Débora Sánchez, presidenta de la Asociación Salteña de Vóley, denunció ante la Justicia hechos de violencia institucional de género, coacción y un intento de maniobra fraudulenta para desviar 90 millones de pesos del Estado provincial. En el centro de la acusación están el titular de la Agencia de Deportes de Salta y el ex capitán del seleccionado nacional.

El mundo del deporte salteño quedó envuelto en un verdadero escándalo institucional tras una denuncia penal presentada por Débora Sánchez, actual presidenta de la Asociación Salteña de Vóley (ASV). En su presentación judicial, Sánchez señala directamente a Sergio Chibán, exsecretario de Deportes de Salta, y al reconocido ex jugador Marcos Milinkovic, acusándolos de presionarla para canalizar fondos estatales de manera irregular a través de la institución que ella conduce.

Según el documento judicial, la dirigente relata haber sido citada a una oficina privada por Chibán, donde este, junto a Milinkovic, le habría exigido que reciba 90 millones de pesos en nombre de la Asociación para luego entregárselos a él. La maniobra presuntamente consistía en administrar el dinero en fideicomisos y destinar la mitad directamente al ex deportista. Al negarse, Sánchez asegura haber recibido amenazas, presiones e intimidaciones por parte de ambos hombres.

El relato de Sánchez, de una crudeza inusitada, incluye expresiones intimidantes atribuidas tanto a Chibán como a Milinkovic. Entre las frases mencionadas, figuran afirmaciones como “cuando Sergio Chibán da su palabra la cumple hasta matar” y comentarios humillantes del ex jugador, como “¿Querés que midamos quién la tiene más larga o más corta?”, dirigidos hacia la presidenta de la ASV. Estas expresiones, según la denunciante, configuran un claro caso de violencia institucional de género.

La denuncia también da cuenta de un presunto intento por crear una institución paralela bajo el nombre de “Salta Vóley”, a pesar de que la marca se encuentra registrada a nombre de la Asociación. “Me dijo que igual lo va a utilizar o que utilizaría otro nombre y que si quería le haga juicio al Estado”, declaró Sánchez en el escrito. Esta afirmación, sumada a los intentos de apartarla de la gestión de fondos, refuerza la hipótesis de una estructura destinada a eludir los controles institucionales.

Otro de los puntos más alarmantes de la denuncia es la mención de fondos ya desembolsados. Según Sánchez, Chibán habría reconocido que se liberaron 25 millones de un total de 115, y que otros 90 millones debían ser recibidos por ella en ocho cuotas, para luego ser administrados por el funcionario. También habría manifestado que “la Ministra Arancibia se choreó diez millones”, en referencia a un supuesto faltante respecto a una partida anterior.

Sánchez comunicó los hechos a la Comisión Directiva de la ASV y decidió dar curso a la denuncia penal, abriendo un nuevo capítulo en las tensiones entre dirigentes deportivos y funcionarios provinciales. La gravedad del caso y la dimensión de los fondos comprometidos colocan al gobierno provincial, y en particular a la gestión deportiva liderada por Chibán, bajo una lupa que promete no apartarse en el corto plazo. Mientras tanto, desde los organismos oficiales aún no hubo pronunciamientos públicos al respecto.