La Cámara baja aprobó que jueces y fiscales habiliten la custodia policial para violentos. El debate que legisladores venían postergando y se da luego de casos en los que el Estado tenía la obligación de brindar protección. (Andrea Sztychmasjter)

A principios del año pasado la jueza de Violencia Familiar y de Género, Noemí Valdez, ordenó una cautelar para que en una causa específica sea el violento quien esté custodiado por la policía. La medida se constituyó como la primera vez que se aplicaba en Salta y marcaba una herramienta “de seguridad” que ya se emplea en otros países y que ahora se incorporó a la ley salteña.

La jueza dispuso esa decisión por estar facultada, sin embargo la custodia policial dictaminada por la justicia siempre iba para las víctimas, pues jueces y fiscales bajo una justicia patriarcal y obtusa siguen creyendo que esa es la forma en la que el estado le da protección a las mujeres.

Esta semana la Cámara de diputados dio sanción a las modificaciones de la Ley N° 7.888 de Protección contra la Violencia de Género, y en el articulado normativo quedó explícitamente detallado que los funcionarios judiciales deberán imponer consigna policial fija, personal y/o ambulatoria al agresor denunciado, para mayor protección a la víctima, de acuerdo con lo que el/la Fiscal/a o el/la Juez/a considere pertinente.

Durante el debate que se produjo en la cámara baja legisladores apuntaron contra la responsabilidad judicial en cuánto a la prevención de las violencias y las demoras en las disposiciones de consignas policiales. También se refirieron a la falta de personal policial frente a la cantidad de denuncias. Sin embargo está claro que mayor cantidad de policías no es mayor seguridad, mucho menos para las mujeres.

Al respecto, la diputada Silvia Varg, una de las autoras del proyecto, indicó que “las víctimas de violencia no deben ser re victimizadas, necesitamos que esto sea Ley, porque ahora los jueces tienen un instrumento legal para tener a rayas a los agresores”.
“Los femicidios en Salta son una realidad y debemos dar hechos concretos para que tengamos un instrumento más y para que no nos maten más” sostuvo Varg.

Las responsabilidades legislativas, judiciales y policiales ante la escalada de violencia de género forman un combo mortal que deja en total estado de vulnerabilidad a mujeres. Solo basta nombrar algunos de los casos concretos de violencia de género extrema que ocurrieron en Salta y que podrían haberse evitado.

Solo basta pensar en la ayuda que una mujer pide a los diferentes organismos del Estado y que no es escuchada. Solo basta pensar en que esa misma mujer luego termina muerta. Las “políticas de género” y políticas de lucha contra la violencia machista en nuestra provincia siguen siendo ineficaces, toda vez que un femicidio pudo haberse evitado.

El 1 de octubre Susana Zerpa  (65) fue asesinada en la localidad de Tartagal. El principal acusado, su ex pareja, Luis Enrique Rebilla, ya había matado a otra mujer en 2011 y estaba con prisión condicional

Rebilla se encontraba con libertad condicional desde el pasado 13 de mayo, al cumplir los dos tercios de una condena a 11 años de prisión por el que fue condenado por el homicidio de Zulema del Valle Gómez, ocurrido el 8 de mayo de 2011, también en Tartagal. Por entonces no existía la calificación legal de femicidio, no se había incorporado la figura en el Código Penal. Hoy contempla una pena a perpetua.

A fines de octubre Agustina Cruz de 17 años fue asesinada mientras se dirigía al colegio. La primera denuncia de la madre de la víctima fue radicada el 21 de septiembre en la subcomisaría de Coronel Moldes. La causa pasó en aquel momento al Juzgado de Violencia Familiar y de Género nº3 a cargo de la jueza María Carolina Cáceres Moreno. Ni la justicia ni los jefes de la comisaría de Coronel Moldes pudieron brindarle protección a la joven que ya había advertido el peligro que corría su vida.

13 vidas

La lista de mujeres asesinadas en Salta por casos de violencia de género continúa en aumento y las políticas públicas demoran en llegar.

El primer caso que ocurrió en la Capital salteña fue el femicidio de Graciela Flores el 1 de enero en barrio Universitario. Era madre de cuatro hijos, y volvía de su trabajo cuando la apuñaló su pareja, quien después se prendió fuego.

A tan solo 9 días Nancy Villa con tan solo 14 años en Misión La Loma 2, cerca de Embarcación fue hallada asesinada. En la autopsia consta que estaba embarazada y que murió de un shock hipovolémico ocasionado por las lesiones en el cuello con un arma blanca. El fiscal Pablo Cabot, a cargo de la investigación, imputó a Carlos Arsenio Juárez, de 18 años y también del Pueblo Wichí como autor del femicidio.

Macarena Domínguez de 28 años se convirtió en el tercer caso el 7 de marzo, en un edificio céntrico de la Capital, en las vísperas del día internacional de la mujer. La profesora de la joven madre relató que Macarena fue víctima de una red de trata que la obligada a ejercer la prostitución.
Fabiola Echenique fue asesinada el 17 de marzo, era oriunda de Misiones y había viajado a Cafayate para acompañar a su expareja, un gendarme.

El 12 de mayo encontraron sin vida a Nancy Rodríguez (36), en una finca del municipio de La Merced, en el departamento Cerrillos, había denunciado por violencia de género a su ex pareja.

Jéssica Solís (29), el 20 de mayo, era madre de un niño de 8 años que presenció la agresión dentro de una pollería en el barrio San Calixto.

Lorena Vique (35), el 8 de julio, asesinada por su pareja en una plazoleta de las márgenes del río Vaqueros.

A fines de julio, Rocío González (26) fue asesinada a golpes en su domicilio de barrio Solis Pizarro, su pareja Ezequiel Mendoza, que después se quitó la vida.

El 10 de agosto mataron a Mercedes Urzagasti (39), de varias puñaladas por parte de su ex esposo, un hombre de 67 que posteriormente también se quitó la vida, en una vivienda de barrio El Tribuno.

El 5 de septiembre, asesinaron a Marcelina Peloc en su casa de barrio Gustavo Leguizamón.

El 1 de octubre Susana Zerpa  (65) fue asesinada en la localidad de Tartagal. El principal acusado es su ex pareja, Luis Enrique Rebilla. El hombre ya había matado a otra mujer en 2011 y estaba con prisión condicional.

Días después Gladys Paz fue asesinada por su pareja, un policía que tras varios días de permanecer prófugo se entregó a la Justicia.