Macri firmó un decreto que autoriza contrataciones directas de hasta 1,3 millón de pesos y las privadas hasta 6 millones. Ya lo había hecho cuando fue jefe de Gobierno y convirtió a la Ciudad en el distrito más discrecional para las contrataciones.

El presidente Mauricio Macri aumentó el tope para eludir las licitaciones públicas en un 650 por ciento. El monto máximo para las contrataciones directas del Gobierno nacional pasó de 200 mil pesos a 1,3 millón mientras que las licitaciones privadas subieron de 800 mil pesos a seis millones de pesos. No es la primera vez que Macri hace algo por el estilo: cuando era jefe de Gobierno porteño, aumentó los topes a un nivel que la Ciudad superó los montos máximos de la Nación y la provincia de Buenos Aires. De hecho, llegó a ser el distrito con mayor discrecionalidad para contrataciones directas. El Presidente tomó esta decisión en la semana en la que su amigo Nicolás Caputo superó los 377 millones de pesos en licitaciones ganadas en el Gobierno porteño.

El Presidente firmó ayer el decreto 690/16 que aumentó todos los topes para evitar licitaciones “con la finalidad de otorgar mayor flexibilidad y rapidez a la gestión de las contrataciones”. Macri indicó que esto “permitirá que los distintos organismos estatales puedan cumplir con mayor celeridad y eficacia sus objetivos en aras del bienestar general”. Macri argumentó que la última modificación se hizo en 2013 y citó los aumentos de topes que fue decidiendo él mismo en el Gobierno porteño.

En concreto, la decisión implicará que los funcionarios podrán hacer contrataciones por trámite simplificado hasta 75 mil pesos, contrataciones directas de hasta 1,3 millón y licitaciones privadas o concursos privados hasta seis millones de pesos.

Vieja costumbre

No es la primera vez que Macri sube los topes para que sus funcionarios puedan eludir en forma legal las licitaciones públicas. En la Ciudad, como jefe de Gobierno, apenas asumió llevó el límite de licitaciones privadas a medio millón y en 2011, lo duplicó a un millón de pesos. En 2013, lo volvió a duplicar y en 2014 lo llevó de dos a tres millones de pesos. Las contrataciones directas en ese año pasaron a tener un tope de dos millones. Los montos no tenían en ese momento ningún parangón en otras jurisdicciones: la provincia de Buenos Aires tenía un máximo de 875 mil pesos, mientras que el Gobierno nacional no pasaba los 200 mil pesos, es decir, diez veces menos que el Gobierno porteño. La provincia de Santa Fe, gobernada por el socialismo, tenía un tope de 400 mil pesos.

Este año, el sucesor de Macri en la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, dispuso aumentar los topes de las licitaciones privadas de tres a cinco millones de pesos y los de las contrataciones directas de dos a tres millones.

En 2014, Macri dispuso también que los plazos de las licitaciones podían ser “reducidos por urgencia” por todos los funcionarios de director general para arriba. Esta no fue, no obstante, la única norma que dictó Macri que le dio mayor discrecionalidad a sus funcionarios. En 2010, firmó los decretos 556 y 752 en los que le dio a ministros y subsecretarios la potestad de “realizar gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con la que deben llevarse a cabo, no puedan ser gestionados desde sus inicios a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones”.

Ese decreto, el 556/10, fue el que usaron para las contrataciones directas de la productora de Fernando Niembro, por un monto que superó los 23 millones de pesos. Los 193 contratos con La Usina no fueron publicados en el Boletín Oficial porteño. Incluían la colocación de publicidad, pero también reparto de volantes o sondeos de satisfacción entre los porteños. Se trataba de tareas para las que la empresa, que fue creada poco antes de empezar a facturar, no contaba con experiencia previa, ni con empleados. El relator deportivo debió renunciar el año pasado a su candidatura como primer diputado de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. En cambio, ninguno de los funcionarios porteños que le otorgó las contrataciones dimitió.

Las diferencias entre los mecanismos son clave: mientras una licitación se publica en el Boletín Oficial y es abierta a las empresas que se quieran presentar, en una compra directa el funcionario convoca a tres empresas para que presenten un presupuesto. No tiene publicidad. La licitación privada está a medio camino: se invita a cinco empresas a participar.

