Entre cruces por la “herencia” y críticas de la oposición, Diputados aprobó el endeudamiento provincial por USD 250 millones. Entre nombrar plazas y la urgencia de los barrios: la política de lo accesorio en el Concejo Deliberante.
Leona Del Monte
En el marco de la 21.ª Sesión Ordinaria, la Cámara de Diputados de Salta otorgó sanción a los proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo Provincial para autorizar la emisión de títulos de deuda y la contratación de operaciones de crédito público por hasta 250 millones de dólares.
El esquema contempla USD 150 millones destinados al refinanciamiento de vencimientos de deuda pública derivados de administraciones anteriores —en particular del Plan Bicentenario— y USD 100 millones asignados al financiamiento de obras de infraestructura pública y logística a través de organismos multilaterales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El tratamiento legislativo derivó en un álgido intercambio entre las bancadas sobre la sustentabilidad fiscal de la provincia, la pesada herencia financiera y las formas de procedimiento
Ante los cuestionamientos planteados por bancadas opositoras respecto a la celeridad del trámite y la falta de debate en comisiones, la diputada Laura Cartuccia replicó:
“Me llama la atención en primer lugar el desconocimiento del reglamento. En segundo lugar, el desconocimiento de las leyes a nivel provincial, nacional y constitucional que nos habilitan a este tipo de tratamientos de proyectos.”
En tanto, el diputado Guillermo Durand Cornejo planteó reparos sobre las condiciones en las que la provincia asume nuevos compromisos ante el contexto macroeconómico:
“En el 2016, si todos coincidimos que es una herencia, pero la provincia jurídicamente es la misma provincia y tiene que honrar sus compromisos. Ahora, la forma en cómo va a honrar esos compromisos y si conviene hoy en la situación en la que nos encontramos con la caída del IVA, de Ganancias y la caída de la actividad económica en Salta… La provincia tiene plena competencia de decidir.”
Concejales: Política de cartelería
Mientras los barrios de la capital salteña padecen la parálisis del bacheo, el colapso del sistema de transporte, pérdidas de agua endémicas y una creciente inseguridad vial, el Concejo Deliberante ofreció en su última sesión ordinaria una nueva muestra de desconexión entre la agenda legislativa y las prioridades reales de los vecinos.
Con un temario nutrido en cantidad pero desinflado en sustancia, el cuerpo que preside Darío Madile aprobó un paquete de proyectos donde predominaron los homenajes, las denominaciones de calles y los parches administrativos.
Tres ordenanzas para bautizar un espacio verde en el barrio Mirasoles como “Estado de Israel” y bautizar calles en San Benito y Círculo VI. La fijación del cuerpo por la “política de cartelería” contrasta con el reclamo histórico de esas mismas barriadas, donde las arterias no necesitan únicamente un nombre en una placa, sino cordón cuneta, enripiado y alumbrado básico.
El tratamiento de la decena de proyectos de resolución que le “solicitan” al Ejecutivo Municipal tareas tan elementales como tapar pozos, reparar luminarias LED o enviar el camión de castración a las inmediaciones del Relleno Sanitario San Javier. Esta práctica, naturalizada en el recinto de avenida República del Libano, expone un doble problema: un Concejo que funciona como una simple mesa de entradas de reclamos vecinales que la Intendencia no canaliza por las vías operativas correspondientes. Los ediles votan sistemáticamente “pedidos de minuta” que carecen de fuerza ejecutiva, convirtiendo la banca en un mostrador de reclamos de los cuales el Ejecutivo municipal luego no rinde cuentas.
La distracción de los honores
Para completar la jornada, no faltaron los habituales beneplácitos y reconocimientos a trayectorias personales e institucionales. La aprobación sobre tablas de homenajes y apoyos simbólicos —como la declaración sobre la atención de afiliados del PAMI— le permite a la dirigencia capitalina mostrar hiperactividad legislativa en las actas, mientras los grandes debates sobre la cobrabilidad de las tasas municipales, la calidad de la obra pública contratada y el control de la concesión del transporte público siguen ausentes o pateados para el final del período legislativo.