La orden fue dictada por la jueza María Fernanda Diez Barrantes, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 5. Originalmente, el proceso se limitaba a una disputa de cuatro hectáreas iniciada en 2010 contra un solo comunero, Agustín Mamaní, por el vencimiento de un polémico contrato de arriendo (de las tierras ocupadas ancestralmente) con la familia Wayar. Sin embargo, en un confuso giro procesal, la orden se extendió a 44 hectáreas, afectando a otras cinco familias cuyos trámites legales se dirimen de forma independiente en el Juzgado Civil y Comercial N° 10.
La defensa advierte que la ejecución de la sentencia estaba prescrita, dado que el Código Civil y Comercial de la Nación fija un límite de cinco años para estos procedimientos, un plazo largamente vencido desde el fallo original de 2012. Durante el operativo, que incluyó la destrucción de cultivos y la dispersión de animales, se expulsó a niños, personas mayores y con discapacidad. Desde entonces, la comunidad no tiene acceso a sus plantaciones ni a los potreros, lo que destruye su principal medio de subsistencia.