La comunera kirchnerista Julieta Costa Díaz viene denunciando desde hace años la discrecionalidad en las contrataciones del Gobierno porteño. En un relevamiento que hizo de 2014, encontró que el 69 por ciento de las contrataciones del Gobierno de Macri fueron sin licitación pública. Entre 2013 y 2014, la administración porteña aumentó un 23 por ciento las compras directas. En 2013, el 43 por ciento de todas las compras fueron por contratación directa. En 2014, ese porcentaje escaló al 69 por ciento. En cambio, las licitaciones públicas cayeron un 20 por ciento entre 2013 y 2014. En 2015, el entonces legislador Fernando Muñoz registró no menos de 700 usos del decreto 556 para compras de urgencia que había sido usado con la empresa de Niembro.

“No me extraña que Macri haga esto como presidente –indicó Costa Díaz a Página/12– En la Ciudad en base a decretos armó un mecanismo perfecto para evitar las licitaciones públicas y beneficiar a los amigos.”

Caputo y cía.

La decisión del Presidente llega en el momento en el que se discute judicialmente la transparencia de sus declaraciones juradas a partir de la revelación de los Panamá Papers de que formaba parte de dos empresas offshore en paraísos fiscales como Panamá y las Islas Bahamas. El mandatario tomó la decisión de elevar un 650 por ciento el tope de las licitaciones privadas en el mismo mes que su amigo y consejero Nicolás Caputo rompió la barrera de los 300 millones en licitaciones ganadas en el Gobierno porteño.

Caputo controla a través de su constructora la empresa SES S.A., que antes de que Macri asumiera como jefe de Gobierno tenía contratos con el Gobierno porteño por 120 millones de pesos. Esa cifra escaló a 1400 millones durante la gestión de su amigo. Hizo obras de mantenimiento de escuelas, pasos a nivel, limpieza de los corredores del Metrobus, refacciones en el Parque Lezama y el mantenimiento de hospitales porteños, entre otras.

Este año, Caputo siguió acumulando nuevas licitaciones del Gobierno porteño. La última fue adjudicada esta semana para una obra pluvial por 69 millones de pesos. Con esta contratación, Caputo alcanzó los 377 millones en obras en tan sólo cinco meses. Antes de estas nuevas licitaciones, Caputo ya concentraba casi un cuarto de todo el presupuesto para refacciones de obras escolares del año pasado.

Macri incluyó en su declaración jurada una deuda de 18,5 millones que tiene Caputo con él, por lo que la ex legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti lo denunció penalmente. Cerruti entiende que esa deuda lo hace a Macri socio de los negocios de su amigo. El presidente primero aseguró, durante la campaña electoral, que su “hermano de la vida” no tenía ninguna contratación con el Gobierno porteño. En la actualidad, señala que si las licitaciones están bien hechas, no debería haber nada que objetar. No obstante, la multiplicación de los fondos trajo algunas preocupaciones en el oficialismo, al punto de que circularon versiones de que Caputo vendería su empresa.

Lo mismo sucedió con Iecsa, la ex constructora de Macri que ahora maneja Angelo Calcaterra, primo del presidente, a la que venderían a un socio. Iecsa está vinculada a la brasileña Odebrecht –investigada por corrupción en Brasil– en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y a Austral Construcciones en la construcción de un gasoducto. En su última declaración judicial, Lázaro Báez mencionó a Calcaterra como socio en una licitación en Santa Cruz, lo que encendió algunas alarmas. Un grupo de diputados kirchneristas le solicitó al juez Sebastián Casanello que detenga la venta de Iecsa hasta que se investigue su relación con Báez. Durante los gobiernos anteriores, Iecsa ganó licitaciones por 1.800 millones de dólares.

Lo cierto es que Macri se encuentra con conflictos de intereses a cada paso: cuando en febrero envió 9 mil millones a Córdoba benefició a Iecsa. Cuando adjudicó la obra civil de un reactor nuclear en Río Negro a Caputo SA por 796 millones favoreció a su amigo. Ayer incrementó la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos.

Fuente: Página 12