En el transcurso del debate también se presentaron datos sobre el estado de las pensiones y las prestaciones que aún se encuentran pendientes de pago.
La Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto de declaración mediante el cual solicita que el Presupuesto Nacional 2027 garantice el financiamiento y la continuidad de las políticas públicas dirigidas a personas con discapacidad. La iniciativa responde a la inquietud de los legisladores provinciales ante el debate que se está desarrollando a nivel país sobre los recursos que se asignarán al sector.
La diputada Laura Cartuccia fue la responsable de fundamentar el pedido y aclaró que no se busca un trato especial para la provincia, sino simplemente que se respeten los derechos adquiridos: «No estamos pidiendo un privilegio al gobierno nacional, simplemente queremos que se cumplan los derechos», expresó. En su exposición, la legisladora presentó datos alarmantes sobre la demora en la resolución de pensiones por discapacidad en Salta: desde 2024 se iniciaron unos 90.700 trámites, de los cuales apenas 10.370 fueron resueltos, dejando aproximadamente 80.400 solicitudes sin respuesta. Cabe aclarar que estas cifras fueron aportadas por la diputada y no constituyen una estadística oficial auditada.
Cartuccia remarcó que si bien es deber del Estado realizar controles, también lo es brindar respuestas a los ciudadanos. Reconoce que las irregularidades deben investigarse, pero cuestionó que el argumento de las auditorías se utilice para justificar todas las demoras: «No toda persona con discapacidad es sospechosa, no toda demora se justifica con la palabra ‘auditoría'», afirmó.
Asimismo, es importante tener en cuenta que el debate presupuestario se da en un contexto de tensión en el sector ya que continúan las auditorías nacionales sobre pensiones y hubo recientemente un cambio de autoridades en la Secretaría Nacional de Discapacidad, donde Pablo Di Liscia asumió en reemplazo de Alejandro Vilches.
La diputada también detalló el alcance de estas políticas en la provincia, debido a que Salta cuenta con 65.000 personas con Certificado Único de Discapacidad, casi 40.000 beneficiarios de Incluir Salud y más de 32.000 titulares de pensiones no contributivas. «Son salteños que no saben qué va a pasar», advirtió.
Con la aprobación del proyecto, la Cámara baja salteña expresa formalmente su reclamo, aunque se trata de una declaración de posición política que no modifica por sí misma el Presupuesto Nacional, que sigue siendo competencia del Congreso de la Nación.