Gustavo Oscar Zanchetta está imputado por el delito de abuso sexual simple continuado agravado.

Arranca este lunes el juicio contra el exobispo de Orán, Gustavo Oscar Zanchetta. La audiencia de debate se iniciará el próximo lunes 21 y tendrá lugar hasta el viernes 25. Se realizará en la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán desde las 8.30.

El tribunal estará integrado por los jueces María Laura Toledo Zamora, Raúl Fernando López, y Héctor Fabián Fayos. En el juicio interviene la fiscal Penal de Violencia de Género, Soledad Filtrin Cuezzo, y en tanto que el defensor oficial es Enzo Giannotti.

Durante la primera jornada se dará lectura al requerimiento de elevación a juicio de la causa, para luego dar inicio a la recepción de las testimoniales.

Las denuncias contra Zanchetta son dos. La primera corresponde al 6 de febrero de 2.019 y fue realizada por un joven seminarista quien contó que sufrió hechos de abuso sexual en 2.017 por quien en ese entonces era obispo de la Diócesis de Orán. Según el relato del denunciante, éstos fueron cometidos en el edificio del seminario Juan XXIII, y en un domicilio particular de Los Toldos.

El 13 de febrero de 2.019, otro seminarista denunció al exobispo por episodios de significación sexual y conductas inapropiadas “frente al público y en el ámbito privado” en la casa parroquial San Antonio, en el edificio del seminario Juan XXIII y la casa del Obispo.

La fiscala acusa a Zancheta de haber actuado «con ánimo doloso de involucrar sexualmente a las víctimas dando inicio al despliegue de actos y maniobras de seducción, manipulación y preeminencia por la función de superior jerárquico en el ámbito eclesiástico, logrando confianza, temor reverencial en las víctimas a través de tocamientos inverecundos cernidos en su cuerpo con clara significación sexual, quebrantando la voluntad de los mismos temerosos de perder su condición de seminaristas y poner fin con su vocación al servicio religioso».

Además, Filtrín sostuvo que el exobispo sostuvo ese accionar abusivo «en el tiempo», agravó la acusación por tratarse de un «ministro de culto religioso reconocido», funciones que demandan «el deber de actuar con rectitud y apego a las normas morales y religiosas con mayor celo que la de un ciudadano común”.

El pedido de elevación a juicio incluye los resultados de las pericias psiquiátricas y psicológicas, realizadas por profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, con contralor de una profesional aportada por la defensa técnica.