Por Franco Hessling
Después de los tropiezos con el Corredor de la Fe, comenzará la segunda de ocho etapas que tiene el Plan Área Centro de la Municipalidad de Salta. Se desadjudicó a Premoldeados Norte y se contrató —sin licitación pública mediante— a Las Cortes Construcciones, empresa que pertenece al esposo de una de las juezas de la Corte de Justicia de Salta, valga la redundancia. Evitemos precipitarnos, recorramos la información con sus antecedentes y contexto.
Hace exactamente un año comenzaba a efectuarse en Salta el Plan Área Centro, que el intendente capitalino, Gustavo Ruberto Sáenz, había anunciado en febrero de ese mismo año, pero que luego demoró y renombró porque muchos sectores acusaron la falta de diálogo al momento de urdirlo, pese a que se veían directamente afectados por las obras anunciadas (Saeta, la Cámara de Comercio e Industria, las entidades de taxistas y agencias de remises, entre otros). Luego de recibir a esos actores, antes ignorados, y completar los procesos licitatorios, se iniciaron formalmente las tareas en junio de 2017. El plan está dividido en ocho etapas y la primera tenía un presupuesto original de poco más de 62 millones de pesos, se conoció como Corredor de la Fe. Los costos finalmente fueron mayores, hubo que hacer dos y hasta tres reparaciones a los arreglos ya consumados por la empresa que había sido beneficiada con la licitación, Premoldeados Norte. En un primer momento, la Cámara de Comercio e Industria había calculado en 40% las pérdidas que causarían las obras en el centro de la ciudad, con los conflictos de última hora esas pérdidas también se habrían incrementado.
Concluyamos la reseña del megalómano proyecto de Ruberto Sáenz, que se costea con fondos nacionales no reembolsables, para situarnos en la novedad que trae la segunda etapa. Según subrayó en un matutino local de fluidas relaciones tanto con el Gobierno de la Provincia como con su homólogo comunal, el secretario de Obras Públicas del municipio, Wany Caramella, se tomaron medidas para que en las tareas que están próximas a iniciarse no se repitan las desavenencias registradas durante la puesta a punto del Corredor de la Fe. Por sus falencias, y amparada en las bases contractuales, la administración de la ciudad decidió desadjudicar a la firma Premoldeados Norte y, sin convocar a una nueva licitación como correspondería, contrató de modo directo a otra constructora: Las Cortes Construcciones SRL, que, entre otras tareas, en calle España deberá “ejecutar un canal de sección rectangular de hormigón armado”. Según el funcionario municipal del área, “eso trae aparejado un (importante) tiempo de obra por el uso de hormigón y el fraguado, por lo que estamos viendo de hacer un reemplazo por cañerías cerradas, que se fabricarían en Salta”.
Caramella es un hombre reticente a ceder testimonios a los medios, sobre todo si éstos no tienen fluidas relaciones con el Gobierno al que pertenece. De todos modos, en sus sosegadas declaraciones al matutino donde Ruberto Sáenz tiene amigos entre la familia de propietarios, el secretario de Obras Públicas destacó que “esta nueva empresa (Las Cortes Construcciones) tiene antecedentes de obras complejas, de mucha importancia. En ese sentido, estoy tranquilo respecto de la capacidad técnica”. Señaló que además de haber intervenido en las recientes remodelaciones del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, en el marco del Plan Belgrano del Gobierno de la Nación, la constructora también está realizando un edificio sobre avenida Paraguay y suele emprender proyectos en la Capital Federal.
Elegir a dedo
La segunda etapa contará con una erogación de unos 60 millones de pesos (el total de las ocho etapas se calculaba originalmente en aproximadamente 290 millones), por lo que la nueva contratación se debería haber hecho mediante licitación pública, evitando suspicacias. Argumentando falta de tiempo y recursos para volver a celebrar ese proceso que serviría para garantizar transparencia, la Municipalidad, que confió erróneamente en Premoldeados Norte, ahora optó por tramar relaciones con Las Cortes Construcciones de modo arbitrario, sin mecanismos de control que vuelvan proba la contratación.
Siguiendo documentos públicos de la firma, la Sociedad de Responsabilidad Limitada estaría integrada por el ingeniero civil Máximo José Agüero y por la joven estudiante Inés Agüero Ovejero, hija que el primero comparte con la jueza de la Corte de Justicia. Aunque en las inscripciones legales la muchacha declara el mismo domicilio que su padre, lo cierto es que está radicada en Buenos Aires, donde la compañía familiar abrochó importantes negocios. En mayo del año pasado, la familia resolvió extender la duración de la sociedad hasta “septiembre de 2078”, sin cambiar la razón social de la empresa, abocada a proyectos de construcción.
En la página web de Las Cortes Construcciones SRL, se subraya que “es una empresa salteña que nace en el año 1998 con un objetivo claro: diferenciarse del resto de aquellas empresas que desarrollan su actividad dentro del ámbito de la construcción”. Y luego se añade: “Priorizar lo cualitativo por sobre lo cuantitativo, esto es garantizar la calidad y funcionalidad de los trabajos, partiendo de un diagnóstico acertado, un proyecto acorde a las necesidades y una ejecución que respete todos los parámetros que hacen a la calidad. Conformamos un equipo multidisciplinario que nos permite brindarle la solución que usted necesita”. Además, en el sitio se apuntan dos direcciones para la compañía, una en Salta y la otra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Entre las obras que la propia constructora destaca en su web se encuentran la mencionada en el marco del Plan Belgrano, es decir las remodelaciones en la pista de despegues y aterrizajes de Salta, y también otras en CABA y otros sitios del interior del país, como Paraná. Mencionan algunos de sus clientes haciendo evidente qué gestión pública ha venido depositando confianza, y billetes, en sus servicios: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la administración de Aeroparque en el 2017. Las Cortes también fue contratada por importantes empresas, La Caja aquella de más renombre nacional, mientras que en el plano provincial la colchonería Zozzoli SA.
Para cerrar digamos que los vínculos entre Ruberto Sáenz y el apellido Cornejo no se agotan en la reciente contratación directa en favor de la empresa de la familia de Teresa Ovejero Cornejo. Sin que ello implique parentesco probado, aunque sí una evidente endogamia entre las clases dominantes de la sociedad salteña, el intendente está casado con Elena Cornejo San Miguel, quien también ocupa un cargo en el área cultural del municipio.