Tras la represión en Mosconi a personas que reclamaban la quita de subsidios, vecinos del norte explicaron a Cuarto Poder el origen del problema: el desplazamiento por parte del Grand Bourg de la organización de Pepino Fernández quien garantizaba la contraprestación de servicios.

El origen del reclamo posee una causa concreta – la quita del subsidio a 900 personas – en un escenario siempre caliente: Mosconi, el lugar en donde hace 20 años se iniciaron los cortes de rutas que acabaron con varios muertos. La situación empezó a reeditarse peligrosamente el lunes cuándo los perjudicados por la medida del gobierno nacional cortaron la ruta 34 a la altura de Tres Cruces y un día después se desatara una represión protagonizada por la gendarmería.

El origen del problema, declaran vecinos de Mosconi y Embarcación, se remonta al año 2015 cuando el gobierno provincial decidió que los  beneficiarios que dependían de la fundación Fundatrac que conduce Pepino Fernández, debían pasar a depender de la Fundación Villa Saavedra para seguir accediendo al beneficio. La medida tenía un sentido político: restar poder a un dirigente como Fernández que siempre se mostró autónomo del gobierno provincial y para transferir el manejo de los subsidio a la fundación regenteada por el hermano del intendente de General Ballivian.

La maniobra del gobierno provincial, no obstante, termino perjudicando a los beneficiarios directos de los subsidios y a Mosconi en su conjunto que con la quita de subsidios se queda sin al menos 10 millones de pesos mensuales que antes se gastaban en la propia ciudad. Ello ocurrió, aseguran las fuentes, porque cuando los subsidiados estaban bajo la órbita de “Pepino” éste se encargaba de que todos cumplieran entre 20 y 25 horas de trabajos semanales cuyos resultados se volcaban a la comunidad no dando motivos a los organismos nacional para cuestionar la ayuda que el mismo Fernández había llevado a un monto cuatro veces superior al normal en nombre de una especie de reparación de la nación con el castigado pueblo del norte provincial.

Los controles que  Fundatrac realizaba con los beneficiados se flexibilizaron al máximo con el desembarco de la Fundación Villa Saavedra quien no exigía devolución de servicios ocasionando que el gobierno nacional argumentara incumplimiento y tras un año y dos meses  corto el beneficio cuando originalmente se había comprometido con extenderlo por cinco años.

Los costos de la situación, no obstante, recaerán en Mosconi y en la provincia. De hecho se supo hoy que ediles de General Mosconi afirmaron que la Provincia y sobre todo la Nación, tienen que solucionar el conflicto desatado en esa ciudad a raíz de la baja del SUAF: Sistema Único de Asignaciones Familiares.

Se trata de los concejales Gustavo Berrondo y Daniel Argañaraz quienes declararon lo siguiente: «Tiene que venir una solución tanto del Gobierno provincial como del Gobierno nacional. Es un problema social el que sucede en el departamento San Martín, yo creo que en toda la provincia, en todo el país (hay problemas sociales), pero ahí puntualmente la situación social laboral es muy complicada», sostuvo Berrondo que insistió que la quita fue “una decisión del Gobierno nacional».