No somos el único país que exporta alimentos. Pero entre esos países, somos el único que tiene alta inflación y que vive queriendo castigar por ello a los productores. Por Valeriano Colque

En la Bolsa de Comercio de Rosario, principal mercado de referencia para la cotización de los granos en Argentina, la tonelada de trigo se ubicó a 18.900 pesos el último viernes; es decir, 18,90 pesos el kilo.

A nivel nacional, no hay una referencia como esa para el valor del kilo de pan. Pero como un parámetro aproximado, se puede tomar la última actualización de ese indicador fue el 19 de enero pasado y ubica al kilo en un rango de entre 140 y 155 pesos (francés y miñón) y 220 pesos (tortilla).

Si se toma entonces una base de 150 pesos, eso significa que el trigo impacta en 12,6 % del valor final del pan.

El cálculo actual no cambia demasiado con la incidencia histórica: en agosto pasado, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (fada) estimó una participación del trigo del 12,3 %; hace dos semanas, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires la ubico en 13 %.

¿Qué significa esto? En la actualidad, el trigo tributa 12 % de retenciones, una alícuota que podría elevarse como máximo al 15 % que es el tope establecido por la Ley de Emergencia Económica vigente.

Si tal como advirtió el presidente Alberto Fernández, los derechos de exportación suben en tres puntos porcentuales, sería un incremento del 25 % que debería implicar un achique de la misma dimensión en el precio interno.

Es decir, el kilo de trigo debería bajar a alrededor de 14 pesos. En conclusión, el precio en el mostrador del kilo de pan solo se reduciría cinco pesos, el valor de un par de caramelos, o 3%, desde los 150 pesos tomados como base del análisis.

Lo anterior es aritmética pura y resulta una suerte de comprobación del argumento esgrimido por los productores para rechazar con dureza la intención del Gobierno de subir las retenciones o imponer cupos de exportación: la materia prima incide muy poco en el precio final de los productos en góndola.

En la carne, otro de los productos sensibles, esta relación es aún peor: según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, solo 7 de cada 100 pesos que cuesta un asado corresponden al maíz.

Expresado de otro modo: el argumento oficial de incrementar las retenciones para proteger la mesa de los argentinos no tiene sustento. Y un botón más de muestra es que ya en los años en que se practicó esta estrategia, impulsada por el mismo partido que hoy gobierna, el efecto sobre la inflación fue nulo.

Las intervenciones de los mercados agropecuarios, a través de los derechos de exportación y los registros de operaciones de comercio exterior (ROE), tuvieron su mayor auge entre 2011 y 2015, un período con un contexto macroeconómico similar al actual: reducción de las reservas internacionales, aumento de la inflación y profundización del agujero fiscal.

En aquel entonces, las retenciones eran mayores que las actuales: 23 % para el trigo y 20 % para el maíz. Además, la carne bovina pagaba 15 % (en la actualidad, 9 %). Y regían los ROE para los tres productos.

Como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) estuvo intervenido y sus cifras en esos años no fueron confiables, se pueden observar las de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Si se toma el período enero de 2013 a enero de 2016 (la serie histórica arranca en julio de 2012), por ejemplo, el kilo de pan francés se incrementó 114 %, de 13,30 pesos a 28,50 pesos; y el kilo de asado subió 170,5 %, de 39,40 a 106,60 pesos. La inflación general de los alimentos, en ese período, fue del 124 %.

Es decir, ni las retenciones ni los ROE evitaron que esos alimentos subieran, por lo menos, a la par de la inflación. Y en el caso de la carne, aún más.

Un problema es que esas intervenciones afectaron la inversión de los productores: la siembra de trigo, por ejemplo, se redujo a un promedio de apenas cuatro millones de hectáreas anuales, un piso histórico. Y el stock vacuno, que a fines de 2008 era de 60 millones de cabezas, cayó hasta 45 millones.

