Hipotecados/as UVA están cada vez más endeudados y piden una ley de emergencia. Si bien el reclamo está dirigido al gobierno nacional, esta semana se manifestaron frente a la legislatura provincial. 

Procrear es el sistema implementado por el anterior Gobierno que comprende un Fondo Fiduciario Público denominado “Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar”. Fue creado por el Decreto 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional. En Salta se realizaron desarrollos urbanísticos de Procrear que comprenden 600 viviendas, en los barrios Huayco, Grand Bourg, en calle Talavera, de capital y en el municipio de Tartagal. Surgen como una solución de vivienda social para la franja de la clase media que no puede entrar en el IPV ni construir su casa o comprar su terreno. Hasta 2015 con Procrear se pagaban créditos comunes a tasas subsidiadas pero el gobierno de Mauricio Macri implementó la modalidad de otorgar los créditos en Unidad de Valor Adquirido (UVA), que indexa las cuotas por inflación.

Esto está generando mucha preocupación en las familias salteñas porque el aumento de las cuotas es cada vez mayor y aunque todavía no se registran casos de morosidad en la provincia, si los hay a nivel nacional en un contexto de crisis (estancamiento, inflación, tarifazos, salarios a la baja y despidos masivos).

Gustavo Baranovsky y Cintia Ferreyra son voceros de tomadores de créditos UVA en Salta que han decidido manifestarse por primera vez para apoyar los reclamos que se vienen realizando ya en otras provincias y sumarse a la exigencia por una ley de emergencia.

Baranovsky explica: «se ha incorporado a todo lo que es propiedad, créditos UVA que se indexa con el índice CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) que tiene relación con la inflación. Cuando nos dieron el crédito hicieron el traspaso de la cantidad de pesos que valía la propiedad a UVAs. En ese momento a la mayoría nos dieron un millón y medio de pesos de crédito y lo convirtieron en UVAs. Entonces lo que nos prestaron son 50 mil UVAs no pesos. En función de eso, el CER se actualiza día a día, mes a mes tenemos un aumento de cuota. El último incremento que tuve este mes fue de 800 pesos pero el gran problema que tenemos es que como el crédito es en UVAs se va actualizando, el millón y medio que tuve hace cuatro meses de préstamo hoy es un millón ochocientos mil, en el caso del Huayco que les dieron hace un año y medio el crédito, ya tienen un millón de pesos de diferencia para arriba. Lo que nos está preocupando es que la cuota sube, de alguna manera la paritaria te lo acomoda pero el valor de la vivienda aumenta y nos asusta porque no sabemos si cuando pasen estos 20 o 30 años de créditos vamos a poder terminar de pagar la casa y no se va a convertir en una deuda impagable tanto para nosotros como para nuestra herencia después».

La alegría duró poco a las familias que adquirieron los créditos para concretar el sueño de la casa propia, un derecho constitucional que está lejos de garantizarse. Baranovsky expresa: «Si una familia tiene que dejar de pagar cuestiones relacionadas a la seguridad, a la educación, a la salud para pagar la cuota estamos entrando en un contexto más complicado, en Salta todavía no tenemos esa situación, sin embargo en el resto del país el crédito tiene mucho más tiempo. En Tucumán, Misiones, Bs. As. hay familias que ya están en mora de tres meses y lo importante que hay que entender, el gobierno te dice que la morosidad es baja del tres por ciento, primero que son familias y aunque sea el 0,5 por ciento ya es preocupante pero además es un dato que no existe, el sistema financiero no tiene registrada la morosidad, Es mentira que no hay morosidad, como son familias antes de no poder pagar la cuota, dejaron de pagar el colegio de los chicos, redujeron gastos en salud, porque uno hace de todo para no perder la casa».

Reclamo en la legislatura

Baranovsky sostiene que concentraron frente a la Cámara de Diputados de la provincia para hacer visible su situación:
«sabemos que la provincia no tiene incumbencia en una cuestión de crédito nacional, lo tiene que solucionar el poder ejecutivo junto con el Banco Central de la República Argentina pero estamos seguros de que nuestros representantes a nivel provincial pueden llegar a ser la puerta que necesitamos para poder ir más arriba, que los diputados nacionales le den el tratamiento que corresponde».

La situación de hipotecados en El Huaico

Cintia Ferreyra es vocera de vecinos/as del barrio El Huaico: «tenemos un año y medio viviendo, los más antiguos de la provincia de Salta empezamos a pagar una cuota de 9.300 y hoy pagamos 15.800, subió el 59 por ciento. A nosotros nos prestaron un 1,5 millones el día que firmamos y hoy debemos 2,5 millones. En 17 cuotas debemos un millón más, todo lo que pagamos que son 205  mil pesos no impactó en la cuota porque el capital va aumentando. Somos hipotecados, hemos sacado el préstamo a 30 años. También se da la situación de vecinos, uno quedó sin trabajo, en otros bajaron sus horas de trabajo, entonces algunos quieren ajustarlo sobre el salario y en esos casos es imposible porque ni salarios tienen. Nosotros cobramos en pesos y ellos nos cobran una cuota en UVAs, que subió un 50 por ciento y no va a aparejado con el aumento salarial. Queremos cuota en pesos, que el capital sea frenado,  tiene que haber una ley de emergencia».

Proyecto de ley de emergencia

Los/as vecinos/as plantean que en la Comisión de Vivienda  en la Cámara de Diputados de la Nación hay un proyecto de ley de emergencia. Prevén que dure un año. Algunos de puntos de ese proyecto serían que no se ejecute la vivienda de ninguna familia por morosidad. «Las familias que están entrando en morosidad no perderían la casa.

Está pasando mucho que el sostén de familia pierde el trabajo. La ley te da un período de gracia desde que perdiste el trabajo para buscar tranquilo uno nuevo. Cambia el sistema de indexación, en CER o CVS (Coeficiente de Variación Salarial) el menor de ellos, entre ambos hay un margen de 10 por ciento de diferencia. Esto permitiría que la cuota se relaje un poquito, la ley sería por un año y se ampliaría a un año más. La Comisión de Vivienda le dio su aprobación, pasó a la comisión de Finanzas donde está Eduardo Amadeo (PRO) que no le da lugar. Tenemos un proyecto pero el oficialismo no permite que se trate», añade Baranovsky.

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