Si bien en Salta existe un Registro provincial de Condenados vinculados a Delitos contra la integridad Sexual, la información es de índole confidencial. Un proyecto reavivó el alcance de este Registro y estableció que pasa con la prevención y reincidencia.
Andrea Sztychmasjter
Un proyecto de autoría del diputado Omar Exeni que establece modificaciones al Art. 7, de la Ley N° 7.775, genera cuestionamientos por parte de abogados de la Secretaria de Justicia como así también del Instituto Jurídico de Género del Colegio de Abogados de Salta.
El proyecto en cuestión de Exeni propone específicamente modificar la “Confidencialidad” que tiene el ya aprobado desde 2013- “Registro provincial de Condenados vinculados a Delitos contra la integridad Sexual”, para que los datos sobre los condenados por delitos de índole sexual sean publicados en una página web con acceso irrestricto a toda la población que quiera consultar.
Actualmente la información que contiene el Registro es confidencial y reservada y sólo puede ser requerida y entregada en la oportunidad y bajo las modalidades establecidas en el artículo 8° de la Ley: “La información obrante en el Registro sólo podrá ser requerida por los jueces, tribunales o fiscales, según corresponda, en relación con las causas por delitos contra las personas y contra la integridad sexual, en que se encuentren interviniendo”, señala el apartado.
El proyecto del diputado señala en cambio que tanto “los datos personales, fotográficos o causídicos obrantes en el registro podrán ser consultados por organismos públicos, instituciones privadas o personas que justifiquen su interés en conocer los antecedentes de las condenas registradas, a tal fin la autoridad de aplicación implementará una página web con el objeto de facilitar la información respectiva”.
Según fundamentó en su iniciativa este pedido de modificaciones se debe por un lado a la alta reincidencia que tienen los delitos sexuales y apuntaría a la prevención de la concreción de los mismos. Y si bien señala que podría plantearse una colisión entre el derecho constitucional a la intimidad del agresor y el de la seguridad, libertad sexual y a la vida de las potenciales víctimas, el legislador autor del proyecto señala que ese caso “deben prevalecer estos últimos, puesto que la consecuencias físicas y psíquicas son devastadoras para quienes sufren este tipo de agresiones razón por la cual la legislación debe ser ultarrigurosa en la defensa del valor seguridad de las personas protegiendo por sobre toda circunstancia a las potenciales víctimas de estos hechos”.
Voces en contra
El proyecto se encuentra analizado por diferentes comisiones en la Cámara de Diputados de la provincia y esta semana se realizaron reuniones con miembros de la Secretaría de Justicia. Además, desde el Instituto Jurídico de Género también emitieron un análisis al respecto.
Nicolás Maldonado, codirector del Instituto Jurídico de Género del Colegio de Abogados sostuvo en el programa Joyita Norteña que se emite por Radio de la Universidad Nacional de Salta, que el proyecto de Registro de condenados por delitos sexuales no es del todo viable. El letrado señaló que existe un cuerpo normativo de protección de los derechos humanos que podría generar incompatibilidades.
“Si analizamos que la finalidad es la búsqueda de prevención, sanción de las violencias contra las mujeres e identidades disidentes, este proyecto no viene a solucionar nada. Nosotros como abogados tenemos que trabajar dos cosas; una es que hacemos activismos en protección de las violencias, pero al mismo tiempo tenemos un cuerpo normativo de protección de Derechos Humanos y hay que cumplirlo, que podría llegar a generar incompatibilidades con este proyecto”, consideró el abogado Maldonado del Instituto de Género.
Ejemplificó que, a su entender, el proyecto no apunta a la prevención: “No va a haber un cambio, si hoy queremos averiguar si una persona ha cumplido o no un delito puede sacar un certificado de antecedentes, esa posibilidad está, aunque se cobra un canon”.
Señaló que el proyecto de Exeni es contraproducente para el sistema penal de hoy: “El sistema busca una reinserción laboral de las personas, desde el Instituto no creemos que venga a solucionar nada este proyecto”, sostuvo el letrado.
“¿Cuál es la finalidad de la publicidad?” se preguntó Maldonado sobre el objetivo del proyecto del diputado, quien en su fundamentación explicitó: “Señores legisladores las leyes deben proteger a las víctimas y no a los delincuentes, especialmente en esta clase de aberrantes delitos, es por ello que solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa”.
Secretarios de Justicia en contra
Desde la Secretaría de la Justicia de la Provincia, mostraron cierta disconformidad a este proyecto y explicaron que podría existir una incompatibilidad de aplicación de esta iniciativa por normativas existentes a nivel nacional, que impiden hacer público este tipo de informaciones por atentar contra la privacidad de cada persona. De ahí que plantearon realizar modificaciones al texto original para evitar este inconveniente.
Por otra parte, resaltaron que lo ideal es promover que sean las propias instituciones o entidades interesadas las que realicen la búsqueda de antecedentes de las personas que aspiran a contratar, para de esa manera velar por la integridad y bienestar de los niños que concurren a las mismas.
La reunión estuvo encabezada por el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Gonzalo Caro Dávalos, la presidenta de la Comisión de Legislación General, diputada Socorro Villamayor; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Laura Cartuccia; el autor del proyecto, diputado Omar Exeni; y los diputados Gladys Paredes, Moisés Belderrama, Roque Cornejo, Julieta Perdigón, Cristina Frísoli, Fabio López, Verónica Saicha, Ernesto Guanca, Pablo Gómez y Mabel Barboza.