Finalmente arranca el juicio contra el hombre acusado de robarse millonarios caños de un gasoducto.
Arranca hoy el el juicio contra el exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado. Él y otras nueve personas están acusadas por el millonario robos de caños del Gasoducto NEA (GNEA).
El intendente Prado está acusado de facilitar el robo de material pagado por el Estado nacional para la construcción de una megaobra inconclusa, conocida como Gasoducto del Noreste. Inicialmente, este proyecto preveía importar gas desde Bolivia para abastecer a varias provincias argentinas, como Chaco, Santa Fe, Misiones y Formosa, entre otras.
La primera audiencia fue fijada a partir de las 16, en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N°2, donde se dará lectura, en primer lugar, a las acusaciones y argumentos de la Fiscalía para llevar adelante el proceso contra Prado, quien fue destituido de su cargo mediante una intervención aprobada por la Legislatura provincial, a mediados de octubre del año pasado.
Más de 100 testigos fueron citados para el juicio, cuyas alternativas serán transmitidas en directo por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación.
La semana pasada Prado, a través de sus abogados, había intentado postergar el inicio del juicio con un planteo de suspensión, el cual fue rechazado sin deliberación y de manera unánime durante la misma jornada por el Tribunal Oral Federal.
La decisión coincidió con lo requerido por el fiscal Villalba quien consideró al pedido como estrategia dilatoria de la defensa de Prado.
El intendente kirchnerista Jorge Prado no llegó a cumplir su primer año de mandato al frente de la municipalidad de la localidad fronteriza de Aguaray y fue reemplazado: el gobernador Gustavo Sáenz designó como interventor del municipio del norte salteño a un funcionario propio, Adrián Zigarán.
Obra inconclusa
Según información oficial, el proyecto –gestado en 2007– «contempló originalmente una inversión de 2375 millones de dólares para construir 4144 kilómetros de gasoducto (el troncal, de 1468 kilómetros, y el resto para conectar 168 localidades, con una capacidad de transporte de 11,2 millones de m³/día adicionales, destinados al consumo residencial e industrial». La obra quedó completamente paralizada en 2015. Recientemente, el gobierno nacional informó a través de la firma Integración Energética Argentina SA (Ieasa) que evalúan retomar la construcción. Se requerirían, para finalizar el trazado, aproximadamente 150 millones de dólares.
Tal como se desprende de la acusación contra Prado efectuada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), fue el exintendente «quien posibilitó la desafectación de los caños, a partir de una resolución municipal, que sirvió para el saqueo del material por parte de distintos implicados». El titular de la Unidad Fiscal Salta, Eduardo Villalba, informó que «Prado avaló la extracción de los caños y su entrega a la empresa OSYP SA, bajo la excusa de que causaban un grave daño al ambiente, condición que aseguró a partir de su profesión como ingeniero».
Otros acusados
Se trata de tres hechos delictivos diferentes. El 28 de julio pasado, según información del MPF, fue acusado «el empresario Matías Rossi, presidente de la empresa CoMarfil SA, con asiento en Quilmes, por robo agravado y fraude a la administración pública. Al menos 52 caños del gasoducto fueron secuestrados de su empresa.
También quedaron imputados Christian Marcelo Buczeck, encargado de Vera SA; Andrés Ayala, gerente de Peterser SRL; Milton René Saavedra y Bruno Raúl Degoy, ambos socios de MyP, exWeatherFor. Están acusados de sustraer 170 caños en el paraje El Desemboque, a 140 kilómetros de General Mosconi. En un tercer hecho se imputó a Miguel Ángel Cuellar y Oscar Dante Rodríguez –vinculado a Prado– por robo calificado.