El secretario de Ambiente, Alejandro Aldazabal, en una entrevista con Cuarto Poder explicó sobre el abordaje de la problemática de los desmontes ilegales y su relación con las comunidades. Señaló que las Audiencias, tal como lo indica la norma, deben ser los lugares para tratar las controversias. Contó sobre su trayectoria y reconoció ser asesor hace 22 años de grandes grupos económicos. Se excusó diciendo que hay expedientes solicitando desmontes con su firma pero que pasan directo al ministerio de Producción.
El martes pasado la secretaría de Ambiente curiosamente llamó a una conferencia de prensa. El objetivo era informar sobre el aumento en las multas por desmontes ilegales y la publicación del registro de Infractores y Reincidentes Ambientales. “Desde que empezamos a trabajar con el sistema de alerta temprana hace un año se han ido detectando muchos desmontes irregulares, la idea es desalentar esa actividad porque va produciendo un claro prejuicio hacia los que hacen las cosas bien, hacia el ambiente y la comunidad”, comentó Alejandro Aldazabal a vuestro semanario.
En las oficinas de Santiago del Estero al 2200, Aldazabal al ser consultado respecto a los conflictos entre las comunidades y los desmontes, señaló: “El principal ámbito donde nosotros tenemos que tener en cuenta esto es en la Audiencia Pública; las comunidades ahí van presentando sus distintas problemáticas. Lo ideal es que los interesados en la habilitación comiencen a resolver los problemas con anticipación antes de la Audiencia Pública, pero sino en el momento que ya sea una comunidad originaria, que sea el pueblo el que sea, pueden manifestar y poner por escrito o verbalmente en la Audiencia Pública, puede manifestar su problemática o los elementos para observar después el expediente”.
De donde vengo y hacia dónde voy
La provincia está en un plan de desmontar más de 30 mil hectáreas, con lo cual se perderían más de 3 millones de árboles, según calculó el doctor en Ciencias Ambientales y miembro de la Fundación Refugio, Andrés Leake.
Esta situación ha generado un amplio rechazo, en especial por el cuadro crítico del departamento Rivadavia y Anta, y por el pasado del responsable de habilitar tamaña devastación.
Si repasamos los expedientes solicitando que se prendan las topadoras, el nombre de Alejandro Aldazabal aparece varias veces. Aprovechamos nuestra visita a la secretaria para consultarle sobre su trayectoria y esto nos contó: “Yo me recibí hace 26 años y de esos años, 22 trabaje en la parte privada; trabajé como consultor para grandes productores, es decir la empresa que me ha necesitado o el productor que requirió mi trabajo, estuve disponible”.
“También hice mediación para que se les de tierras a pequeños productores haciéndoles planos y obras y he trabajado para productores medianos, para empresas grandes, es decir la empresa que me ha ido necesitando o el productor para un determinado tipo de trabajo yo he estado disponible siempre”, señaló.
Estos “pequeños” productores para los cuales trabajó, incluyen entre otros al grupo Cresud. Un gigante dueño de enormes extensiones del campo y la ciudad.
Además, Aldazabal aparece ligado al Grupo AGRONE S.A, mediante una cédula de notificación elevada por el Ministerio de Producción Trabajo y Desarrollo Sustentable, (expediente 0090227-210-261/02. 019-0), se lo desvinculó como ingeniero a cargo del Estudio de Impacto Ambiental y Social.
Ante esto se defendió diciendo que desde el momento de su asunción presentó una nota excusándose por algunos expedientes sobre los cuales no podía intervenir ya que en el pasado trabajó para ellos. “Desde ahí todos esos expedientes no pasan por esta oficina sino que van directo al Ministerio de Producción”, confesó.
Cabe señalar que hizo mención a Martín de los Ríos, ministro de Producción y Ambiente de Salta, quien fue parte de la mesa de enlace sojera de la Provincia.
¿De qué lado estás?
El problema de desmantelar la tierra trae además inevitables enfrentamientos con las personas que habitan estos suelos, la lucha por el territorio es una constante de los pueblos originarios.
Este tema también fue consultado al funcionario y deslindó la responsabilidad a otros: “El conflicto entre las comunidades y los desmontes el principal ámbito donde nosotros tenemos que tener en cuenta las manifestaciones es en la Audiencia Pública, las comunidades ahí van presentando sus distintas problemáticas. Lo ideal es que el que está interesado en la habilitación comience a resolver los problemas con anticipación antes de la Audiencia Pública, pero sino en el momento que ya sea una comunidad originaria, que sea el pueblo el que sea, pueden manifestar y poner por escrito o verbalmente en la Audiencia Pública, puede manifestar su problemática y nosotros la tenemos en cuenta, cuáles son esos elementos para observar después el expediente. Puede haber problemas de propiedad”.
El problema es que al no ser vinculantes estas audiencias terminan autorizando la mayoría de las veces los desmontes en detrimento del ambiente y las comunidades.