Kim Im Porta
La primera edición de la “Feria de la Carne” organizada por la Municipalidad de Salta produjo un efecto inesperado: reactivó públicamente a sectores empresariales que durante largos meses habían mantenido un perfil mucho más moderado frente al deterioro económico general. La primera edición cerró con alrededor de 30 mil kilos de carne vacuna vendidos, casi 40 mil kilos de pollo y unos 4 mil kilos de pescado, cifras que muestran una convocatoria muy por encima de cualquier experiencia comercial menor y que obligan a leer el fenómeno más allá de la discusión política.
La reacción llegó rápidamente. La Sociedad Rural Salteña, la Cámara de Comercio e Industria y otros espacios agrupados en la Mesa Empresaria y Productiva señalaron que este tipo de iniciativas representan una “competencia desleal” para carnicerías y comercios habilitados. El planteo puede discutirse y tiene elementos atendibles vinculados a estructura de costos, obligaciones fiscales y diferencias operativas entre el sector privado y el Estado. Sin embargo, la pregunta que sobrevuela el debate es otra: ¿por qué esa preocupación aparece recién ahora y no frente a procesos mucho más agresivos para el mercado local?
Importaciones: la competencia que sí cambió el negocio
Para entender el deterioro del sector comercial y productivo en toda su dimensión conviene mirar un poco más arriba. La apertura de importaciones, la caída del consumo y el cierre de empresas tienen mucho mas que ver con las decisiones del gobierno libertario de Javier Milei que con la realización de una feria de fin de semana.
Uno de los fenómenos más importantes para entender el presente del sector cárnico argentino es el crecimiento acelerado del ingreso de carne desde Brasil. La propia dirigencia vinculada al sector reconoció que las importaciones pasaron de alrededor de 1.000 toneladas mensuales a aproximadamente 15.000 toneladas por mes, un volumen que ya representa cerca del 7% del consumo interno y que podría seguir aumentando si las condiciones actuales se sostienen.
La magnitud del dato excede cualquier discusión sobre promociones ocasionales o ventas puntuales. Cuando un volumen semejante comienza a ocupar participación dentro del mercado interno aparecen efectos directos sobre productores, frigoríficos, distribuidores, carnicerías y empleo vinculado a toda la cadena.
Incluso dentro del mercado porcino existe una discusión histórica vinculada al ingreso de productos provenientes de sistemas que utilizan herramientas sanitarias diferentes a las permitidas localmente. Desde distintos sectores se señaló reiteradamente el uso de ractopamina en parte de la producción brasileña, un promotor de crecimiento prohibido en varios mercados internacionales.
Nada de eso generó comunicados de igual intensidad ni denuncias públicas sobre competencia desleal. Tampoco se instaló una discusión sostenida sobre cómo impacta este escenario sobre el pequeño comerciante local. Si el argumento central es proteger el comercio formal y preservar condiciones equitativas, resulta inevitable preguntarse por qué el nivel de preocupación cambia según quién abarata el precio.
Exportaciones récord y consumo en caída
Otro dato que quedó fuera de la discusión es el cambio que atraviesa el propio mercado de carnes. Mientras crecieron fuertemente las exportaciones hacia Estados Unidos y otros destinos internacionales, el consumo interno siguió deteriorándose.
Según datos de CICCRA, el consumo de carne vacuna cayó 6,1% interanual en mayo y alcanzó el nivel más bajo de las últimas dos décadas. El fenómeno no parece responder únicamente a cambios culturales o alimentarios sino, fundamentalmente, al deterioro del poder adquisitivo y al encarecimiento relativo del producto dentro de la canasta familiar.
Este escenario también tiene consecuencias para carnicerías y comercios especializados. Menos consumo significa menor rotación, más dificultad para sostener estructuras comerciales y mayores tensiones sobre márgenes de rentabilidad.
Sin embargo, tampoco ahí aparecieron declaraciones contundentes cuestionando el funcionamiento general del mercado o reclamando medidas de alivio sobre factores estructurales. La discusión se activó cuando apareció una oferta más barata impulsada desde el ámbito municipal.
