El contrato con Agrotécnica vence en 2020, pero la disposición final de los residuos, es una problemática irresuelta. Este, sería el argumento para finalizar anticipadamente la relación. Mientras, esperan agazapados pacientemente en un depósito, treinta camiones recolectores 0Km con una inversión estimada en ciento ochenta millones de pesos.
La empresa que presta servicios destinados a solucionar la problemática de los residuos sólidos y tareas complementarias de higiene urbana en la ciudad de Salta, tiene sus días contados. Según información documental llegada a Cuarto Poder, el contrato de cuatro años renovado en 2016 por el actual gobierno municipal con la empresa Agrotécnica Fueguina llegaría a su fin antes de lo previsto.
Luego de una férrea resistencia, el contrato firmado con la empresa en 2009, fue renovado con las actualizaciones correspondientes, representándole al municipio unos $33 millones mensuales, lo cual engloba los casi 400 millones por año, de acuerdo a una fórmula polinómica estipulada en el documento.
El entonces Secretario de Ambiente municipal Federico Casas, logró introducir algunas mejoras para el servicio que se les brinda a los vecinos de la ciudad. Es así como la empresa debía aumentar el barrido de las cuadras, ampliar el servicio “Separemos Juntos”, y la correspondiente renovación de todo el parque automotor. También se estipuló que la empresa debía incorporar dos camiones almejas, que se sumarían a los dos ya existentes, para optimizar el trabajo en los meses de poda. Finalmente, se establecía que la empresa debía contemplar mejoras para el vertedero San Javier, y en caso de no cumplir, la Municipalidad podría llamar a licitación sobre este punto.
La contratación por cuatro años más vencería en 2020 si la empresa cumpliera en tiempo y forma con los requisitos que el municipio plasmó en el documento. En caso de que el estado municipal considerase que existiera incumplimiento por parte de la empresa, la situación debería estar acreditada mediante multas que, dicho sea de paso, la inhabilitarían de participar en una futura licitación. Es por eso que durante los años que se mantuvo la “buena” relación con Agrotécnica Fueguina, existió un minucioso cuidado de no plasmar ninguna sanción que pudiera ser determinante para la exclusión de la empresa.
La punta del hilo
La prestación del servicio de recolección de residuos y barrido de calles pueden considerarse como realizados de manera óptima por parte de Agrotécnica Fueguina en la zona del micro y macro centro capitalino. Igualmente, no existen mayores quejas respecto al resto de las tareas encaradas en los distintos barrios de la ciudad. Sin embargo, el punto débil de la empresa es sin lugar a dudas, el polémico y controvertido vertedero San Javier, cuya situación —luego de años de denuncias de contaminación— fue llevada a la justicia a través de una acción de amparo ambiental promovida por vecinos de los barrios contiguos al basural.
Los informes de impacto ambiental realizados en 2005, 2006 y 2014 les dan la razón a los vecinos, que esperan que la Justicia escuche su pedido. De igual manera, el informe presentado por los profesionales encargados de auditar a la empresa da cuenta de la falta de gestión de residuos, la ausencia de un verdadero tratamiento de lixiviados y la falta de captura y posterior quema del biogás en el vertedero, por parte de Agrotécnica Fueguina.
La trinchera
Según se ha informado reiteradamente, la habilitación de una cuarta trinchera en el vertedero San Javier es de suma necesidad, pero para ello se requiere de la adquisición de una membrana que para los concejales del Partido Obrero, debiera correr a cargo de la empresa. Sin embargo, ante la urgencia, el municipio se dispuso a comprar la membrana en cuestión, aunque este acto fue objetado por el Tribunal de Cuentas Municipal. Finalmente, la municipalidad anunció que la compra se realizaría mediante licitación, y con fondos provenientes de Nación. Mientras se espera la adquisición de este elemento, la empresa no ha avanzado tampoco en la realización de los estudios previos requeridos, como el de impacto ambiental.
Existen otros requisitos que la empresa desoye, como por ejemplo que la trinchera actual no puede tener mayor altura que el suelo, el proceso de la quema de biogás se realiza sin la barrera vegetal necesaria para que las plantas que se alimentan del dióxido de carbono emitido, al hacer la fotosíntesis, lo transformen en oxígeno.
Antecedentes
Por el colapso de la trinchera III, a inicios del año 2016 se reabrió la trinchera I, que había sido clausurada en 1999. A principio de 2019, los técnicos de Agrotécnica estimaron el plazo de un año para que se llegue a los metros con los que se clausuró.
La trinchera IV, es la que no pudo habilitarse porque depende de la compra de la geomembrana que garantice la impermeabilización y restrinja la posibilidad de filtraciones de líquidos lixiviados por su cercanía con los ríos Ancho y Arenales. La tardanza en la adquisición es porque el costo: $24 millones por la membrana.
Reemplazo preparado
Más allá de la fecha de vencimiento del contrato municipal con Agrotécnica Fueguina, ya hay quienes se preparan para reemplazar a la empresa en la actividad y dedicarse al negocio de la basura.
Se trata nada más y nada menos que del senador Juan Romero, quien asesorado por el diputado provincial moyanista Jorge Guaymás, ya habría adquirido un total de treinta camiones recolectores que en estos momentos se encontrarían celosamente guardados en un depósito, esperando el visto bueno para salir al ruedo.
Pero Romero no ingresaría solo a este rubro, sino que lo haría (según fuentes cercanas) con el aval del mismo presidente Mauricio Macri, con quien han tenido lazos no sólo políticos, sino también de amistad y encuentros familiares.
La historia de la riqueza de la familia Macri no es ajena a la del negocio de la basura que el actual presidente conoce muy bien. El intendente de Buenos Aires en dictadura, Osvaldo Cacciatore, entregó el negocio millonario de la basura por diez años a una empresa del Grupo Macri, llamada Mantenga Limpia Buenos Aires (MANLIBA). Así, los Macri estuvieron a cargo de la mitad de la recolección de la Ciudad hasta 1989. Fue allí que el intendente Carlos Grosso —cercano al Grupo y luego destituido por denuncias de corrupción— renegoció el contrato con los Macri: el Estado porteño pasó de pagar 45 dólares por tonelada recolectada a pagar 68. Los Macri se enriquecieron con el negocio de la basura hasta la llegada de Fernando de la Rúa a la jefatura de Gobierno. Allí se hizo una licitación donde la empresa del actual presidente quedó afuera.
En 2004 le tocó renegociar el contrato a Aníbal Ibarra. Ese contrato debió vencer en 2009, pero el macrismo lo mantuvo por cinco años más —en el que fue aumentando en forma exponencial a través de redeterminaciones de precios— hasta que en 2013 se licitó por diez años más.
Una muestra de la apetencia del exgobernador por avanzar más allá de la compra de estos camiones es el informe presentado esta semana por el Diario El Tribuno —propiedad de la familia del actual senador nacional— en el que con un título catastrófico se anuncia: “Faltan 60 días para el colapso del vertedero San Javier”. La nota anuncia que faltan dos meses para acabose de la trinchera 1 y aún no hay novedades sobre la 4, que empezó a excavarse en 2013 y sigue inconclusa. Tras lo cual se pregunta la periodista: ¿Adónde irá a parar la basura a partir de 2019?
En cuanto a la basura, no podríamos precisarle a dónde irá a parar; como tampoco si un cambio de prestadores del servicio solucionaría la problemática planteada en el vertedero San Javier. Pero lo que sí estamos en condiciones de afirmar es que el negocio con los residuos cambiará prontamente de manos y sin lugar a dudas, se trata de un negocio millonario.