La intervención del ente que administra el Mercado San Miguel podría ser el puntapié para revelar los innumerables chanchullos del clan Muratore a lo largo de las últimas décadas. La ausencia total de rendiciones, sumada a una recaudación millonaria, comprometen cada vez más el reinado del ex presidente antoniano.
En declaraciones a un canal de TV local, el ex administrador del Mercado San Miguel, José “Pepe” Muratore, aseguró que desearía que las mafias dominaran el centro comercial, ya que -a su entender- estas “tienen códigos, lealtad y principios”. Además de una inoportuna paráfrasis de los dichos en campaña de Javier Milei, las palabras de “Pepe” parecen una descripción de su reinado durante más de 30 años al frente del mercado.
La comparación cobra sentido de acuerdo a nuevas revelaciones sobre el manejo financiero, administrativo y recaudatorio del mercado San Miguel. Declaraciones juradas sin presentar, rendiciones de cuentas inexistentes, expensas millonarias y resoluciones judiciales por encargo, son algunas de las prácticas que enlodan la gestión de Muratore y justifican la intervención del ente descentralizado.
Este semanario reveló días después del incendio que afectó a la mayoría de los puesteros, que en concepto de expensas, la administración del mercado San Miguel recaudaría alrededor de 130 millones de pesos mensuales. Sin embargo, la cifra podría ser apenas una aproximación generosa, teniendo en cuenta los montos percibidos por los cuatro mercaditos que dependen de la Fundación San Miguel. La imprecisión deriva de la nula transparencia y la escasa predisposición del ex administrador a proporcionar información al respecto.
Entre los misterios más insólitos del mercado está nada menos que el número de puesteros. En declaraciones a la prensa, Muratore sostuvo que eran “casi 600”, pero los comerciantes arriesgan un total de 750. Es sabido que en los últimos años, el ingreso al predio de comerciantes cercanos a “Pepe” fue descontrolado y anárquico. Indudablemente, la cifra de locales debe darse por incierta.
Pero no es la única incógnita que salpica a la gestión de Muratore y sus acólitos. Algunas indefiniciones preocupan seriamente a los trabajadores, como la existencia -o no- de un seguro que cubra parcialmente los daños sufridos el pasado 6 de noviembre. La aparición de un contrato entre el ente descentralizado y la empresa Evolución Seguros S.A., contrasta de lleno con los dichos de Muratore respecto de la cobertura de Nivel S.A.
La evidente falta de inversión y el estado total de abandono del predio céntrico abren un enorme interrogante sobre el destino de los cientos de millones que “el padrino” del mercado recaudaba mes a mes. A contramano de las ordenanzas y del principio elemental de transparencia, la administración Muratore se caracterizó por ocultar los balances contables e intimidar a todo aquel que se atreviera a hacer preguntas al respecto.
Secretismo y cosas turbias
El ocultamiento deliberado de la situación contable del mercado se evidencia incluso en los registros nacionales, ya que el Ente Descentralizado Mercado San Miguel no figura como un operador activo ante la agencia nacional de recaudación. Una breve consulta en la web de ARCA (ex AFIP) arroja que “El contribuyente posee incumplimientos notificados por falta de presentación de DDJJ”.
No es muy complejo imaginar el nivel de información que tienen los comerciantes sobre el estado financiero del mercado, si ni la agencia de recaudación nacional puede acceder a ella. Como sea, la omisión de presentar las declaraciones juradas informativas previstas en los regímenes de información, constituye una falta grave y prevé sanciones económicas severas. La ley también contempla multas por presentarlas fuera de término, es decir, luego de los 15 días a partir de la notificación. Nada de esto parece haber inquietado a Muratore.
A fines del mes pasado, la Asociación de Defensa al Contribuyente realizó un pedido de información al Ente Descentralizado Mercado San Miguel para conocer, en primera instancia, cuál es el órgano contralor de la institución. El objetivo de la solicitud es conocer “los últimos balances anuales de ejercicios, rendición de canon, expensas y derechos de pisos, como cualquier otra información que considere inherente a la presente”.
Al igual que los tres pedidos de informe emanados del Concejo Deliberante desde el 6 de noviembre a la fecha, la solicitud fue cajoneada.
Cuarto Poder accedió a los recibos entregados a los puesteros del mercado San Miguel en concepto de pago de expensas. Esta figura reemplaza el término “alquiler”, aunque en los hechos representa algo más parecido a un derecho de piso. Un breve diálogo con los comerciantes del predio alcanza para descartar la idea de que el servicio de mantenimiento justifique los montos abonados.
Hasta el mes de septiembre, un local de venta de frutas, verduras, regionales y/o artículos varios, abonaba una suma de $170.000. Ese monto se elevó a $200.000 en octubre de 2024. Cabe aclarar que, de acuerdo al rubro comercial y a las dimensiones del negocio, los montos pueden variar hacia arriba o hacia abajo. Así, un negocio de especias y condimentos abona una cifra menor, mientras que los negocios de tecnología e indumentaria -cuyo número aumentó drásticamente los últimos años- abonan cifras siderales.
Cautelares y revés judicial
Días atrás, por pedido de la Fundación San Miguel, el juez Víctor Raúl Soria, hizo lugar a un amparo para prohibir el traslado de los puesteros y la reconstrucción del mercado. Este fue el argumento del ex administrador del mercado para negarse a dejar su cargo. Sin embargo, el controvertido magistrado tuvo que dar marcha atrás sobre sus propios pasos.
A las pocas horas de haber emitido una resolución favorable a Muratore, declaró abstracto el amparo de la Fundación San Miguel y resolvió que: “corresponde levantar las medidas cautelares ordenadas mediante resolución de fecha 13/12/24; y tener por desistida a la parte demandada de los dos recursos de apelación interpuestos, en fecha 16/12/24 en actuaciones N.º 13246013, 13246278 y de fecha 17/12/24 actuación N.ª 13259667; debiendo procederse al archivo de estas actuaciones”.
Más adelante, el juez expresa: “corresponde hacer lugar a lo peticionado por el Sr. Intendente de la ciudad de Salta, y tener por asumido su compromiso de garantizar la continuidad laboral de los puesteros del Mercado San Miguel que se encontraban allí instalados al momento en que tuvo lugar el siniestro”. La resolución judicial llega en medio de graves cuestionamientos sobre la idoneidad del magistrado para entender en materia comercial y de Espacios Públicos, como así también por sus antecedentes por violencia de género.
En paralelo, la fiscalía a cargo de Ramiro Ramos Ossorio ordenó medidas cautelares para garantizar la seguridad del mercado y el orden en la transición. Entre las medidas solicitadas, se incluye la prohibición de acercamiento de Muratore a menos de 200 metros del Mercado San Miguel, así como la restricción para retirar, alterar o descartar documentos, registros o bases de datos.
Esto último resulta fundamental para el desarrollo de la intervención y puede revelar aún más irregularidades de las que se conocen hasta ahora. El destino de millones de pesos provenientes de los bolsillos de cientos de trabajadores es todavía un misterio, y el abandono inocultable del mercado sólo agrega más incertidumbre. Los primeros atisbos de cambio podrían empezar a notarse por primera vez en treinta años.