La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes la reforma del régimen electoral provincial, en el marco de una sesión que se extendió durante varias horas y estuvo marcada por un clima de alta tensión política, con protestas dentro del recinto y manifestaciones en las afueras de la Legislatura.
El tratamiento del expediente Nº 91-53.595/26, impulsado por legisladores del bloque oficialista Todos por Salta, derivó en un debate intenso, con fuertes cruces entre oficialismo y oposición, especialmente con representantes de La Libertad Avanza. Durante la jornada, desde el oficialismo se denunciaron maniobras para influir en la discusión pública, incluyendo la supuesta contratación de influencers para instalar críticas al proyecto, lo que profundizó el nivel de confrontación.
En paralelo, distintos sectores expresaron su rechazo a la iniciativa en las inmediaciones del edificio legislativo, cuestionando los alcances de la reforma y su impacto sobre el sistema de representación.
El nuevo esquema electoral
La norma aprobada plantea una actualización del sistema electoral provincial en un escenario modificado por la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. En ese contexto, el proyecto propone canalizar las disputas internas de los espacios políticos directamente en la elección general, evitando reinstalar el esquema de primarias.
Durante su exposición, la diputada Socorro Villamayor sostuvo que la iniciativa apunta a “ordenar la oferta electoral, ampliar la participación ciudadana y garantizar mayor transparencia en el proceso”, al tiempo que remarcó la necesidad de adaptar la legislación a los cambios institucionales recientes.
El modelo aprobado se basa en una lógica ya aplicada en elecciones anteriores en la provincia, según precisó la legisladora, donde los frentes electorales compiten a partir de la sumatoria de votos de sus listas internas, y posteriormente se define la distribución de cargos dentro de cada espacio según el respaldo obtenido por cada una de ellas.
Los cambios introducidos
Entre los aspectos centrales de la reforma se encuentra la eliminación del piso mínimo del cinco por ciento, lo que habilita la participación de partidos de menor estructura sin restricciones.
A su vez, se establece un límite en la cantidad de listas que pueden presentar los espacios políticos, con un máximo de cuatro por frente electoral y dos por partido, con el objetivo de ordenar la oferta en el cuarto oscuro.
El sistema de asignación de cargos mantiene el método D’Hondt, pero incorpora una doble instancia de aplicación: primero para distribuir bancas entre frentes o partidos en función de la suma total de votos, y luego de manera interna dentro de cada espacio.
Asimismo, se unifica en un solo acto electoral, lo que antes implicaban dos instancias -interna y general-, y se introducen modificaciones en los plazos de presentación de candidaturas y oficialización de listas, que pasan a tener mayor anticipación.
Otro de los puntos incorporados es la obligatoriedad de un narcotest para los candidatos que participen en elecciones, en línea con disposiciones recientes a nivel provincial.
Más allá de la aprobación legislativa, la reforma dejó expuesto un escenario político atravesado por la desconfianza, la disputa por la legitimidad del proceso electoral y la creciente incidencia de las redes sociales en la construcción del debate público rumbo al áspero camino hacia el 2027.
El oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para fortalecer la gobernabilidad y clarificar la representación política, mientras que la oposición advirtió sobre posibles efectos regresivos y cuestionó el contexto en el que se impulsó el tratamiento. En ese marco, la discusión no se agota en los aspectos técnicos de la norma.
La reforma electoral se inscribe en una puja más amplia por las reglas de competencia política en la provincia, en un momento donde el reordenamiento de los espacios y la disputa por el poder anticipan un escenario de mayor fragmentación.