ALEJANDRO SARAVIA
En 1886, plena época victoriana, Robert Louis Stevenson publicó una novela titulada “El extraño caso del Dr. Jekill y el señor Hyde”, en la que el bueno del Dr. Jekill, apuesto y respetado médico inglés de mediana edad, que durante su vida ha reprimido los impulsos malignos en su interior, en su intento por ocultarlos, desarrolla un suero que cree que enmascarará efectivamente su lado oscuro. En su lugar, y como producto del brebaje, el Dr. Jekill se transforma definitivamente en el Sr. Hyde, la manifestación física y mental de su personalidad malvada. Llega un momento, entonces, en el que el bueno de Jekill se vuelve incapaz de controlar su transformación en el malvado de Hyde.
Cada vez que el presidente Milei pretende disociar su persona como funcionario público, nada menos que presidente de la Nación, y su carácter de ciudadano común, y, como tal, se siente autorizado a decir o hacer cualquier imbecilidad, no puedo dejar de recordar esa novela de Stevenson, la del Dr. Jekill y el Sr. Hyde.
Hay otra patología que conduce al mismo efecto del desdoblamiento de las personalidades: es, claro está, la esquizofrenia o bien su vecina, con la cual a veces se la confunde, el «trastorno de la personalidad múltiple» o de la «doble personalidad».
La cuestión es que por fuera de los ámbitos librescos o novelísticos, o bien de los patológicos, el presidente Milei, mal que le pese, es un funcionario público, el de la mayor jerarquía si se quiere, y no puede soslayar sus responsabilidades diciendo que a veces actúa como simple ciudadano, con sus mismos derechos, y a veces como presidente, es decir, como funcionario público. Él en su carácter de presidente de la República está sujeto a las normas, obligaciones, deberes y responsabilidades que le caben por haber asumido tan alto cargo, entre ellas las de ética pública y, claro está, las contenidas en el Código Penal y, obvio es decirlo, las de la Constitución Nacional.
En la cuestión de las criptomonedas y su intervención en la promoción o difusión del asunto, conforme a la mecánica del hecho queda en claro que la promoción fue a través de la difusión por parte de quien en ese y en estos momentos es la cabeza de un Estado, por más que a veces se autoperciba como simple ciudadano.
Para determinar las responsabilidades politico-institucionales debería crearse una comisión en el Congreso de la Nación paralelamente al accionar del Poder Judicial atento a que los jueces de Comodoro Py, competentes en esa investigación, se supone investigarán si hubo o no la comisión de delitos contemplados en el Código Penal y la participación eventual que le cupiera a Milei. Son dos responsabilidades diferentes con parámetros también distintos.
La responsabilidad política de un presidente, en este caso de Milei, es cuestión que debe ocupar a quienes lo controlan políticamente, o al menos deberían hacerlo, es decir los legisladores. Por eso choca al sentido republicano el vuelco de los senadores nacionales radicales, en especial del presidente de ese bloque, el correntino Vischi, que habiendo apoyado el proyecto de creación de esa comisión a continuación lo votó en contra. Ya tiene un vergonzoso antecedente ese senador con la cuestión de la postulación lamentable de Lijo para la Corte Suprema. Él habilitó ese tratamiento firmando el dictamen cuando afirmaba que no lo iba a hacer. Me pregunto: ¿en dónde quedaron los principios de ese partido? ¿Cómo era aquello de que se pierdan mil elecciones pero que se salven los principios? Es una vergüenza la performance de ese partido y la de su dirigencia. Así le va.
La jueza interviniente en la cuestión del criptogate, previo sorteo manual, es la afamada María Romilda Servini de Cubría, 88 años, y con competencia electoral, es decir la misma jueza que se hiciera famosa por un hecho de censura previa en contra del gran Tato Bores y que éste respondiera con aquel inolvidable sketch que la hiciera célebre. Sin embargo, adoptó una saludable actitud al delegar en el fiscal federal correspondiente, Eduardo Taiano, la investigación del entuerto.
Con prescindencia de ello queda en claro que estos episodios afectan al Estado y a todos los argentinos por la falta de seriedad de quienes lo conducen. Algunos por ladrones, otros por irresponsables o aventureros. A todo esto, quizás, podría decirse que cobra sentido la insistencia en la postulación de Ariel Lijo como juez de la Suprema Corte de Justicia. Vendría a ser como una inversión a mediano plazo, un reaseguro, un “por las dudas”. Se entiende la insistencia de Milei, de su alter ego y hermana, Karina, y de su asesor estrella, Santiago Caputo.
El panorama se agrava más por las falencias emocionales de Milei, de las que, sin dudas, se aprovecha su hermana Karina, quien, simple repostera, se encargó, alguna vez, de manejar los negocios inmobiliarios familiares en Miami, que concluyeran con pérdidas. Lo singular del caso fue que la encargada de los negocios fue la repostera y no el economista. Se entiende que Milei la identifique a su propia hermana como “el jefe”. Todo pareciera indicar que quieren, al menos ella, aprovechar la inesperada ocasión que el destino les brindó para tener una revancha en el propio bolsillo.
Mientras esto acontece en la escena política, en la misma juega una singular paradoja: quienes le garantizan salud política a esta gestión, renga por donde se la mire, son los integrantes de la principal oposición, es decir, el peronismo kirchnerista. Cada denuncia que le hace al gobierno funciona como una intensa transfusión de sangre. Mientras más aparecen en la palestra más refrescan la memoria popular acerca de su fantasmagórica gestión gubernamental de 16 años. Yo les recomendaría silencio, mesura, que no se los vea, que se hagan perdiz. Para con ellos sería aplicable aquella sentencia castellana: “Dura es la verdad mas no en tu boca”. Piénsenlo, es hora de renovación de dirigencia y pensamiento en todos los partidos. Hay que aprovechar que todos, sin excepción, incluidos estos que se denominan liberales sólo como licencia verbal, muestran las costillas. Si no es ahora, ¿cuándo?…
