sectores de poder afines. Proclaman ‘desarrollo y progreso’ de las zonas chaqueñas y el ‘orgullo de los monocultivos que transformaron los extensos montes en sembrados con paisajes similares a Santa Fe y Buenos Aires’ (…) Otras joyas del pensamiento empresario: ‘son tierras ociosas e improductivas que ya fueron degradadas por usos atrasados de los puesteros criollos’, ‘para qué quieren tierras los pueblos indígenas si no las trabajan’, ‘nosotros desmontamos para la Patria’, ‘los bosques generan gente embrutecida en estado de barbarie y degradación, para civilizar debemos abrir camino al progreso, acabar con el dominio bárbaro de la selva, como se hizo en Europa y así se desarrollaron’. Esta última frase es un texto del dueño de laempresa Quebrachito Colorado S.A. en carta al diario La Nación en 2004, frente a la resistencia y cuestionamiento a la deforestación que comenzó a conmover a gran parte de la sociedad.
(…) Las protestas por la ola de desalojos y desmontes con focos dispersos que encaran familias criollas e indígenas, se hacen apelando al circuito legal de órganos provinciales. Las respuestas vagas, nulas, y aún con sospechosas resoluciones en la justicia a favor de los grandes propietarios, forjaron las acciones en otras direcciones. Desde 2000 y en crecimiento frenético en 2003- 2004, los desalojos y desmontes cobran velocidad de vértigo, con la aparición de ‘nuevos señores de la tierra’; tanto en los últimos bloques más o menos grandes de selva pedemontana en el Departamento San Martín y en Orán; como cada vez más adentro en el Chaco: departamento Anta, Rivadavia y San Martín.
(…) Por toda esta situación, surgen organizaciones como la OFC (Organizaciónde Familias Criollas) del norte salteño; y se orienta con perfil más combativo en defensa del monte y acceso a la tenencia legal de las tierras, la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño (APPCHS). En 2007 se organiza la ‘Tridepartamentalwichi’. Comunidades wichis de los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, declaran la violación continua por parte del gobierno provincial de sus derechos reconocidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales como el convenio 169 de la O.I.T.; y expresan también su decisión férrea de proteger su tierra y los montes”.
Ley de Bosques
“El clima de fuertes presiones por la disputa del territorio, y el cuestionamiento público del lado oscuro de las ‘cosechas record’, reposiciona al conglomerado empresarial que quiere proseguir sus planes. En 2005 nace FUNDESNOA (Fundación para el Desarrollo Sustentable del Noroeste Argentino) con la intención de prevalecer sobre la discusión ambiental, que apunta a los graves daños que la priorización de los monocultivos industriales causa.
Con eje de legitimación científica, pero afín e imbricada en el modelo empresarial de explotación de las riquezas naturales, como único conocimiento serio y responsable, FUNDESNOA traza su política. Su Directora Ejecutiva, es Ana María Pontussi, bióloga que fue Secretaria Provincial de Medio Ambiente durante el período de gobiernos de J. C. Romero. El presidente de la Fundación es Ricardo Fernández de Ullivarri, que también dirige la Estación Experimental Agrícola de Colonia Santa Rosa en Salta.
(…) FUNDESNOA, junto a Banco Macro, Desde el Sur (empresa sojera responsable de desmontes en la cuenca de Itiyuro), CRESUD, con 460.000 has. en el Chaco salteño de explotación agrícola y ganadera a gran escala. También se agrupan en esta Fundación empresas mineras y de hidrocarburos. Estos trusts de poder corporativo (…) ajustan sus alianzas para enrarecer la aprobación de la Ley de bosques que trabaría sus planes de crecimiento, priorizando así sus futuros grandes negocios. Se sirven de representantes en el Congreso Nacional como la Senadora Sonia Escudero y el Senador Marcelo López Arias, que en sintonía y con apoyo de los agronegocios y de FUNDESNOA, presentó una propuesta en el tratamiento de la Ley de bosques nativos en 2007, acorde a los intereses de las corporaciones agroindustriales.
(…) Por la inminencia de la aprobación de la ley de bosques, y ante el recambio de gobierno en diciembre de 2007; la SEMADES autoriza desmontes en una escalada frenética. El gobierno provincial detrás de esto, quiere dejar la puerta abierta a la mayor extensión posible de tierras para la ‘fiebre sojera’. Es así como en 2007, cerca de 700.000 has. se autorizaron con planes de desmonte; comunidades indígenas y organizaciones sociales del país bautizaron irónicamente a Salta ‘capital nacional del desmonte’. En 2008 prosiguen los desmontes, mientras la Ley de bosques sigue sin reglamentarse. Tanto en Salta como en Jujuy, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bosques (POT), se hizo en forma violatoria de los derechos campesinos indígenas, como de la protección a bosques únicos.
(…) Con la asunción de Juan Manuel Urtubey a la gobernación, se promete cambiar las irregularidades y el abuso irracional de los bosques. La SEMADES muta su nombre a Secretaría de Política Ambiental (SPA) a inicios de 2008. Es destinada como Secretaria la antropóloga Catalina Buljubasich, que constituye un equipo técnico para recorrer el interior salteño. Se da a cumplir la participación de la población con talleres, en las zonas ubicadas para el ordenamiento territorial. Simultáneamente siguen los desmontes con las autorizaciones programadas por la SEMADES en 2006 y 2007 las 24 hs. de cada día con lo que resultaban tragicómicos los mecanismos de consulta mientras se abatían los árboles de las regiones a ordenar. La Secretaria ordena suspender los permisos de desmonte en tres casos identificados como urgentes. Uno de ellos desemboca en la renuncia de Bullubasich al impedir un desmonte de 30.000 has. en la finca El Alamo, con propiedad reciente de los hermanos Gable de E.E.U.U. y permiso de desmonte obtenido en julio de 2007. En esa zona viven ancestralmente más de 60 familias wichis que mantienen casi nulo contacto con el exterior, y su sustento directo es el mismo monte; por lo que Buljubasich considera una ‘crítica situación de supervivencia’ de las comunidades, y suspende los trabajos de desmonte ya comenzados.
El mismo gobierno provincial que la pone en el cargo, la presiona reprobando las suspensiones de desmonte, por lo que ella renuncia al no poder trabajar con honestidad. Su sucesora Cristina Camardelli, fuerza acuerdos entre los propietarios de El Alamo y las comunidades, para bajar el conflicto. Allí los empresarios ‘les donan’ 1900 has. en zona inundable, y las comunidades tienen que aceptar bajo apremios y falsas apreciaciones.
El accionar del gobierno se va desenmascarando, y adopta la continuidad deapoyo a la política agraria heredada de Romero. El proceso participativo de las comunidades en el POT deja inconformes a los miembros indígenas que ven escasa información relevante en los talleres, como poco tiempo dedicado a clarificar situaciones en los mismos. Tampoco es precisado cómo incidirán en el proyecto final de la Secretaría de Política Ambiental las consultas realizadas a pueblos indígenas y criollos. El Senador provincial por Anta y miembro del clan sojero más poderoso de Salta, Alfredo Olmedo, presenta un proyecto para el POT con clara y antidemocrática visión empresaria de soslayar la población rural. El mapa que propone, dispone deforestar 5 millones de has. (…) El 16 de diciembre de 2008 la Cámara de Diputados y el Senado de Salta no se enteraron que existió un proceso de consulta a la población campesino-indígena, y aprobaron un acuerdo con 5 cambios al proyecto de la SPA, que ya había omitido el mapa que encargó a los técnicos”.
