Paradojas de la vida, en estos días en que los salteños andamos haciendo cálculos sobre cuanto vamos a gastar en el nuevo precio del transporte con las subas que se avecinan, la palabra Ómnibus adquiere relevancia, pues es el nombre que se le ha dado a un monstruoso engendro enviado por el presidente Milei- proyecto de ley, le dicen- que engloba muchas reformas, necesarias para el gobierno de turno, que deben ser tratadas y votadas al mismo tiempo.
El engrendro, digo, el proyecto, denominado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, consiste en una gran reforma en distintas materias de la administración pública, incluidas en más de 600 artículos, 664 para ser más precisos, aunque en los últimos días se le cayeron unos 100, en pos de conseguir los votos necesarios para ser aprobado en el Congreso.
Entre esas modificaciones propuestas inicialmente, hay algunas que tocan a una de las principales actividades económicas de los salteños y es la del cultivo de tabaco, donde nuestra provincia es una de las mayores productoras a nivel nacional y en virtud de la actividad, esos productores reciben una compensación llamada Fondo Especial del Tabaco (FET), proveniente de la recaudación que sería algo así _para no entrar en detalles muy técnicos- como una participación en la venta de paquetes de cigarrillos por la materia prima que aportan.
Uno de esos artículos, el número 190, elimina el Impuesto Interno Mínimo a los cigarrillos, por el cual se incrementa el impuesto interno en tres puntos, lo que haría subir aún más el precio de venta de los cigarrillos pues los fabricantes y comerciantes deberían aplicar un aumento mayor para sostener sus ingresos actuales. Y el otro cambio importante es la eliminación del impuesto al precio mínimo para los cigarrillos -aprobada durante la presidencia de Macri- y que ha sido cuestionada y combatida por las denominadas PYMES tabacaleras argentinas, que a través de diferentes medidas cautelares evitaron el pago del mismo. A raíz de ello, estas tabacaleras, Sarandí la principal, pudieron ofrecer sus productos a precio menor, obteniendo un fuerte incremento en su participación en el mercado y desplazando así a las multinacionales dueñas de las marcas más conocidas.
A pesar de los numerosos rechazos que el proyecto ómnibus recibe a diario, estas dos modificaciones han sido bien recepcionadas por los productores tabacaleros, pues entienden que el proyecto traería igualdad impositiva para todos los sectores, a la par que mejoraría la recaudación fiscal y, por ende, la compensación recibida en concepto del FET por la venta de cigarrillos. Como ya se dijo, el FET es una caja que recauda la AFIP y que se distribuye entre los más de 20.000 productores tabacaleros nacionales, para compensar y mejor el precio que reciben por su producto, financiar la obra social, atender necesidades de emergencias y elaborar programas de reconversión productiva. El hecho que los fumadores se vuelquen por los cigarrillos “baratos” que no tributan impuestos trae como resultado la disminución de la recaudación y, en consecuencia, la baja de la rentabilidad de los productores.
En la actualidad, solo las cigarreras multinacionales cumplen con el pago de la ley vigente. Las autodenominadas empresas PYMES, agrupadas en la Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras (CANET) y por fuera de ella Tabacalera Sarandí, venden formalmente un número aproximado de 650 millones de paquetes, declarando a la AFIP precios de venta entre 120 y 250 pesos, cuando en los kioscos esos paquetes se venden a no menos de $800, por lo cual existe un saldo en negro que no tributa impuesto. Por ello, el proyecto también incorpora un parámetro de idoneidad para el precio de venta al consumidor informado por los sujetos encargados de tributar el impuesto, a efectos de que paguen lo que corresponde y no por lo informado en sus declaraciones juradas, por lo cual el Estado podría aplicar el impuesto sobre los valores reales que releve en la calle y no por los informes recibidos.
Hasta aquí, la cosa parecía encaminarse para los productores y los nuestros, los salteños, estaban muy contentos. Pero de pronto, irrumpió en escena la figura del Diputado Nacional Olmedista, Massista, Jucarista, Macrista y Mileísta (entre otros istas) y también ex candidato a vicegobernador con el otrora kirchnerista Emiliano Estrada, para declarar que “la complicidad entre la poca ilustración de los dirigentes tabacaleros y las compañías industriales habían manoseado las tasas e impuestos, afectando a la producción”, acusándolos además, de estar “poco comprometidos con la defensa de los productores y de complicar el desarrollo de la actividad de la que miles de salteños y argentinos dependen”.
Esta aparición del “ilustrao” diputado mereció la automática réplica de los dirigentes tabacaleros de Salta, afirmando que sus declaraciones son propias de “una persona seriamente afectada en su objetividad y equilibrio”. De ahí a decirle “chiflao”, estamos a un paso.
Pero al parecer, los dichos del Contador Zapata no fueron casuales, pues un análisis del periodista Carlos Pagni, publicado en el diario La Nación del 18 de enero (oh, casualidad, el mismo día de las declaraciones zapatistas), lo incluye entre un grupo de diputados que estaría proponiendo que se dé de baja el artículo del Ejecutivo, para así mantener un statu quo judicial que beneficia en particular a la tabacalera Sarandí, la que sigue sin pagar el impuesto escudándose en las medidas cautelares. Ese grupo de diputados, según Pagni, estaría integrado por interesantes popes del PRO, como Diego Santilli, Cristian “Pucho” Ritondo –nunca un apodo fue tan certero- y Carlos Zapata, a quien en el artículo periodístico cataloga como kirchnerista, quizás como confusión de los diferentes espacios en que el diputado salteño supo participar.
Lo cierto es que las palabras de “la mente brillante” de Zapata, tal como la define el Senador provincial Enrique Cornejo, nunca se tradujeron en proyectos que redundaran en grandes beneficios para la provincia, tal como se observa en la página oficial de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde se puede ver además, que el último presentado, hace casi una semana, solicita al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre los medios para hacer una estampilla postal en homenaje a la fundación de la ciudad de Tartagal. Fuaaaa!!! Tal vez, podría rendirles mayor homenaje a los pobladores de esa ciudad, si presentara proyectos que tengan que ver con la economía y el crecimiento de esa zona norteña y que contribuyan a reverdecer la vieja gloria de la ciudad a la que la política privatista de los `90 hizo perder.