Los Defensores del Pueblo de la Ciudad de Salta, de la Ciudad de Cerrillos y de la Ciudad de Orán, en solidaridad con la comunidad educativa, respaldan firmemente el llamado efectuado por el Gobierno de la Provincia de Salta en defensa de la educación pública y de los derechos laborales de los docentes.
«Nos unimos al reclamo dirigido a la Sra. Ministra de Capital Humano, denunciando el evidente incumplimiento de las obligaciones derivadas de los fondos destinados al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y otros programas de financiamiento educativo, estipulados en la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo y la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional. Estos recursos, claramente establecidos en el Artículo 13 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, ratificado por la Ley Nº 27.701, están siendo desatendidos, afectando gravemente las condiciones laborales de los docentes, su estabilidad, remuneración y dignidad», expresaron.
Asimismo, señalaron que la derogación y el deliberado incumplimiento de estas normativas, así como la omisión de convocar a la Paritaria Docente Nacional, constituyen una violación flagrante de los derechos laborales y un ataque directo a la educación en nuestro país. «Estas medidas injustas y arbitrarias evidencian la falta de comprensión por parte del gobierno nacional de la realidad educativa y las desigualdades regionales, socavando el principio de federalismo que debe regir nuestro sistema», dijeron.
«Reafirmamos nuestro compromiso con la educación pública, recordando que en Argentina, la educación es un derecho fundamental garantizado por el Estado, basado en los principios de igualdad, gratuidad y accesibilidad», hicieron hincapié.
En este sentido sostuvieron que es crucial resaltar los peligros que acarrean medidas similares adoptadas en la década del ’90, las cuales fragmentaron el sistema educativo y profundizaron las disparidades salariales entre jurisdicciones. Las leyes mencionadas son herramientas vitales que se han generado para contrarrestar estos problemas y promover una educación más equitativa en todo el territorio nacional.
«Respaldamos el pedido realizado por el Gobierno de la Provincia de Salta y exhortamos al Gobierno Nacional a reconsiderar estas medidas, garantizando el cumplimiento inmediato y efectivo de las normativas vigentes para asegurar el acceso a una educación de calidad en toda la nación», finalizaron.