La vigilancia en clases a los alumnos y profesores, lejos de motorizar la dinámica del conocimiento les infundió temor. Tal fue la interpretación dada a la instalación de cámaras en las aulas de un colegio capitalino. Una avanzada del viejochotismo, con negocio de por medio, y tendencia de extenderse a otros establecimientos. El legado de la anterior gestión provincial que ahora deberá resolver el saenzismo, luego del relevo en el Poder Ejecutivo. Por: Federico Pérez.
El debut del nuevo Ministerio de Educación salteño, más bien prueba de fuego, será lidiar con el sistema de vigilancia en colegios públicos, heredado de la gestión Urtubey. El espanto y los reclamos por la instalación de cámaras en las aulas se concentraron en el colegio “11 de Septiembre”, del barrio Santa Ana II, aunque de los datos recogidos por Cuarto Poder también podrían ampliarse hasta la Escuela Normal.
Los vericuetos sobre la colocación de un sistema cerrado de monitoreo televisivo en cada habitación destinada al dictado de clases serán analizados en febrero próximo, cuando se realicen en el colegio “11 de Septiembre” las próximas Jornadas Pedagógicas. En tanto, las consultas correspondientes y la inquietud/malestar de la comunidad educativa ya le fue trasladada a diferentes representantes de la Cámara baja provincial.
1984, no fue solamente el año en que la sociedad argentina vivió a pleno de recuperación democrática, sino que además coincide con el alegato del escritor George Orwell en contra –justamente- de la video vigilancia y el totalitarismo. La doble anomalía en la que subyace el amedrentamiento diario y omnipresente hacia alumnos y docentes, en reemplazo de la enseñanza de las normas que rigen la convivencia social.
¿Es esto un fracaso admitido tácitamente por la Dirección del establecimiento? Una incógnita compleja de resolver, puesto que nuestro periódico intentó en reiteradas oportunidades comunicarse al (0387) 4290245, interno 12, sin obtener respuesta alguna. De todas formas, extraoficialmente Cuarto Poder supo que las autoridades no presentaron informe alguno que incluyese la justificación técnica para semejante gasto ($ 168.000 sólo en la adquisición de cámaras), ya que el razonamiento pedagógico representa un eslabón más sinuoso.
En off, parece que la directora del colegio, Gabriela García, se refugió en un proyecto que había quedado trunco de su predecesor, Dante Aguilera, y en el asentimiento invocado en nombre de la ex ministra de Educación, Analía Berruezo. Aguilera, según el portal de noticias Informatesalta, fue el directivo que el 22 de noviembre de 2016 eludió informar a los padres de una alumna accidentada en un viaje de egresados. En 2018, pese a la intención de continuar en el puesto, fue obligado a jubilarse y su proyecto sobre las cámaras de control en clases quedó a cargo de su reemplazante.
El sendero al absurdo
La concreción de la herencia mochada a Aguilera tuvo la excusa de oro, cuando a principios de 2019, se produjo la presunta pérdida de algunos objetos personales en la cocina del establecimiento. Esto fue comunicado al Consejo Directivo, a posteriori de la instalación, como el causal para colocar cámaras…en las aulas! Hasta este fin de semana, en cambio, la cocina no está cubierta con este sistema de monitoreo televisivo, pese a ser un espacio de uso común para educadores y alumnos.
Incluso, la contradicción evidente en tal argumento podría ser un sofisma, ya que la prestancia con la que se encuadró aquel suceso como un robo aún no está claro si fue tal. El hecho es que en el mes de julio, luego de las vacaciones de invierno, los profesores y los educandos se encontraron con los monitores encendidos en las 12 aulas, el buffet y las galerías. Totalizan 24 dispositivos que transmiten hacia una consola ubicada en la Vicedirección del colegio.
Esto únicamente en teoría, ya que así se lo explicó la Directora del “11 de Septiembre” al Consejo Asesor Escolar, integrado por docentes, padres y alumnos. Aunque se mantienen las dudas si la transmisión de estas imágenes desembocan en alguna firma privada de patovicas o en las oficinas del 911. El despeje de una incógnita tan inquietante que deja al tembladeral toda espina dorsal.
De todos modos, la sola captación del registro es claramente violatorio de Derechos personalísimos como el de la imagen, y en el caso de los alumnos, de los que protege la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes (Ver subnota “Videovigilancia y derechos de la niñez”, en esta edición). Este último, con rango constitucional.
Al momento en que le tocó exponer sobre este avance policíaco sobre los educadores y los alumnos, que de entrada presupone un sesgo acusatorio, la directora García habría hilvanado la misma doctrina que los servicios de inteligencia estadounidenses al insertarse en distritos bananeros: el tráfico de sustancias prohibidas y el incremento del delito. Dos pretextos capaces de encender alarmas en el “viejochotismo”, un segmento alentado durante el último lustro y cuya predilección por la “seguridad” excede todo límite. Principalmente, el del ridículo.
Donde nada sucede
En dirección contraria a la fundamentación para esta novela educativa orwelliana, el “11 de Septiembre” no es, ni de cerca, un establecimiento de enseñanza en el que el robo y el microtráfico constituyan amenaza cotidiana alguna hacia sus matriculados. De manera idéntica, tampoco hay casos de educadores desplazados por inconductas de esta raigambre, o de cualquier otra.
En el sistema provincial de instrucción pública, la entidad de barrio Santa Ana II es una de las que posibilitan esas marcas que en estadística se denominan “dispersión”. Ello implica que lo medido en un determinado punto tiende a alejarse de la generalidad. Una muestra que si se evalúa con seriedad debe ser descartada, mientras que si no se lo hace, sirve para torcer hacia abajo o para arriba el promedio.
En síntesis, el establecimiento de zona sur es uno de los que en la estructura burocrática suele denominarse “colegio modelo”. Así, en esta institución no se permiten los alumnos repitentes, aún si hubiesen sido moldeados en sus propios claustros; la cuota es de $ 3.000 anual; la reinscripción cuesta otros $ 3.000 en cada ocasión; es único en el dictado de formación con orientación al turismo en toda la provincia de Salta; y mantiene la prohibición de subir al escenario para la graduación a cuanto joven no la hubiese logrado totalmente al momento de este festejo. Lo que en educación se define como un establecimiento “expulsivo”, antes que propenso a la inclusión.
Algo que en líneas generales deberá analizar la nueva gestión que 11 días atrás inició Matías Cánepa, al frente de la cartera. Pero que en este balance provisorio deja a las claras que su comunidad educativa –directivos, profesores, adolescentes y padres- no se encuentra cercada por comportamientos disruptivos o delictivos, ni siquiera en su contexto exógeno. Y que aunque lo estuviera en un plano hipotético, bajo ningún punto de vista habilita a echar mano de “soluciones” como salidas de la barbarie. Es necesario puntualizar que en otros establecimientos hay cámaras de monitoreo, pero se encienden únicamente cuando no se está en horario de clases y están dispuestas en espacios de uso común para evitar saqueos.
Con un alumnado de 700 jóvenes almas para sus diferentes turnos, un buffet que no provee “copa de leche” pero sí un saludito a Vicedirección, el amedrentamiento que desparramó este “circuito cerrado escolar” duró unos pocos meses. El final del ciclo lectivo 2019 denotó que varios integrantes de la comunidad educativa dejaron que el miedo se transforme en protesta. Y en esta última condición llegó hasta los despachos de Mitre 550, sede del Legislativo provincial.