Esta semana se mejoraron las condiciones de un acuerdo entre la Provincia y la Fundación Salta, presidida por el ex suegro del gobernador, para que ésta implemente un ambicioso plan veinteñal que ratifica la primarización de la economía. Alfio Bustos
Esta semana se conoció una addenda a un convenio de colaboración celebrado en febrero entre el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y la Fundación Salta. El acuerdo lo firmaron Marcelo López Arias y Federico Abel Saravia Toledo, sendos titulares de las partes, quienes concertaron que el estado transfiera, prorrateado en doce meses, 828 mil pesos a la entidad no gubernamental. Se pautaba dividirlos en iguales partes mensuales de 69 mil pesos.
A menos de un trimestre de establecida aquella subvención, en los últimos días el Gobierno incorporó una addenda que amplifica aquellos montos: un total de 960 mil pesos, fraccionados en porciones de 80 mil cada mes. A febrero del año próximo, la Fundación Salta habrá recibido prácticamente un millón de pesos, contrastante con las cifras que se invierte en centros vecinales o en bibliotecas populares, por sólo citar otros rubros de organizaciones sin fines de lucro.
Esos guarismos, igualmente, no denotan por sí mismos el signo político del asunto, en última instancia, un millón de pesos es una escasez si tomamos en cuenta el objeto del “convenio de colaboración”. De acuerdo al contrato: “El Ministerio se compromete a otorgar al Solicitante una colaboración económica destinada a contribuir con los gastos que demande la implementación y seguimiento del Plan Estratégico ‘Salta 2030’, consistente en la realización de proyectos, iniciativas y propuestas viables para promover la expansión económica y social de la provincia, procurando concretar un modelo de articulación público/privado que contemple acciones conjuntas en beneficio de nuestra comunidad”.
A juzgar por ese ambicioso objetivo, el Ministerio de Gobierno está haciendo un negocio promisorio: le paga a la Fundación Salta para que a través de ella gobiernen los empresarios de grandes capitales que formaron parte de la elaboración del Plan Estratégico Salta 2030. Y todo eso por sólo un millón de pesos anuales. Puede que ese tipo de colaboraciones pongan en claro el desgano por gobernar que hay en el Grand Bourg, revuelto por la transición, pero también puede leerse en esto una inclinación a propiciar polìticas ultraliberales, desde una mirada netamente empresarial. Los demiurgos ultraliberales están a las sombras del ministro López Arias.
El pasado como futuro
El Plan Salta 2030 (PDES 2030) está plasmado en un libro de ciento setenta carillas, disponible de modo online. Para que sea diáfano quiénes son los demiurgos del Gobierno retomemos el propio texto: “La Cámara de Comercio e Industria de Salta, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Copaipa, la Fundación Salta, la Secretaría de Planificación de la Provincia, la Sociedad Rural salteña, la Unión Industrial de Salta, la Universidad Católica de Salta y la Universidad Nacional de Salta”. Todas esas instituciones conformaron el Consejo de Control y Seguimiento del PDES 2030.
La concepción del PDES 2030, explican en la introducción del libro, fue “motivada por un fuerte compromiso con el desarrollo de la provincia, en el convencimiento de que la iniciativa privada es la base del desarrollo económico, social y cultural de una región”. La afirmación no admite dudas, los demiurgos ultraliberales le dan vigor a la vieja idea de que el emprendedurismo privado es el principal motor de una sociedad, la vieja idea smithiana de que el mercado es la mano invisible que regimenta la totalidad de los campos sociales.
El proyecto se urde por impulso de la Fundación Salta, que convoca al resto de las instituciones mencionadas, en el año 2009. Desde entonces, ha recibido impulsos nacionales y extranjeros, tanto para sus etapas de diagnóstico como para ciertas actividades implementadas. Incluso el BID (Banco Intearmericano de Desarrollo) aportó recursos para que se elaborara el plan.
Luego de un diagnóstico que pasa revista por diversas dimensiones de la provincia, en donde se destaca la utilización de la matriz FODA, el proyecto sugiere “sectores prometedores para atraer inversiones extranjeras”, que terminan siendo coincidentes con los intereses corporativos de las organizaciones que elaboraron el plan: ganadería, minería y turismo.
La siguiente frase está entre las conclusiones del PDES 2030 aunque bien podría ubicarse en boca de algún miembro de Prograno o la Sociedad Rural cuando se refieren a la discusión por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que tanto obstaculiza su voracidad: “Salta posee un inmenso espacio con capacidad productiva que debe incorporarse rápidamente al desarrollo de alimentos para un mundo que los reclama imperiosamente. Ese territorio también tiene aptitud para producir combustibles renovables, que es otro de los acuciantes problemas que se suscitarán en los próximos 20 años”. Nunca dejar de ser el granero del mundo, nunca.
Cuota alimentaria
Hay un dato que no resulta forzado si se trata de poner en su justo encuadre el convenio de colaboración entre el Gobierno y la fundación presidida por el médico Federico Saravia Toledo. Éste es el ex suegro del gobernador, Juan Manuel Urtubey, por su matrimonio de primeras nupcias con Ximena Saravia Toledo, con quien comparte cuatro hijos.
El abuelo Federico trabaja codo a codo con el gobierno de su ex yerno, quien por estos días se encuentra en la dulce espera, con Isabel Macedo en el momento cúlmine de su gravidez. Sobreponiéndose al sinsabor familiar que habrá significado la caducación del matrimonio entre Ximena y Juan Manuel, don Saravia Toledo prioriza su vocación de servicio por Salta, la implementación del PDES 2030, que vende pasado por futuro, y lo cobra a un módico precio de 80 mil pesos mensuales.
Otra fundación
También en esta semana se divulgó otro convenio de colaboración del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos con una fundación. Pese a que sus bases se conocieron recientemente, el acuerdo se celebró entre noviembre de 2016 y octubre de 2017. Se trata de la ONG Iniciativas y Estrategias Solidarias, que ya había venido realizando trabajos en el departamento San Martín y que, en aquella oportunidad, fue convocada para terminar con la última etapa de intervenciones socio-comunitarias en dicha zona.
En este caso también se convino un pago mensual durante un año aunque de mayor rango que lo que se le pagará a la organización de Saravia Toledo. En total, la Fundación Iniciativas y Estrategias Solidarias se hizo acreedora de más de 6 millones de pesos, los cuales se dividieron en doce pagos de 349 mil pesos. El representante de la institución es Sergio Vargas, habitué en el mundo de las ONG, donde ya titularizó la Fundación Ideas.
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