El envío masivo de pliegos al Senado para la cobertura de vacantes en la justicia federal expone una práctica sistemática que pone en riesgo la idoneidad y el mérito en la selección de magistrados en las provincias del interior.
Leona Del Monte
El informe presentado en agosto de 2026 por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), titulado «Designaciones judiciales bajo la lupa», enciende alertas definitivas sobre cómo el Poder Ejecutivo manipula los órdenes de mérito, perpetúa la brecha de género y utiliza los juzgados del fuero federal como moneda de cambio en las negociaciones políticas regionales.
En jurisdicciones clave como la provincia de Salta —donde los juzgados y cámaras federales resultan neurálgicos para la lucha contra el narcotráfico, el contrabando fronterizo y las causas de corrupción en la administración pública—, la falta de criterios objetivos de selección amenaza con consolidar un fuero servil al poder político de turno.
La manipulación de los concursos: el mérito en un segundo plano
Uno de los hallazgos más preocupantes que revela la auditoría de ACIJ radica en el severo manoseo que sufren los concursos tras las instancias de evaluación escrita y antecedentes. La discrecionalidad de las entrevistas en el Consejo de la Magistratura termina distorsionando la nómina original de candidatos idóneos.
«13 personas registran diferencias superiores a 10 posiciones entre el primer orden de mérito, elaborado a partir del examen y los antecedentes, y el orden final, aprobado por el Plenario del Consejo luego de realizadas las entrevistas, una de las instancias más discrecionales de los concursos.»
«Estas variaciones generan sospechas fundadas sobre la posible incidencia de factores ajenos a la idoneidad en las designaciones.»
Esta mecánica, donde las notas del examen técnico quedan sepultadas en favor de acuerdos políticos, golpea directamente a las ternas destinadas a los juzgados federales salteños. Postulantes con sólida trayectoria técnica son sistemáticamente desplazados en favor de candidatos con estrechos alineamientos partidarios o lazos de parentesco.
Brecha de género y arbitrariedad normativa
El reporte también desnuda cómo las promesas de paridad e inclusión quedan sepultadas al momento del reparto de cargos. A pesar del aumento de profesionales mujeres en la carrera judicial en el Noroeste Argentino (NOA), la selección final continúa relegándolas.
Al respecto, la ONG destaca la persistencia de esta disparidad:
«El 67% de las personas propuestas son hombres y el 33% mujeres, lo que reproduce la brecha existente en la Justicia nacional y federal.»
Además del sesgo de género, el análisis alerta sobre irregularidades normativas que rozan la inconstitucionalidad, tales como el uso no habilitado de listas complementarias y la transgresión al carácter vinculante de las ternas enviadas por el Consejo de la Magistratura.En el fuero federal de Salta, donde la imparcialidad de los jueces es la última garantía republicana frente a las redes de criminalidad compleja y el abuso de poder, la designación de magistrados por «simpatía» o acomodo resulta letal. Es imprescindible que el Senado de la Nación no funcione como una simple escribanía y ejerza un control riguroso sobre cada uno de los pliegos, garantizando que la magistratura responda al mérito académico y a la independencia funcional, y no a los compromisos de la política local.
El impacto de este sistema defectuoso se refleja claramente en el caso reciente reportado que dio cuenta de cómo el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Salta debió atravesar cuatro años de parálisis y vacancia antes de que se concretara la jura de Diego Anzorreguy como nuevo magistrado. Este tipo de dilaciones extremas demuestra cómo la especulación política y la demora en los acuerdos parlamentarios priorizan las negociaciones del poder central por encima de las urgencias judiciales de la provincia.
Acuerdos a espaldas de la sociedad y falta de control estricto
Mientras los juzgados locales sufren un colapso operativo por la falta de autoridades titulares, los nombramientos terminan cerrándose a espaldas de la ciudadanía salteña. La aprobación de pliegos en el Senado de la Nación sin un escrutinio riguroso ni instancias transparentes de impugnación ciudadana convalida un modelo donde las vacantes de la provincia son utilizadas como fichas de canje, perpetuando un fuero federal debilitado y condicionado por intereses ajenos a la administración de justicia.