Por primera vez en el país, una víctima de trata querella a sus proxenetas por explotarla sexualmente y también al Estado, por no protegerla. Alika Kinan, rescatada de un cabaret en un allanamiento en 2012, llega al juicio oral y público amenazada y custodiada por la Gendarmería.
Mañana empieza en Ushuaia un juicio que puede hacer historia: Pedro Montoya e Ivana García, dueños del prostíbulo El Sheik, además de Lucy Alberca Campos, encargada del lugar. Montoya (57) y García (38) serán juzgados “por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual cometido mediante el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, en razón de ser siete la cantidad de víctimas, y por ser tres los imputados que actuaron de manera organizada”, y Campos (32), en calidad de partícipe necesaria. La pena: de 4 a 10 años de prisión.
A los imputados y a la Municipalidad se les pide una reparación económica de $ 2.300.000. ¿Cómo ponerle precio al dolor y al daño moral? Se usaron argumentos de la Organización Internacional del Trabajo porque la trata y la explotación sexual se asemejan al trabajo esclavo y se comparan a los delitos de lesa humanidad. En la demanda civil, se pide el cumplimiento de la ley de trata, que prevé alojamiento, manutención, asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas. A ella le dieron un terreno vacío.
Alika fue liberada junto a seis víctimas en la madrugada del 9 de octubre de 2012, en un allanamiento al Sheik. Su primer legajo como alternadora para “trabajar” en cabarets de Ushuaia es de 1996. A ella la contactaron en Córdoba, le mandaron un pasaje de avión, la esperaron en el aeropuerto y la llevaron a hacer la libreta sanitaria requerida por la Dirección de Comercio e Industria , que había habilitado al local de Roca 306 como “club nocturno”. Es decir, ser alternadora era un “trabajo” avalado por la Municipalidad. Alika hoy tiene 40 años y milita por los derechos de las mujeres vulneradas y por el abolicionismo, que considera que la prostitución no es trabajo. Como la “variaron” por distintos cabarets, declaró y es testigo en distintas causas en las que hay involucrados proxenetas y tratantes, de allí las amenazas.
La causa que mañana comenzará a debatirse se inició en abril de 2012, luego de que una tucumana declarara que había trabajado como alternadora en El Sheik. Dijo que allí había al menos otras ocho mujeres argentinas, colombianas, dominicanas, que las contactaban, les mandaban la plata para el avión y las esperaban en el aeropuerto, que en una clínica privada de Ushuaia les hacían análisis para descartar que tuvieran HIV o enfermedades venéreas, que la municipalidad les entregaba la libreta sanitaria. También declaró que el valor de la copa era de $ 80 y el de los pases (relaciones sexuales) era de $ 200 por 10 minutos. Su declaración llevó a investigar a El Sheik: se corroboró, a través de escuchas y cámaras ocultas, que las mujeres vivían y trabajaban allí, que había un sistema de pases, que todas tenían libretas sanitarias.
Los fiscales concluyeron que las actividades desarrolladas por las personas investigadas tenían un alto grado de compatibilidad con el delito de trata de personas: trasladar, recibir y alojarlas en el mismo lugar donde trabajaban como alternadoras ofreciendo servicios sexuales con fines de explotación/prostitución. Todo previsto en la ley 26.364 de Trata de Personas.
Al ser liberadas, las víctimas hablaron ante la Fiscalía Federal: “Las situaciones de vulnerabilidad surgen de manera clara del relato de cada una de las víctimas… De todas pudimos conocer cabalmente que son pobres, migrantes y con necesidades básicas insatisfechas… El aprovechamiento de la situación es evidente…”. Para determinar los daños y las secuelas, Alika fue sometida a una pericia psiquiátrica ante peritos oficiales del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema: el daño psicológico está probado.
Fuente: Clarin