El nuevo régimen de regalías que se conoció esta semana ratifica que la Provincia cada vez produce menos y cobra poco a los que explotan el gas y el petróleo. Sin autonomía financiera, los ajustes de Nación afectan directamente la economía provincial. (Nicolás Bignante)
A través del decreto 744/18, el Ministerio de Economía oficializó los nuevos porcentajes de regalías petrolíferas y gasíferas correspondientes a los departamentos productores. La caída estrepitosa de la producción de estos combustibles en el territorio provincial desde 2006 a la fecha motivó estas modificaciones tendientes a equiparar la distribución entre los municipios productores y los no productores. Todo esto ocurre mientras desde el Gobierno provincial se abren las puertas a los mega emprendimientos de litio y, por otro lado, se debate sobre cómo llevar adelante el ajuste encomendado por Nación de la manera menos tosca posible.
La dependencia con respecto a los fondos nacionales y el papel de las regalías en la autonomía provincial son dos aristas a analizar para entender los encontronazos que la política y la economía han tenido por estos días. Algunos números y cálculos resultan necesarios para ayudar a entender el desbande de la producción petrolera y gasífera.
Hacer una estimación de la producción de gas y petróleo en Salta resulta engorroso, pero a la vez fundamental para dilucidar la incidencia de las regalías en la economía provincial. Por los derechos de explotación de gas y petróleo, las empresas estatales —YPF y Gas del Estado— y privadas, deben girar a la provincia el 12% del valor de la producción mensual declarada. Conforme a lo establecido por la ley 6438, sancionada en 1987, el 80% del monto total de esa recaudación se destina a las arcas provinciales, mientras que el restante 20% se distribuye exclusivamente en los municipios de los departamentos productores.
Todo esto ocurre mientras desde el Gobierno provincial se abren las puertas a los mega emprendimientos de litio y, por otro lado, se debate sobre cómo llevar adelante el ajuste encomendado por Nación de la manera menos tosca posible.
De ese 20% restante, la ley establece que los municipios productores de gas o petróleo deben repartirse un 11,25% conforme a dos criterios: el nivel de producción 5% y la población de acuerdo al último censo 6,25%. Los municipios no productores, pero que comparten departamento con otros que sí producen, se llevan el 5% de las regalías totales; aquí el único criterio rector es el poblacional. El 3,75% restante se destina a dos fondos: El fondo de desarrollo departamental, distribuido de manera inversa a la población y destinado a obras de infraestructura y promoción agroindustrial; y el fondo compensador de municipios no productores, cuyas partidas están destinadas a atender servicios. Ambos se quedan con 1,25% y 2,5% respectivamente.
La repartija de recursos entre los municipios está delegada a la contaduría general de la provincia. Allí se establecieron los nuevos porcentajes correspondientes a los índices poblacionales actuales y al nivel de producción de cada uno de los municipios, cuyos datos proporciona la Dirección general de Recursos Energéticos y Mineros. De allí se extrae que los valores correspondientes a cada uno de los municipios, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año, buscan equilibrar las diferencias entre municipios productores y no productores.
El detalle
Para los municipios productores, el esquema de distribución es el siguiente Aguaray: 1,34%, General Mosconi: 2,76%, Tartagal: 2,16%, Pichanal: 1,04%, Rivadavia Banda Sur: 0,24%, Salvador Mazza: 0,97%, General Ballivián: 0,12%, Orán: 1,83 % y Metán: 0,69%.
Para los no productores que, además cuentan con el beneficio de los fondos compensador y de desarrollo, los porcentajes son: Embarcación: 1,48%, Hipólito Yrigoyen: 0,67%, Colonia Santa Rosa: 0,95%, Urundel: 0,38%, Rivadavia Banda Norte: 0,61%, Santa Victoria Este: 0,65%, Aguas Blancas: 0,44%, El Galpón: 0,54% y Río Piedras: 0,45%.
En Salta, la obtención de petróleo y la extracción de gas están completamente vinculadas, por lo que toda la producción está circunscripta a cuatro áreas: Ramos, Acambuco, Aguaragüe y Puesto Guardián. Los cuatro sectores abarcan una extensión de 52.000 kilómetros cuadrados. En todos los casos, la producción de combustible ha caído paulatinamente en los últimos 12 años. Los pronósticos no son alentadores y no se avistan señales de recuperación. Tal es así, que más de un intendente deja entrever la posibilidad de que estos yacimientos vayan apagándose de a poco. La suma de la producción de cada uno de estos emprendimientos nos acerca a la producción total de gas y petróleo en la provincia.
Según los datos proporcionados por el IAPG (Instituto Argentino del Gas y el Petróleo), en mayo de 2018, los cuatro yacimientos produjeron en promedio un total de 646 metros cúbicos de petróleo y 5.634.000 metros cúbicos de gas por día. Tomando como referencia los valores de mercado —u$s77 el barril de petróleo y $3,93 el metro cúbico de gas—, la producción diaria de gas y petróleo en la provincia alcanza los $30.897.136, lo que arroja una producción mensual de $926.914.080. Si bien, en términos nominales las cifras fueron en aumento, quitando los efectos de la devaluación —o simplemente considerando los volúmenes de producción— la extracción de combustible en la provincia está por debajo de la mitad de lo que se obtenía en mayo de 2006.
