La iniciativa establece que los candidatos no deberán tener antecedentes.
La Cámara de Diputados de Salta aprobó el proyecto de ley para modificar el artículo 44 de la Ley 6042, Orgánica de Partidos Políticos Provinciales y Agrupaciones Municipales, en la que se establecen nuevas condiciones para las candidaturas a cargos electivos.
“Ficha limpia”, busca evitar que personas condenadas o con antecedentes judiciales lleguen a ocupar cargos públicos.
De acuerdo a lo que establece la medida, quedarán excluidos “las personas con auto de procesamiento o condena por genocidio crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma como crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, por hechos acaecidos entre el 24 de marzo de 1.976 y el 10 de diciembre de 1.983”.
Además, las restricciones también abarcarán a aquellas personas “que se encuentren condenadas, en Juicio Oral y Público, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso”.
A raíz de esto, los partidos políticos o alianzas electorales deberán exigir a todos los precandidatas/os y candidatas/os titulares y suplentes que integren sus listas el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia. El citado certificado se deberá acompañar junto con la presentación de listas, tanto en las elecciones primarias como en las generales.
En caso de haberse advertido la falta de presentación del Certificado de Antecedentes Penales, el organismo con competencia electoral intimará, por única vez, al partido político o alianza electoral al cumplimiento de dicho requisito o al reemplazo del precandidato o candidato, en un plazo de 24 horas.
La diputada Laura Cartuccia sostuvo que este proyecto, que también se conoce como “políticos sin antecedentes” y busca dar “una mayor transparencia posible al Estado.
“Esto es muy importante, otorga un salto de calidad el hecho de poder incorporar a funcionarios políticos sin antecedentes. Si definimos la corrupción como abuso de poder para beneficio propio, la encontramos como uno de los grandes flagelos de este siglo”, dijo la legisladora.