La fiscalía había imputado a un empleado y solicitado el pedido de captura del propietario de la finca donde se originó el envenenamiento  de animales. Pese al riesgo de entorpecimiento de la investigación, la decisión del garantista Pipino, dejó en libertad a quien compró el veneno y eventualmente dio la orden de esparcirlo. 

Cuando los vecinos del sector de Barrio Mi Refugio de San Luis creían que finalmente sus denuncias se encaminaban en la justicia, la decisión del juez Diego Rodríguez Pipino de rechazar la detención que había solicitado el Fiscal Penal de Cerrillos, no solo dejó un manto de sospechas relacionadas con los ya conocidos «amiguismos» y «parentezcos», sino que también ponen en riesgo la investigación.

Esto, se origina en las denuncias realizadas por vecinos ante la sistemática muerte de animales de la zona. Fueron ellos mismos los que advirtieron que en la finca perteneciente a Sebastián Saravia Zenteno, se había procedido a diseminar carne envenenada provocando la muerte instantánea de animales en el lugar. Las autoridades que debían intervenir como Zoonosis, o Medio Ambiente, recién reaccionar cuando los vecinos lograron que los medios de comunicación se hicieran eco de sus reclamos. Al momento la contaminación del veneno se había extendido hacia otros animales como parte del tráfico que hicieron del producto letal, las aves carroñeras.

La sospecha de contaminación del agua, ya era un riesgo latente para la población del lugar, mientras se contabilizaba la matanza de alrededor de 57 animales (entre los que se encuentran 51 perros, 4 caballos y 5 vacas).

Es por eso que el fiscal penal de Cerrillos, Gabriel Portal, procedió a la detención e imputación de Roberto Flores, un empleado de la finca que al momento de llegar los investigadores, intentó huir del lugar. Cabe advertir que durante el allanamiento, se secuestraron cinco bidones sin etiquetar que contenían según estudios del CIF, carbofurán, uno de los pesticidas de carbamato más tóxicos y cuyo uso se encuentra prohibido en Argentina.

Y usted se preguntará a estas alturas ¿dónde estaba el propietario de la finca, que debiera ser quien asuma la responsabilidad al menos, sobre la actuación de su empleado? Saravia Zenteno había emprendido camino a la vecina provincia de Catamarca, a buscar refugio hasta que corrieran vientos favorables para su complicada situación.

En el decreto de imputación del fiscal, consta de los relatos de los distintos denunciantes que  “se advierte de forma patente y clara cómo la acción del encausado, quien introdujo veneno en trozos de carne y los arrojó en cercanías de la Finca en donde desarrolla tareas, sita en barrio El Refugio Ruta Provincial 87 KM 3 de San Luis, produjo el padecimiento, sufrimiento y muerte de los animales que habrían sufrido envenenamiento”.

Pero el daño producido aún no tiene límites, ya que algunos de los animales envenenados cayeron a las acequias con el consiguiente riesgo de contaminación de las aguas. Lo cual indica que esto no fue una desgracia mayor, solo por acción de la providencia.

Pero eso no fue todo, ya que Flores también fue imputado por amenazar a un vecino que atestiguó que éste le manifestó: “atá a tu perrito ya que esta noche voy a tirar carne con veneno”, lo cual cumplió.

El fiscal también dijo que hay razones suficientes para presumir que el imputado intentará entorpecer la investigación; quien en todo momento “se comportó reacio al procedimiento” y podría existir, hasta un peligro de fuga.

Le importa un Pipino 

Pese a la gravedad de la situación y los argumentos sostenidos por la fiscalía, desde la justicia se informó que ayer, el propietario de la finca Sebastián Saravia Zenteno (pariente del ex juez Lona) «se presentó espontáneamente» ante el Juzgado de Garantías 4. Esta fue la argumentación del juez Diego Rodriguez Pipino para decidir temerariamente, de que «atento a que el acusado se había puesto a disposición de la justicia», rechazar la detención que había solicitado el Fiscal Penal de Cerrillos.

Llamativamente el juez evaluó caprichosamente que «no existe peligro de entorpecimiento a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal», lo cual lo llevó a extender sus favores, concediendo la libertad también al empleado de la finca, Roberto Flores.

El pesticida carbuforán está prohibido hace más de veinticinco años, y a esto se suma el hallazgo por parte de los investigadores, de grandes cantidades de un potente veneno para ratas, que también está prohibido en nuestro país. La pregunta es ¿Cómo y quién o quienes adquirieron productos absolutamente prohibidos por el Senasa por su peligrosidad? ¿Cuál fue el motivo para decidir acabar con la vida del mayor número de animales a la mayor velocidad posible? ¿Qué hubiese sucedido si la imprudente acción hubiese alcanzado a los niños y familias del lugar?

Dicen… que tal como acostumbra la justicia salteña, la red de influencias de paretescos y amiguismos, ha hecho de las suyas en el juzgado de Garantías Nº 4, donde se decidió imprudentemente, que los sospechosos del envenenamiento gocen del beneficio de la libertad, pese a que podrían haber provocado una tragedia sin precedentes.

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