La lógica de la economía se impuso: a menos oferta y demanda al menos estable, el resultado fue que los precios nunca amainaron.

Asimismo, puede no ser simpático señalarlo en un contexto de crisis, pero hay evidencia que indica que los precios que se pagan en Argentina por los alimentos no son caros, al menos en comparación con el promedio de otros países.

Un estudio del Ieral de la Fundación Mediterránea, por ejemplo, analiza los valores en dólares, al tipo de cambio oficial, en 103 naciones, según un relevamiento de las plataformas Numbeo y Preciosmundi.

De acuerdo con este reporte, en el caso de la carne vacuna, Argentina está en el puesto 92; es decir, solo hay 11 países donde el precio es más caro, y 91 en los que es más barato. Traducido: si el asado está caro para el asalariado argentino, es culpa de un salario retrasado en el que nada tienen que ver el productor y el precio que le pagan por sus granos y su hacienda.

Por otro lado, el presidente repitió el argumento de la necesidad de “desacoplar” el valor que cobran los productores argentinos de los precios internacionales.

Con las retenciones y la brecha cambiaria, ese “desacople” ya existe. El caso del maíz: el precio FOB actual es de 250 dólares, que convertidos a moneda nacional a tipo de cambio oficial, significan unos 22.000 pesos.

Descontados los gastos comerciales y las retenciones, el valor que se está pagando en Rosario ronda los 18.000 pesos. Pero si el productor quiere volver a comprar dólares, tiene que pagarlos a 150 pesos, lo que significa unos 120 dólares, la mitad de lo que percibiría en cualquier otro país productor del mundo

La simplificación presidencial es inadmisible. El productor, lo sabemos todos, no es el formador de precios.

El Gobierno nacional reactivó las tensiones con el sector agropecuario a través de la palabra presidencial, que con un tono contenido pero agresivo se mostró decidido a enfrentarlos en nombre de una supuesta defensa de “la mesa de los argentinos”.

En una entrevista Alberto Fernández aseguró que podría “subir retenciones o poner cupo” a las exportaciones si los productores de alimentos trasladan los precios internacionales al mercado local. El razonamiento presidencial es que el productor de carne no puede cobrarle lo mismo al carnicero de la esquina que al Estado chino. “Tienen que entender que son parte de Argentina”, señaló, donde nadie cobra en dólares sino en pesos.

Con ese análisis, el Presidente dijo que está dispuesto a tomar medidas drásticas para defender “la mesa” del ataque de los productores agropecuarios. Para sostener esa defensa, explicó que la inflación que padecemos no guarda relación con la devaluación del peso, que es una decisión que depende de su equipo económico y del Banco Central, sino con la especulación. La asociación es inevitable: los productores agropecuarios especulan para obtener mayores ganancias a costa del pueblo.

La simplificación presidencial es inadmisible. Omite, entre otras cuestiones, que desde el productor de materias primas hasta el almacén del barrio o las compras chinas hay una cadena de agentes que van condicionando el precio final.

El productor, lo sabemos todos, no es el formador de precios. ¿Cuántas veces hemos visto protestas de productores regalando verduras, frutas o leche, disconformes porque reciben por sus producciones una ínfima fracción de lo que abona el consumidor en el supermercado?

Además, aunque la moneda nacional sea el peso, los costos de producción de casi todo lo que consumimos están dolarizados en un gran porcentaje. Por lo tanto, para defender nuestra mesa, en vez de atacar a los productores, a los inversores, a los exportadores, el Gobierno debiera defender el valor del peso. Que no sufre a diario los embates de viles especuladores, sino el impacto de una macroeconomía desquiciada por décadas de malas regulaciones, emisión descontrolada, alta inflación crónica, déficit fiscal constante a pesar de una siempre creciente presión tributaria, y falta de dólares para funcionar con relativa normalidad.

No somos el único país que exporta alimentos. Pero entre esos países, somos el único que tiene alta inflación y que vive queriendo castigar por ello a los productores.