Quedó sancionada la Ley de Aranceles y Honorarios de Procuradores y Abogados de la provincia. La norma pertenece a Santiago Godoy y establece regulaciones a los montos mínimos y honorarios que deben cobrar los profesionales según el asesoramiento legal que realicen.
El diputado Godoy explicó que el texto surgió de un trabajo conjunto con el Colegio de Abogados de Salta, quienes plantearon inicialmente la necesidad de contar con una Ley que reemplace el vigente Decreto Ley 324 que data del año 1963 y que permite regulaciones de honorarios que en algunos casos son irrisorios.
Entre los principales motivos que fundamentaron el proyecto de Ley se encuentra la necesidad de una actualización debido a la gran cantidad de profesionales jóvenes que ejercen el derecho y que deben tener garantizado un piso de protección mediante el establecimiento de, por lo menos, los aranceles mínimos que deben cobrar.
“Con esta Ley evitamos que exista una especie de competencia desleal entre profesionales que en su afán de conseguir clientes rebajan al máximo sus honorarios a pesar de tener carácter de alimentarios”, afirmó Godoy.
Una vez puesta en vigencia, la nueva escala también será de referencia y cumplimiento para los magistrados cuando tengan que regular los honorarios en un proceso judicial.
Inclusive una nueva ley con valores actualizados clarificará a quienes contraten un abogado o procurador, cuales son los montos que se establecen ante cada trámite y asesoramiento que impliquen la intervención de un profesional.
Los valores por cada actuación serán fijados en una unidad denominada “ius”, que equivale al uno por ciento del sueldo de un juez de primera instancia con ocho años de antigüedad. De esta manera se garantiza una actualización periódica del monto sin necesidad de modificar la Ley.
El proyecto había obtenido la media sanción en la Cámara de Diputados el 30 de agosto del 2016 y tras su sanción en el Senado pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
