La reducción de personal y el desfinanciamiento afectan programas clave del INTA en regiones rurales como La Puna y los Valles de Jujuy. Desde la Estación Experimental de Yuto advierten sobre la pérdida de soporte técnico para miles de productores.


El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa una situación crítica como consecuencia del ajuste impulsado por el Gobierno Nacional, que prevé el despido de hasta 1.500 trabajadores, entre ellos técnicos, profesionales y becarios. Matías García Rodríguez, director de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA en Yuto —con presencia en Salta y Jujuy—, advirtió que el recorte pone en riesgo líneas de investigación esenciales y deja desamparadas a comunidades rurales que dependen del apoyo técnico del organismo.

En declaraciones a medios locales, García Rodríguez alertó que el impacto del ajuste se sentirá con fuerza en zonas alejadas como La Puna, Los Valles y el norte jujeño, donde el INTA es muchas veces el único respaldo institucional con el que cuentan pequeños productores. “Estamos hablando de lugares donde no hay otra asistencia. El trabajo de jóvenes investigadores en formación es clave para sostener ese entramado territorial, y hoy está en peligro”, explicó.

El directivo cuestionó la falta de diálogo con el sector y denunció que el Gobierno no propuso ninguna alternativa ni debate de fondo sobre el rol estratégico del INTA. “Somos uno de los pocos organismos con presencia federal real, con más de 350 oficinas en todo el país, y aún así, la única medida fue despedir personal. No se discute el modelo de desarrollo, ni se considera el aporte acumulado durante décadas en cada territorio”, sostuvo.

Organizaciones rurales, sindicatos y legisladores se sumaron a la preocupación por el vaciamiento del organismo. Denuncian que el debilitamiento del INTA no solo pone en riesgo la producción agropecuaria, sino también la soberanía alimentaria y la equidad territorial. “Este recorte amenaza con cortar procesos de investigación y acompañamiento que llevan más de 30 años construyéndose junto a las comunidades”, lamentó García Rodríguez.