El caso se desprende una investigación conjunta llevada adelante por la Unidad Fiscal Salta y la Fiscalía Federal 2 de Tucumán, a raíz de denuncias realizadas contra gendarmes que cobraban coima a comerciantes de tours de compras. Por el momento, hay 29 detenidos, 20 de ellos gendarmes. Además, se secuestró una suma de más de 46 millones de pesos, producto de los sobornos.
Mario ernesto Vasconcelos
El juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, dio por formalizada hoy la investigación penal seguida en esta jurisdicción contra 8 de 20 gendarmes detenidos el miércoles pasado en el marco de una investigación conjunta entre el fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal de Salta y el fiscal federal Agustín Chit, de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán.
A diferencia de la vecina provincia, aún bajo las previsiones del sistema mixto, el fiscal general, Carlos Martín Amad, avanzó con la imputación, en este caso, por asociación ilícita en concurso real con el delito de exacciones ilegales y por ser cometido en provecho propio.
Esta acusación se formalizó contra Pablo Méndez y Olga Daiana Rodríguez, (cabo primero); Matías Daniel Aranda, Rubén Rodríguez y Nelson Bautista (sargento) y Gustavo Pozo y María Laura Rodríguez (gendarme). En el caso de los acusados detenidos en Tucumán, el fiscal federal Agustín Chit, quien también intervino en la audiencia, informó que en el curso de la próxima semana se avanzará con las indagatorias de los acusados de esa jurisdicción.
El magistrado, también a pedido de la fiscalía, dictó la prisión preventiva de todos los acusados, declaró el caso complejo, autorizó una serie de pericias pendientes y también el levantamiento del secreto fiscal y bursátil de todos los imputados.
Al presentar el caso, la auxiliar fiscal Roxana Gual explicó que la investigación se inició el 26 de septiembre del 2023 a partir de denuncias anónimas, en su mayoría de comerciantes que viajan en los denominados tours de compra desde Tucumán a Bolivia.
Las denuncias, según agregó, apuntaban a gendarmes que prestaban servicios en los puestos de control de Gendarmería Nacional ubicados en El Naranjo, en Salta y Trancas, en Tucumán. “Por favor hagan algo con los milicos coimeros que nos sacan plata”, reclamó el primer denunciante.
Otro, en tanto, contó que los gendarmes le habían pedido 50 mil pesos a cambio de dejarlo pasar con mercadería de contrabando, pero como se negó le hicieron un acta simple y le retuvieron unas cubiertas, actuaciones que los gendarmes evitaron remitir a la fiscalía, pues la maniobra podía quedar al descubierto.
Estas exigencias de dinero de parte de los gendarmes, según las denuncias, se repetían desde que los micros de tours de compra emprendían el regreso desde la ciudad de Orán, aunque sí aumentaban significativamente el valor en los dos puestos fronterizos, entre Tucumán y Salta.
Sobre este punto, el fiscal Chit destacó la denuncia realizada en su jurisdicción por un gendarme que se presentó ante sus superiores y entregó una suma de dinero que fue obligado a recibir por parte de sus camaradas. Según reveló, la plata era producto del cobro de coimas que sus compañeros exigían a los tours de compras.
Sostuvo que las denuncias, tanto en Salta como en Tucumán, son similares y dan cuenta de “un entramado de corrupción dentro de una fuerza federal”. De las pesquisas realizadas hasta el momento, se pudo establecer que la maniobra se ejecutaba a través de dos modalidades.
“En algunos casos, los sobornos se exigían directamente a los comerciantes que viajaban en sus vehículos particulares, mientras que, en otros casos, los pagos se acordaban con los coordinadores de los tours de compra y se hacían mediante transferencia a cuentas de familiares de los efectivos implicados”, afirmó.
Por su parte, la auxiliar fiscal reforzó este aspecto del caso, al informar que, de las pesquisas, se pudo establecer que había “gendarmes que pagaban hasta 400 mil pesos a cambio de ser asignados en el puesto de El Naranjo”.
Planteos
A su turno, las defensas se opusieron a la imputación penal y realizaron distintos planteos, entre ellos de sobreseimiento, libertad y arresto domiciliarios. En ese marco, promovieron la declaración de cada uno de los acusados, instancias en la que todos desconocieron relación con el grueso del dinero secuestrado, admitieron solo las sumas incautadas en la requisa personal. En todos los casos, negaron también vinculación con una red de cobro de coimas.
En resumen, las defensas reconocieron el estado prematuro de la investigación, pero a la vez se contradijeron, al cuestionar el hecho de que la fiscalía no fue contundente con la presentación de pruebas de cada uno de los acusados.
El fiscal general resaltó esa contradicción y recordó el tenor de la audiencia de formalización, en la cual se evalúa el grado de probabilidad suficiente como para admitir la imputación penal y dictar las medidas de coerción del caso.
Señaló que, si bien la investigación estaba dirigida hacia otros sospechosos, el hallazgo del dinero producto del cobro de los sobornos en manos de otros gendarmes no cambia en nada el fondo de la cuestión, sino, por el contrario, es aún más grave, pues evidencia que esta maniobra ilícita ya era generalizada.
Criticó el intento realizado por los acusados por distanciarse del dinero que fue incautado en su ámbito de resguardo. “Es como si algún filántropo o acaso el Gran Bonete aparecieron y dejaron dinero en bolsos y mochilas que solo los acusados podían tener acceso”, ironizó.
Al resolver, el magistrado analizó los argumentos de las partes y decidió restarle el carácter de agravado de la asociación ilícita, pues la fiscalía propuso que sea en esa calidad, aunque aclaró que, con el devenir del proceso, esa condición podría volver a ser tenido en cuenta en virtud de las pruebas que se produzcan.
Sobre la prisión preventiva, el juez dictó la misma, pero en el caso de Rodríguez y Méndez, ordenó que lo sea bajo la modalidad de arresto domiciliario. El resto, en tanto, será trasladado a unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal. Por último, dio por formalizada la investigación y autorizó las pericias pendientes y el levantamiento del secreto fiscal.