Solo se regisraron 16 condenados. El número surge de las causas ingresadas a la Fiscalía Penal de Derechos Humanos y fueron dados a conocer en el Informe Anual del Comité para la Prevención de la Tortura de Salta.
La Fiscalía Penal de Derechos Humanos perteneciente al Ministerio Público Fiscal de Salta informó al Comité para la Prevención de la Tortura que durante al año 2022 ingresaron 1.379 denuncias vinculadas a torturas, apremios, vejaciones o severidades, de las cuales 1.101 corresponden al Distrito Judicial Centro.
Del total, 196 corresponden a averiguaciones preliminares y 365 a actuaciones varias. Además, se abrieron 28 Legajos de Investigación y se realizaron 23 audiencias de debates, dando como resultado 16 efectivos condenados y 7 absueltos.
«El Comité destaca la intensa labor de la Fiscalía Penal en Derechos Humanos en su rol de investigación en todas las causas en que se atribuya, a un miembro de la Policía de la Provincia o del Servicio Penitenciario Provincial, la comisión de un hecho delictivo susceptible de ser considerado como una violación a los derechos humanos, en especial imposición de torturas, vejaciones, severidades y apremios», expresó el CPT en su informe anual. Sumado a ello, el Comité informó que habilitó un área de actuaciones individuales para la recepción y recolección de denuncias de torturas y/o malos tratos, donde se reciben presentaciones de las víctimas, los familiares, derivaciones de otros organismos o sean casos de conocimiento público. En ese sentido, adelantaron la futura creación del Registro Provincial de Casos de Tortura o Malos Tratos.
Entre marzo y diciembre del 2.022, esta área habilitó 58 legajos de actuaciones de personas privadas de su libertad.
Causa Gustavo Orozco y otros 13 agentes policiales
El Comité se constituyó como querellante particular en la causa que fue contra el actual diputado provincial Gustavo Orozco y otros 13 agentes policiales, pertenecientes a la Brigada de Investigaciones N°3 y Comisaría N°31 de Rosario de la Frontera por denuncias de hechos de tortura contra personas privadas ilegalmente de su libertad entre los años 2014 y 2016.
En el marco de la causa, los 13 acusados fueron imputados. Entre algunas de las denuncias, un menor de edad denunció que fue golpeado mientras le colocaron bolsas plásticas en la cabeza; otro denunció que fue golpeado desnudo y también con una bolsa en la cabeza provocándole asfixias; una denuncia donde la víctima fue ahorcada con un cinto, ahogado en un río, desnudado y golpeado con un palo. Todos los denunciantes son jóvenes de bajos recursos económicos, lo que para el Comité indica el diseño de «una política criminal selectiva y direccionada a ese colectivo».
«El día 26/07/2.022 se interpuso formal acusación solicitando se condene a los responsables por los delitos de imposición de torturas en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia. La decisión del organismo de intervenir en asuntos judiciales como los que se investiga ya no puede considerarse una opción o facultad, sino más bien se presenta como imperativo para el cumplimiento de sus fines constitutivos», informaron desde el CPT sobre los avances de las actuaciones.
