El ahora ex juez Marcelo Domínguez, fue a lo largo de su trayectoria de más de 40 años, uno de los más elegidos por quienes recurrían a la justicia con recursos de amparo. Sus fallos en su mayoría favorables a los amparistas colisionaron con intereses políticos y económicos. Su sorpresiva partida a la función pública deja una vacante en los estrados judiciales de incierto reemplazo.
Héctor Alí
En una de sus últimas resoluciones y antes de asumir como nuevo ministro de Seguridad, el ahora ex juez de la Cámara Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, condenó al IPS a cubrir los gastos del tratamiento de un paciente de 82 años aquejado por múltiples y graves patologías motrices. Contra la negación del organismo a pagar esos costos, Domínguez expresó que “no se ha acreditado, ni se ha ofrecido demostrar, que exista una desproporcionada magnitud entre la suma de dinero que la obra social debe gastar para cumplir con la cobertura peticionada, menos aún que ello pueda desequilibrar sus finanzas al extremo de privar de prestaciones a los restantes afiliados y beneficiarios del sistema». La resolución incluyó el reintegro de los gastos realizados por su familia para prácticas, traslados y medicamentos.
Fue uno más de decenas de fallos similares emitidos a lo largo de su función como juez y luego como camarista, en los cuales desafió poderes y status políticos y particulares preestablecidos. Tal vez el más resonante fue haber concedido un amparo presentado en 2013 por padres de alumnos que se oponían al dictado de la enseñanza religiosa en las escuelas de Salta.
Esa resolución, fue ratificada luego en la Corte Suprema de la Nación, tras fatigosas audiencias donde expusieron acérrimos y conspicuos referentes de la Iglesia católica y aquellos que planteaban el laicismo libre de influencias religiosas. Su posición le valió la condena clerical en los púlpitos con furiosas homilías que poco menos lo llevarían a arder en el infierno. Pero también el reconocimiento de los padres que presentaron el amparo colectivo contra “el derecho a recibir educación religiosa”, impuesto con forceps en la Constitución de una provincia ultra-católica como pocas
Domínguez receptó y concedió también amparos ambientales como los presentados por un grupo de vecinos en el año 2011 por la contaminación del rio Arenales y el eventual daño provocado en las napas por las filtraciones del vertedero San Javier. En ambos obligó a los poderes Ejecutivo y Municipal y a las empresas Aguas del Norte y Agrotécnica Fueguina, a proceder al saneamiento de la cuenca hídrica y a impermeabilizar las nuevas trincheras del basural, respectivamente. Los estudios habían detectado en el lecho niveles altísimos de líquidos cloacales y metales pesados nocivos para la salud. Domínguez convocó reiteradamente a los involucrados y denunciantes para que expusieran sobre el avance de las acciones que mitigaran al menos el daño ambiental. De lo poco ejecutado sobresalen carteles distribuidos en las orillas advirtiendo sobre la putrefacción del rio, como si su color marrón oscuro y los olores fétidos que de él emanan no fueran suficiente advertencia. Él mismo realizó reiteradas inspecciones oculares a los costados del lecho para ratificar que nada había sido modificado. Su fallo ratificado luego por la Corte de Justicia, aún sigue incumplido.
La subcuenca Arias-Arenales, que pertenece a la cuenca alta del río Juramento, está considerada como la más antropizada (influenciada o manipulada por la mano humana) y degradada de la provincia. Lo cual genera una mayor conflictividad ecológica, económica y social. Asi lo consideró el Ministerio Público Fiscal que como parte de sus atribuciones, convocó a una reunión de referentes del sector hídrico y académico provincial para generar propuestas y soluciones urgentes.
DOMINGUEZ, EL ELEGIDO
Los amparistas lo elegían confiados en su ecuanimidad para aplicar justicia, apoyados en el derecho constitucional de seleccionar discrecionalmente a un magistrado para resolver conflictos. No siempre resolvió a su favor. Pero sus fallos se basaron siempre en el criterio adoptado luego de escuchar a las partes y aplicar el derecho sin influencias externas. El cargo de ministro que aceptó lo sumerge ahora en los pliegues siempre viscosos de la política, aunque él lo haya considerado un nuevo desafío en esa etapa definitoria de la vida. Sucede a Abel Cornejo, otro ex magistrado que no solo saltó de los pulcros y académicos despachos judiciales a lidiar con la inseguridad, la crisis carcelaria y la corrupción policial, sino que ahora se apresta competir con otros candidatos para cementar los baches o mejorar la iluminación de Salta, entre otras funciones.
Lo cierto es que Domínguez se fue del Poder Judicial sin haber llegado a la Corte de Justicia, como muchos pensaban que debía llegar, por trayectoria y prestigio. En este caso, este reconocido abogado, ex presidente del Colegio de Magistrados entre otros cargos, no se conformó con el reposo obligado y sereno de una jugosa jubilación y optó por acceder a un gabinete de ministros en pleno año electoral. Tal vez una asignatura pendiente en la política o una colaboración al proyecto saencista de la reelección.