Las regalías petrolíferas que han de repartirse los municipios antes mencionados rondarían, según este cálculo, los $111.228.000. Las empresas operadoras en los cuatro yacimientos son: Pan American Energy S.A., Pluspetrol, Tecpetrol S.A. y President Petroleum S.A. El artículo 4 de la ley establece que «la efectiva transferencia de los fondos a los municipios deberá realizarse en forma inmediata, no pudiendo dicho trámite exceder las cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir del momento que ingresan a la provincia».
Ahora bien, a medida que la torta se iba achicando, los intendentes de los municipios productores ponían más énfasis en sus quejas al Gobierno provincial. Ya fuera por insuficiencia de fondos o simplemente por desidia, los ciudadanos raramente contemplaban los beneficios de esas partidas. Los antiguos cálculos propiciados por la Contaduría General apuntaban y beneficiaban a los municipios no productores y de menor implicancia en términos demográficos. El nuevo cálculo exhibe, además de la crisis productiva, el reclamo de los intendentes de las localidades más populosas del interior provincial.
En la lista de las 12 provincias productoras, Salta se encuentra de mitad de tabla para abajo. De la producción total de petróleo, aporta hoy el 0,85% de los m3 extraídos a nivel nacional.
En la lista de las 12 provincias productoras, Salta se encuentra de mitad de tabla para abajo. De la producción total de petróleo, aporta hoy el 0,85% de los metros cúbicos extraídos. Por detrás sólo vienen Formosa, San Juan y La Rioja. En cuanto al gas natural, la producción salteña representa el 4,55%, ubicándose en el octavo puesto del ranking. Muy distantes han quedado las cifras de 2008, cuando la participación salteña en la producción de petróleo y gas representaba el 19,4% y 9,64% respectivamente.
A comienzos de año, la ministra de Producción, Paula Bibini, anunció que la Provincia preparaba una licitación de áreas hidrocarburíferas en yacimientos convencionales y no convencionales, cuya extensión alcanza los 61.000 kilómetros cuadrados. Poco y nada ha quedado de aquel anuncio salvo la reunión que mantuvo la Provincia con funcionarios del área energética de los Estados Unidos. Nada se ha dicho tampoco, de cuál será el destino económico y ambiental de los habitantes de: Algarrobal, Cuchuma, Guayacan, Ipaguazu, Las Cañitas, Lumbrera, Ojo de Agua, Pichanal, Pocoy, San Carlos, San Ignacio, San Telmo, Santa Rosa, Tolar Grande y Yaguaridenda.
Parte de la explicación a por qué ha caído tanto la producción gasífera y petrolífera en Salta está relacionada con el abandono de las inversiones y la dependencia importadora. Pero otra explicación parte de analizar la situación a nivel nacional. Un informe del Instituto Argentino de la Energía da cuenta de que, en los últimos 10 años, la producción anual de petróleo se contrajo en promedio 2,4% por año; mientras que el gas (en su mayoría de extracción asociada) tuvo una caída del 1,4% anual. Muchas de las empresas que operan en el país reorientaron sus inversiones hacia Bolivia a medida que caía la producción local.
La reactivación energética es clave si el Gobierno provincial pretende alcanzar las metas impuestas por Nación, para ajustar las cuentas y bajar el déficit. Lo que hasta ahora son sólo señales de apertura a las inversiones, no llegan a responder con exactitud de qué manera el gobierno llevará adelante el «ajuste amigable» que presentó en sociedad de la mano de Fernando Yarade. De allí que se muestre exultante a la hora de anunciar convenios de explotación de litio con mega empresas internacionales.
Parte de la explicación a por qué ha caído tanto la producción gasífera y petrolífera en Salta está relacionada con el abandono de las inversiones y la dependencia importadora. Pero otra explicación parte de analizar la situación a nivel nacional.
Menos regalías, más ajuste
Mientras todo esto transcurre, la Provincia recibió esta semana el pedido del Gobierno nacional de recortar $3.630 millones. Todo esto parte del esquema nacional de ajustes que prevé reducir $300 mil millones —$200 mil millones absorberá Nación y 100 mil millones las provincias— para 2019. Por estos días, el Gobierno provincial se debate entre recortar por paritarias o por obras públicas, entre otras opciones. Desde Nación, según consignó el ministro Emiliano Estrada, ya habrían adelantado que el 50% del achique vendría por obras públicas. Por otro lado, la eliminación del incentivo docente que el Gobierno nacional parece evaluar cada vez más seriamente, cargaría sobre la Provincia la responsabilidad de volcar $857 millones en aumentos salariales, según dijo el propio Estrada.
Juan Urtubey, quien se había erigido como el paladín nacional en defensa de la coparticipación, hoy se encuentra más enredado que nunca en su faceta de “opositor que coopera y no obstruye”. “Todos estamos colaborando. Lo del Gobierno no es una dádiva, es el cumplimiento de la Constitución. Que otro no haya cumplido no quiere decir que haya que festejar ahora. El Gobierno nos transfiere lo que corresponde. No es para aplaudir”, había manifestado meses atrás a La Nación. Sea como fuere, la disposición nacional —en consonancia con el pedido del FMI— difícilmente admita apelaciones, ya que buena parte de los gobernadores peronistas se dispone a apoyarla.
En una provincia cuyo presupuesto está atado en más de un 70% a los fondos coparticipables de Nación, el papel de las regalías hidrocarburíferas cobra una relevancia superlativa en pos de la autonomía financiera.