La UDEC investiga una denuncia del presidente de la Autoridad Metropolitana del Transporte, Marcelo Ferraris, por la entrega de manera ilegal de vehículos secuestrados por la AMT
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Juzgado de Garantías 8 el allanamiento de cuatro viviendas y la detención de cuatro empleados de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT), medida que se llevó a cabo ayer.
El operativo se realizó en el marco de una investigación que lleva adelante la UDEC por la entrega de manera ilegal de vehículos secuestrados por la AMT.
Como resultado de los allanamientos realizados por personal de la Unidad de Delitos Económicos del CIF fueron secuestrados celulares y numerosa documentación de interés para la causa, además de detener a los cuatro empleados.
La investigación de la UDEC inició luego de que el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, denunciara que días atrás, había tomado conocimiento del faltante de un automóvil secuestrado de la sucursal de avenida Tavella de la AMT. Al revisar las cámaras de seguridad observó el arribo de un hombre que le entregó un papel al guardia, sacó el auto y se retiró del lugar.
Ante ello, Ferraris solicitó la orden de liberación del vehículo, pero no fue hallada. Al revisar el libro de liberaciones, detectó una gran cantidad de salida de vehículos con órdenes de liberación con firmas que no correspondían a la del gerente. Al cotejar con el sistema informático, confirmó que no existían registros de los expedientes. Ante ello, solicitó un relevamiento sobre los expedientes, resultando que hasta el 22 de mayo habían sido borrados entre 148 y 160.
A través de la investigación realizada por Ferraris, y que luego continuaron los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos del CIF, se estableció que cuatro empleados de la AMT estarían liberando vehículos secuestrados a cambio de dinero.
El modus operandi sería el siguiente: ante el secuestro de un vehículo empleado como remís ilegal, un inspector de la AMT se acercaba y le entregaba un número telefónico para que se comunicara. Al llamar, un hombre le informaba que podían entregarle el automóvil -sin el pago de la respectiva multa- a cambio de una suma de dinero. Al recibir la suma pactada, otro empleado, usando usuarios genéricos, ingresaba al sistema y borraba las actas de infracción ingresadas con el número de expediente a la AMT a fin de liberar los vehículos infraccionados. Para ello, además, confeccionaban órdenes de liberación apócrifas y falsificando la firma del Gerente de Registros y Habilitaciones.