El consumo cae y el comercio también
La situación del comercio pyme tampoco comenzó con la Feria de la Carne. Según el Índice de Ventas Minoristas de CAME, las ventas cayeron 1,2% interanual en mayo y acumulan una baja del 3,1% en los primeros cinco meses de 2026. La consultora Scentia mostró una tendencia similar y registró una caída del 3,8% interanual del consumo masivo, además de una baja mensual del 4,7% respecto de marzo.
Los datos muestran algo más profundo que una desaceleración transitoria. Mientras las farmacias crecieron 8,2% interanual, sectores vinculados al consumo cotidiano y discrecional continuaron mostrando caídas importantes. Rubros como bazar, decoración, muebles y equipamiento del hogar acumulan retrocesos sostenidos.
No parece una señal de recuperación ni un problema aislado de algunos sectores. Es una economía donde cada vez más familias concentran recursos en gastos básicos y reducen consumo en el resto de las actividades. Ese contexto golpea directamente sobre almacenes, carnicerías y comercios de cercanía.
Cierre de empresas: el dato más incómodo
Si el argumento es defender el entramado productivo y comercial, probablemente haya pocos indicadores más relevantes que este.
Según datos del Sistema de Riesgos del Trabajo, desde diciembre de 2023 cerraron 26.448 empresas empleadoras. El 98% correspondió a pequeñas y medianas empresas.
La composición del dato ayuda a dimensionar el fenómeno: 17.630 empresas tenían un empleado, 3.391 tenían dos trabajadores y miles más pertenecían al universo de pequeñas estructuras comerciales. Entre esos cierres hubo comercios de barrio, emprendimientos familiares y actividades ligadas al mercado interno.
Las estimaciones privadas incluso proyectan que 2026 podría cerrar con hasta 600.000 empleos menos.
No todas las bajas responden a una única explicación ni todos los sectores fueron afectados del mismo modo, pero cuesta sostener que una feria municipal representa una amenaza mayor que un escenario donde desaparecen miles de unidades económicas.
Por eso aparece una pregunta inevitable: ¿el cierre de empresas, la caída del empleo y la pérdida de actividad no merecen una reacción institucional equivalente?
Impuestos, tarifas y costos: una discusión incompleta
Las entidades empresarias sostuvieron que si desaparecieran impuestos nacionales, tributos provinciales y tasas municipales podrían ofrecer precios similares a los observados durante la feria. La discusión merece darse, pero completa.
Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, aproximadamente el 30% del valor final del kilo corresponde a impuestos nacionales. A eso se suman aumentos acumulados en combustibles líquidos, mayores costos logísticos, alquileres y servicios públicos.
Las tarifas acumulan incrementos extraordinarios desde fines de 2023 y continúan bajo esquemas de actualización permanente. Para cualquier comercio, esos costos dejaron de ser marginales y pasaron a formar parte central de la estructura operativa.
Por eso el planteo también admite otra lectura. Si el propio diagnóstico empresario reconoce que una parte significativa del costo se explica por impuestos nacionales, energía y logística, resulta llamativo que el reclamo político se concentre principalmente sobre medidas municipales y provinciales.
El precio de los alimentos y una pregunta pendiente
Hay un último dato que tampoco puede ignorarse. Según un relevamiento de Analytica, Salta aparece entre las provincias más caras del país para comprar alimentos y bebidas, con una canasta cercana a $917.652 mensuales, ubicándose en el séptimo lugar nacional.
Eso ocurre en una provincia cuyos ingresos están lejos de los niveles salariales de los grandes centros urbanos.
Además existe una dispersión de precios difícil de explicar únicamente por costos. Dentro de una misma ciudad pueden encontrarse diferencias importantes para productos similares y servicios equivalentes. La discusión entonces deja de ser exclusivamente si una feria altera el mercado.
También obliga a preguntarse si existe alguna responsabilidad del propio sector comercial sobre los precios que terminan pagando los consumidores.
La Feria de la Carne probablemente no resuelva ninguno de estos problemas ni modifique el funcionamiento económico de fondo. Pero sí dejó algo expuesto: hay sectores que convivieron durante meses con importaciones crecientes, caída del consumo, cierre de empresas, aumento de costos y pérdida de actividad sin grandes cuestionamientos públicos. El momento elegido para encender las alarmas fue cuando apareció una experiencia local que, aunque sea por unas horas, logró vender más barato.