Propuso a Gustavo Ferraris para volver a la Auditoría General, aunque esa designación choca con el mismo criterio constitucional que él invoca para impugnar a las juezas de la Corte. Reconoció el error, intentó retroceder y terminó abriendo un debate que ya excede un simple nombramiento.
Kim Im Porta
Durante años, Guillermo Durand Cornejo construyó buena parte de su identidad política alrededor de una idea: denunciar. Primero desde la ONG Codelco, con la que se presentó como defensor de consumidores; después desde una sucesión casi interminable de sellos partidarios —Conservador Popular, Frente Salteño, PRO, Romero+Olmedo y otros tantos— que fueron moldeando una carrera tan cambiante como imprevisible. En el camino también dejó episodios difíciles de olvidar, como cuando promovió el consumo de dióxido de cloro en plena pandemia de COVID-19. Pero pocas veces consiguió quedar tan expuesto por sus propias decisiones como esta semana.
Todo comenzó con un trámite que parecía rutinario. La Cámara de Diputados debía completar las vacantes de la Auditoría General de la Provincia y la Comisión Permanente de Auditoría elevó al Senado dos nombres: el radical Miguel Nanni y Gustavo Ferraris, ex presidente del organismo de control. La candidatura de Ferraris llevaba una firma política inconfundible: la del propio Durand Cornejo.
La escena tenía un detalle que pasó inadvertido apenas unas horas. Ferraris había terminado su mandato el 14 de mayo, luego de diez años como auditor general, período durante el cual protagonizó fuertes disputas internas, especialmente por el informe sobre el Fondo de Reparación Histórica. Su regreso implicaba volver a ocupar un cargo cuya permanencia quedó alcanzada por la reforma constitucional de 2021. Y allí comenzó el problema.
Descubrir la Constitución después de presentar el candidato
La reforma constitucional estableció que los auditores generales ejercerán un único mandato de diez años. Exactamente el mismo razonamiento que Durand Cornejo viene utilizando en la Justicia para cuestionar la continuidad de las juezas de la Corte Alejandra Gauffín y Adriana Rodríguez Faraldo.
En esa demanda, el diputado sostiene que la nueva Constitución no puede interpretarse como un “reinicio del contador” para quienes ya venían ocupando esos cargos. Dicho de otro modo: quien ya cumplió un mandato no puede volver a ser designado. Hasta ahí, la teoría. La práctica resultó bastante menos prolija.
Porque el mismo legislador que sostiene esa interpretación terminó proponiendo a Ferraris para iniciar un nuevo período en la Auditoría General, pese a que ya integró ese organismo durante una década. Es decir, aplicó exactamente el criterio contrario al que intenta hacer valer ante la Corte de Justicia.
La contradicción fue tan evidente que ni siquiera necesitó demasiados adversarios para quedar al descubierto. Cuando le preguntaron por el tema, Durand Cornejo hizo algo poco frecuente en la política: admitió el error.
“Me he equivocado”, reconoció públicamente, antes de anunciar que intentaría retirar la postulación. Aunque inmediatamente aceptó que el expediente ya había seguido su curso legislativo y que su marcha atrás probablemente no modificara el procedimiento.
La imagen ya estaba instalada. El diputado había presentado un candidato que, según su propia interpretación constitucional, nunca debió haber propuesto.
Cuando una designación dice más que un nombre
El episodio dejó de ser un simple traspié legislativo para convertirse en una discusión bastante más amplia. Primero aparecieron los cuestionamientos sobre la propia Comisión Permanente de Auditoría. La Constitución exige que cuatro de sus siete integrantes pertenezcan a la oposición. Sin embargo, la comisión funciona con cuatro legisladores alineados con el oficialismo provincial y apenas tres opositores, situación que motivó una cuestión de privilegio impulsada por el diputado libertario Facundo Lastra y rechazada por la mayoría oficialista.
Pero las interpretaciones políticas fueron todavía más lejos. Ferraris no es un nombre cualquiera dentro de la Auditoría. Antes de dejar la presidencia del organismo protagonizó una fuerte disputa alrededor del informe sobre el Fondo de Reparación Histórica, el multimillonario programa de obras financiado con un crédito internacional durante la gestión de Juan Manuel Urtubey y que terminó convertido en uno de los mayores símbolos de infraestructura inconclusa, expedientes incompletos y preguntas todavía abiertas sobre el destino de los recursos públicos.
Su eventual regreso alimentó especulaciones sobre la conveniencia política de mantener determinadas discusiones vivas dentro del órgano de control de cara al escenario electoral de 2027.
Al mismo tiempo, otros observadores encontraron una derivación todavía más delicada. Si la interpretación constitucional permite que Ferraris vuelva a ocupar un cargo limitado por la reforma de 2021, y si el mismo criterio ya fue utilizado para la continuidad de integrantes de la Corte, entonces esa lógica podría proyectarse sobre otros cargos electivos. Entre ellos, la discusión acerca de una eventual nueva candidatura del gobernador Gustavo Sáenz cuando concluya su actual mandato.
En otras palabras, detrás de una designación administrativa comenzó a asomar una discusión mucho más grande sobre cómo leer —o cómo acomodar— la Constitución reformada. Mientras tanto, dentro de la propia Auditoría tampoco hubo entusiasmo. Trabajadores del organismo cuestionaron que ambas postulaciones recayeran sobre abogados y no sobre profesionales especializados en Ciencias Económicas, además de recordar las tensiones que Ferraris mantuvo con el personal antes de dejar el cargo.
Como si hiciera falta una voz más para completar el cuadro, el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS) también salió a escena. En un duro comunicado calificó el proceso como un retroceso institucional, cuestionó la constitucionalidad de la eventual reelección de Ferraris, pidió que se hagan públicos los antecedentes técnicos que justifican la candidatura de Miguel Nanni y volvió a poner sobre la mesa el pobre desempeño de la Auditoría en el análisis del Fondo de Reparación Histórica.
Quizás esa termine siendo la verdadera enseñanza de esta historia. Durand “Codelco” quiso impulsar un nombre y terminó impulsando un debate. No sobre Ferraris, sino sobre la elasticidad con la que algunos parecen interpretar la Constitución cuando los nombres propios empiezan a aparecer en la boleta. Al final, el diputado retiró su apoyo; lo que no pudo retirar fue el papelón.