Todos los imputados recibieron prisión preventiva y fueron trasladados a otras unidades carcelarias. La investigación continúa, incluyendo pericias de celulares secuestrados y el análisis de cuentas bancarias.
Una investigación exhaustiva llevada a cabo por la Fiscalía de Distrito de Salta, encabezada por el Fiscal General Eduardo Villalba y con la colaboración de la Fiscal General Adjunta Mariana Gamba Cremaschi y las Fiscales Auxiliares Roxana Gual y Soledad Cabezas, ha desmantelado una extensa red de narcotráfico operando dentro del Complejo Penitenciario Federal NOA III de General Güemes.
La investigación, que se extendió por dieciocho meses, se inició tras la fuga de un preso en enero de 2024 y la continua incautación de drogas y teléfonos celulares dentro del recinto carcelario. Aunque la evidencia recopilada apunta a una profunda complicidad entre la organización criminal y personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Asimismo, la imputación de ocho internos y de Analía Ivana Astigueta, esposa del presunto cabecilla Rubén Ángel Rodríguez (alias «El Patrón»), se basa en una sólida base probatoria. Esta incluye escuchas telefónicas que revelan la planificación y ejecución del tráfico de drogas, videos obtenidos mediante un dron que muestran el descarte de sustancias ilícitas desde las ventanas de las celdas al momento de un allanamiento, y otro video que documenta la preparación de la droga dentro de una celda, con los imputados celebrando sus actividades ilegales.
Los allanamientos realizados en el penal y en las residencias de Astigueta y su madre en Orán, ciudad fronteriza con Bolivia, resultaron en el secuestro de una gran cantidad de evidencia, incluyendo más de 250 teléfonos celulares (más de 100 solo en este año), 13 tabletas de pastillas, ocho celulares adicionales dentro del penal, numerosos envoltorios con presuntos residuos de drogas encontrados en celdas y áreas comunes como la capilla, cinco celulares, un pendrive, una cámara de fotos, dos computadoras portátiles, un rifle, una motocicleta, una balanza, quince troqueles para líneas de celulares, libretas con anotaciones contables del negocio ilícito, y un vehículo utilizado para el transporte de drogas.
Sin embargo, la investigación destaca el rol de Astigueta como proveedora de la droga, abasteciéndose presuntamente en la zona fronteriza con Bolivia. Por su parte, Eusebio Juan Antonio Bilaja, quien cumplía prisión domiciliaria en Orán, se encontraba a cargo de preparar la droga para su ingreso al penal siguiendo las instrucciones de Rodríguez, quien le daba instrucciones por teléfono. Esto se evidenció con las escuchas telefónicas revelan una jerarquía clara dentro de la organización, con Rodríguez («El Patrón») dando las órdenes, Astigueta facilitando el ingreso de la droga y los teléfonos, y otros internos participando en la reventa y distribución.
Las conversaciones interceptadas muestran la celebración de las ventas y la promoción de la droga entre los internos. Se estima que cada envoltorio de cocaína se vendía a 10.000 pesos, con transferencias a la cuenta de Astigueta que oscilaban entre 100.000 y 200.000 pesos.
La investigación no se limitó a las escuchas telefónicas y videos, ya que el allanamiento del Complejo Penitenciario Federal NOA III de General Güemes produjo el secuestro de evidencia adicional que refuerza la acusación contra la organización narcocriminal. En los pabellones B y D se encontraron trece tabletas de pastillas y ocho celulares, demostrando la magnitud de la operación dentro del penal.
Además, se hallaron numerosos envoltorios con presuntos residuos de droga en diversas áreas del penal, incluyendo celdas y lugares inesperados como la capilla, lo que sugiere un sistema de ocultamiento sofisticado y una operación a gran escala.
Paralelamente, se realizaron allanamientos en las viviendas de Analía Ivana Astigueta, pareja de «El Patrón» (Rubén Ángel Rodríguez), y de su madre en Orán, ciudad fronteriza con Bolivia, ya que la investigación indica que Astigueta jugaba un rol crucial en el suministro de droga a la organización. En su domicilio se incautaron cinco celulares de diferentes marcas, un pendrive, una cámara fotográfica, dos computadoras portátiles, un rifle tipo fusil con mira telescópica, una motocicleta, una balanza de precisión, quince troqueles para líneas de celulares, dos libretas con anotaciones que al parecer detallan los ingresos económicos del negocio ilícito, y un vehículo utilizado para el transporte de la droga hacia el penal.
Por todo esto la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, ordenó la prisión preventiva y el traslado de todos los imputados a otras unidades carcelarias para evitar la interferencia en la investigación. Además, la fiscalía ha destacado la gravedad institucional del caso, enfatizando la presunta complicidad del SPF, y la investigación continúa para determinar la responsabilidad de los funcionarios penitenciarios.
Como ya sabemos, la investigación no se limitó a las escuchas telefónicas y videos, el allanamiento del Complejo Penitenciario Federal NOA III de General Güemes produjo el secuestro de evidencia adicional que refuerza la acusación contra la organización narcocriminal. En los pabellones B y D se encontraron trece tabletas de pastillas y ocho celulares, demostrando la magnitud de la operación dentro del penal. Además, se hallaron numerosos envoltorios con presuntos residuos de droga en diversas áreas del penal, incluyendo celdas y lugares inesperados como la capilla, lo que sugiere un sistema de ocultamiento sofisticado y una operación a gran escala.
Paralelamente, se realizaron allanamientos en las viviendas de Analía Ivana Astigueta, pareja de «El Patrón» (Rubén Ángel Rodríguez), y de su madre en Orán, ciudad fronteriza con Bolivia. La investigación indica que Astigueta jugaba un rol crucial en el suministro de droga a la organización, en su domicilio se incautaron cinco celulares de diferentes marcas, un pendrive, una cámara fotográfica, dos computadoras portátiles, un rifle tipo fusil con mira telescópica, una motocicleta, una balanza de precisión, quince troqueles para líneas de celulares, dos libretas con anotaciones que al parecer detallan los ingresos económicos del negocio ilícito, y un vehículo utilizado para el transporte de la droga hacia el penal.
