6 bajas en plena pandemia
El despido de preceptores coronó la irregularidad y el negreo arrastrado desde años antes en el Instituto Superior del Profesorado. El último pago de unos pocos mendrugos, en reemplazo de remuneración, vino acompañado por este aviso de cese laboral, igualmente informal. Por parte de un establecimiento estatal. Pese al Decreto presidencial que prohíbe toda desvinculación.
Por: Federico Pérez.
De la total y absoluta precarización laboral un sector del personal del Instituto Superior del Profesorado de Salta pasó a no tener nada. En plena cuarentena y contra el Decreto de Necesidad y Urgencia que lo prohíbe, recibieron la mala nueva de su despido como preceptores en la entidad rotulada con el número 6005 por el Ministerio de Educación de Salta.
La polémica decisión adoptada por la rectora del establecimiento, Claudia Antacle, apellido con ascendiente en la historia peruca –según el godoísmo- se dio como respuesta a un reciente pedido tendiente a hacer efectivos sus nombramientos. Esta situación problemática para el Estado provincial, al mantener en negro al personal se le había advertido un año atrás al por entonces y actual Secretario de Empleo, Alfredo Batule.
Sin embargo, la titular de la institución ubicada en avenida Entre Ríos intersección con calle Siria adelantó al grupo de 6 preceptores que en nada servirían como antecedente los 5 años de antigüedad en el desempeño de tales funciones. En virtud de lo cual, Antacle pasó guadaña, confirmó el final del nexo laboral –aún pese a la restricción en la cuarententa-, a pesar del apoyo expresado por un gran número de docentes.
El 15 de mayo pasado, la media docena de trabajadores le destinó una misiva a la rectora en la que le había solicitado regularizar, en un trámite ante la cartera de Educación provincial, tal vínculo laboral para continuar desempeñándose en el principal establecimiento de nivel terciario que tiene la provincia. Allí, se dictan carreras como profesorado de Turismo, Física y Matemáticas, Historia, Biología, Geografía y Química.
Hasta la primera mitad de 2020, los preceptores recibían el pago por sus servicios, sin los aportes previsionales, salario familiar, ni obra social, cancelados en mano a principios de mes en la oficina del rectorado. Una retribución oblada gracias a la percepción de ingresos del alumnado –población estimada en 1700-, en concepto de inscripción y derecho de examen (cuya administración en algún momento fue narrada en medio de malos vahos), más el providencial arribo de algún refuerzo extraordinario desde el Estado provincial.
Con este lustro de labores cumplidas en condiciones desventajosas, 20 días atrás los preceptores le expresaron por escrito a Antacle su apuro en accionar “las diligencias administrativas para el nombramiento a los cargos que desempeñamos en la institución educativa”. En esta comunicación del 15 de mayo, los trabajadores fundamentaron este pedido en contar con la posibilidad de “ejercer nuestro derecho laboral en tanto cumplimos con tareas en la institución bajo las órdenes de sus autoridades hace más de tres años y según las normas legales vigentes corresponde” la formalización invocada, en función de los derechos adquiridos.
En otro apartado que los 6 preceptores le dirigieron a la Rectora, puntualizaron la urgencia que estas designaciones les posibiliten “cobrar un sueldo igual al que percibe quienes desarrollan nuestra misma tarea en la institución”. Esta equiparación fue sostenida con el razonamiento, algo impaciente, respecto a lo insuficiente que resultan en la actualidad “los seis mil pesos mensuales que se nos paga en concepto de salario”.
Un monto que al trasluz de recientes informes del INDEC, válidos al mes de abril de 2020, dejan en la zona fuera del radar al anterior nivel de remuneración (por decirlo de alguna forma). En efecto, el organismo nacional calculó que para no caer en la pobreza una familia con tres integrantes debió tener ingresos por $ 33.910, $ 42.594 un hogar de 4, y $ 44.700 uno de 5 miembros. En tanto, la línea de indigencia válida para el cuarto mes quedó en $ 14.248 en grupos familiares de 3 integrantes, $ 17.897 en los de 4 miembros y de $ 18.823 en aquellos de 5. Es decir, los preceptores del Instituto Superior del Profesorado son entre 2 y 3 veces menos que indigentes.
Aún con todo este bagaje, desde la Comisión de Acción Política del Partido Justicialista en su versión noviembre de 2019, nadie osaría siquiera imaginar algún plantígrado merodeando el Rectorado de Siria y Entre Ríos. Aunque no vendría mal efectuar un análisis de Carbono 14, consejo válido para ambas representaciones.
Al pedido aquel girado hasta el despacho de Antacle, los preceptores le resumieron el reclamo en “la cantidad de años que venimos realizando dicha tarea de forma precaria, pero siempre en la perspectiva del sostenimiento de la institución y el sistema educativo”. Asignatura, penúltima de ella, compartida desde el rectorado aunque con su particular lectura, dado que el establecimiento siguió prestando servicios, pese a los lixiviados provenientes de los baños y aulas con escenas similares a la Nueva Orleans, luego del Katrina.
El hecho es que en la carta a la titular del Rectorado, los 6 trabajadores concluyeron que “ante la pandemia del COVID-19 y los problemas alimentarios, sociales y económicos que ello conlleve y por ende la necesidad de reforzar el trabajo en las escuelas para su mejor funcionamiento, rechazamos cualquier intento de desvincularnos de nuestro trabajo”. Esta reafirmación se dio una vez que comenzaron a emitirse las funestas notificaciones –vía telefónica- en que Antacle señaló la finalización del nexo laboral.
Pie de foto: Los educandos eluden, en épocas normales, la humedad y el hacinamiento.
