Todo indica que este 24 de marzo Martín Moreno y Jorge Méndez continuarán privados de su libertad en la localidad de Orán mientras se encuentran en huelga de hambre. Ambos son presos políticos del gobierno de Juan Manuel Urtubey, detenidos el 4 de marzo cuando intentaron encadenarse en el ingreso a la planta azucarera del ingenio El Tabacal para reclamar por sus puestos de trabajo. En las elecciones para la dirección del Sindicato de Trabajadores del Azúcar del miércoles 28 los detenidos son candidatos en diferentes listas.

A 42 años del último golpe cívico, eclesiástico y militar los presos políticos son una realidad corriente en la democracia Argentina. Moreno y Méndez fueron despedidos por la multinacional yanqui Seabord Corporation, que administra el ingenio azucarero de El Tabacal en el norte de la provincia, junto a otros 179 trabajadores más el 26 de enero.
Excusada en una reducción de su margen de ganancias resultado de los ajustes en los gravámenes tributarios para la producción agro industrial y de etanol que el gobierno provincial cerró con el pacto fiscal acordado con nación, la empresa extranjera decidió que en la planilla de obreros de fábrica y campo sobraban 181 puestos de trabajo, sobre todo aquellos que eran ocupados por exdelegados, delegados y trabajadores reconocidos por su activismo.

Tras conocerse la decisión mediante comunicados de prensa y declaraciones mediáticas de los actuales gerentes de la Seabord, Amura y Rossi, la respuesta de los trabajadores y de sus familias en el pueblo de Hipólito Yrigoyen no se hizo esperar y una asamblea de los despedidos puso en pie una olla popular en la plaza 9 de julio, desde donde empezaron cortes intermitentes de la ruta 50 y actividades culturales para ganar el apoyo del pueblo.

Las negociaciones
La conciliación obligatoria llegó apenas se abrió el conflicto. El Sindicato de Trabajadores del Azúcar, dirigido por Martín Olivera, y que tendrá elecciones este 28 de marzo, sostuvo una posición de defensa pasiva de los puestos de trabajo, entregando el mando de las acciones directas a los trabajadores despedidos que se auto convocaron, mientras que intentó terciar en las negociaciones de la conciliación obligatoria, depositando confianza en esas instancias para lograr las reincorporaciones.

Pero la intransigencia de la empresa y la evidente complicidad del gobierno provincial y la justicia federal y provincial, fueron el muro donde se estrelló la táctica de Olivera, que se vio superada cuando la policía de la provincia reprimió tras la orden del juez federal de Orán, Gustavo Montoya.

La represión del viernes 9 de febrero en Hipólito Yrigoyen, donde hubo una familia cuya casa fue requisada sin orden judicial, innumerables heridos y detenidos, encontró una enorme resistencia popular que obligó a retroceder a la infantería hasta que tuvo que retirarse.

Luego de este episodio, la resistencia obrera se vio amenazada directamente por Gendarmería Nacional y la Policía Federal, que llegó con un fuerte contingente para instalarse dentro de la misma planta azucarera y desplegar un operativo de control en las zonas aledañas. La militarización de las localidades de Hipólito Yrigoyen, Colonia Santa Rosa, Orán y Pichanal, fue denunciada por los mismos trabajadores y los partidos del Frente de Izquierda.

Fin de la negociación
Las negociaciones de la conciliación obligatoria terminaron la semana del 5 de marzo y la empresa concretó los despidos depositando las indemnizaciones. Esta situación límite, en un pueblo donde la principal y más importante fuente de trabajo es el ingenio, llevó a una medida desesperada a Moreno y Méndez que intentaron encadenarse en el ingreso de la planta azucarera, fueron descubiertos y detenidos por el personal de seguridad privado y la policía de la provincia. Los medios de comunicación, empezando por el diario El Tribuno, no desperdiciaron oportunidad para montar con el material provisto por la policía una operación mediática de demonización de los trabajadores tildándolos de “delincuentes”, tal como afirma Gisella Rodríguez, esposa de uno de los trabajadores detenidos: “a mis hijos tuve que explicarles que su papá estaba preso, pero que su papá no es un delincuente, su papá es un trabajador que estaba peleando por sus derechos”.
Gisella también destaca que “la justicia quiere crearle nuevas causas cuando ya no tienen fundamentos (…) los policías que fueron a testificar se contradicen entre ellos, ahora nadie se quiere hacer cargo de lo que se encontró, ahora ya no encontraron granadas, ya no encontraron bombas molotovs, no sé qué más quiere la jueza Sofía Fuentes y el juez Oyarzún, para darles la libertad a ellos, así sea que quiera imputarles estrago doloso ya tendrían que estar libres”.

Elecciones
Este 28 de marzo tendrán lugar las elecciones de la nueva Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores del Azúcar. En diálogo con este semanario, un trabajador despedido aclaraba que para las elecciones de esta semana entrante se presentan un total de 6 listas, siendo tres de ellas conformadas por trabajadores despedidos en su totalidad o parcialmente: la lista Verde, encabezada por el actual secretario general Martín Olivera; la lista roja, encabezada por Porfidio González y que lleva como secretario adjunto a “Mencha” Méndez, uno de los detenidos; y la lista Naranja, encabezada por otro de los trabajadores detenidos, Martín Moreno.

Qué dice la Historia
Hace 43 años, el 20 de marzo de 1975, tuvo lugar el conocido como “Segundo Villazo” en Villa Constitución, provincia de Santa Fe. En el lugar se encontraba un centro fabril metalúrgico y metalmecánico, donde había plantas industriales de PASA Petroquímica, Jhon Deere y Massey Fergusson, entre otras, como Acindar donde funcionó por primera vez un centro clandestino de detención antes de la dictadura.

En diciembre de 1974 la Lista Marrón, conformada por trabajadores de base y antiburocráticos, ganó las elecciones de la Comisión Directiva de la seccional local de la UOM, que se supo oponer en soledad al liderazgo de Lorenzo Miguel. Cuatro meses más tarde Villa Constitución fue invadida por asalto por una operación de grupos para estatales, las FFAA y la policía, los miembros de la nueva Comisión Directiva fueron detenidos, junto a otros 300 trabajadores más a lo largo del proceso de resistencia que se abrió durante 59 días. La CGT Regional fue disuelta e intervenida al igual que la seccional de la UOM.

Salvando las diferencias, lo que acontece en el norte provincial en las localidades de Hipólito Yrigoyen y Orán, es sin embargo, un botón de muestra de que muchas de las prácticas y métodos utilizados antes de la dictadura e incluso durante por la justicia, los gobiernos y las fuerzas de seguridad, permanecen intactos a la hora de reprimir la organización y acción directa de trabajadores y sus familias.