Patricia Bullrich vino a Salta y anunció que la DEA se instalará nuevamente en la provincia. El hecho rememora datos de una vieja historia entre la tierra de Güemes y los servicios norteamericanos. F.P.
El adelanto fue realizado por la ministra de Seguridad de la Nación en una entrevista televisiva donde comentó que, cuando Barack Obama visite Argentina, se firmará un acuerdo para que la agencia de control de drogas se instale nuevamente en la provincia.
La DEA, que opera en más de 60 países y cuenta con una sola oficina en Argentina ubicada en Buenos Aires, no es la primera vez que incide en la historia salteña. Lo dejó bien en claro Cornejo D’Andrea, ministro de Seguridad, quien señaló que “Salta siempre mantuvo una relación con organismos internacionales como la DEA e Interpol”.
Tal cual lo declaró, servicios de inteligencia de la DEA operan en estas tierras desde hace mucho tiempo. Sus investigaciones datan de varias décadas atrás, y dejaron de pasar inadvertidas cuando se conoció que tanto Roberto como Juan Carlos Romero aparecían sindicados como narcotraficantes en varias “carpetas” elaboradas por servicios de la agencia estadounidense.
A pesar de que los agentes de la DEA desde un principio manejaron información sobre la familia Romero, nunca las cosas pasaron a mayores. Un hecho elocuente, en este sentido, fue su intervención tras el asesinato de Liliana Ledesma. El caso saco a luz revelaciones muy comprometedoras sobre los vínculos del ex gobernador con el negocio del narcotráfico que tuvieron un fuerte impacto, no solo en el país, sino también a nivel internacional; a tal punto fue así que todos los diarios informaron que el exgobernador se reunió, 1 el diciembre de 2006, con Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos, y se intentó mostrar la voluntad de ambos para desplegar un operativo de investigación respecto a la muerte.
Eran momentos de tensión donde, lógicamente, ya no podían realizarse reuniones en secreto ni tampoco dejar lugar para sospechas. Por esto, quizás, pocos mencionaron que días antes a este encuentro, Romero había mantenido una larga reunión en Buenos Aires con un grupo de agentes de la DEA. Los resultados investigativos nunca fueron a fondo ni se hicieron conocer.
La DEA mantuvo una oficina en Salta hasta hace 5 años pero nunca dejo de tener estrechas relaciones con funcionarios provinciales. Son conocidas las reuniones para intercambiar información donde participaba el agente Dirk Lamagno, el subjefe de la Policía, Mario Paz, el jefe de la División Drogas, Simón Pistán y el exministro de Seguridad, Maximiliano Troyano; o la fluida relación entre Eduardo Sylvester y el jefe de la DEA en Argentina, Scott González. En todo momento el organismo regulador de la venta de drogas se preocupó por lo que acontece en nuestra frontera y hasta llego a donar vehículos y entrenar gendarmes.
Es sabido que Patricia Bullrich considera una “prioridad” mejorar las relaciones con la DEA, el FBI y otros organismos de inteligencia internacional para impulsar la “lucha contra el narcotráfico”; con ese objetivo ya colocó a Néstor Roncaglia, un hombre formado -precisamente- por la DEA, en la jefatura de la Policía Federal y avanzó en reuniones para tener un trato cercano como el que había reestablecido Sergio Berni. El mejoramiento que busca la ministra no es sólo respecto a tareas de inteligencia sino también para apuntalar las gestiones del nuevo gobierno y así obtener ayuda financiera que permita la compra de tecnología millonaria como drones, radares y armas. Ese fue uno de los temas que tocó con funcionarios de la cartera de Seguridad del gobierno de Salta.
Resulta llamativo que Bullrich haya enfocado su política contra el narcotráfico en colocar más gendarmes en la frontera y reestablecer los lazos con la DEA y no haya hecho mención a un eslabón fundamental del negocio: el lavado de dinero. Más llamativo resulta aún, cuando colocó en la Unidad de Información Financiera (el organismo encargado de investigar el lavado de dinero) a María Eugenia Talerico, una abogada que defiende al HSBC (uno de los principales acusados de realizar estas operaciones) en 3 causas abiertas al mencionado banco por lavado de dinero. En su paso, por la provincia ubicada geográficamente en un lugar clave del negocio, nada dijo.
Lo anunciado se da en un contexto marcado por toda una serie de noticias que muestran los vínculos del negocio narco con el Estado: la “la caída” del empresario del combustible más importante de Bolivia, Sejas Rosales, un hombre vinculado a empresarios del norte provincial dueños de estaciones de servicios, acusado en 11 causas de narcotráfico y señalado como un “protegido” de Raúl Reynoso; la caída, también, del mencionado juez federal, acusado de otorgar la libertad a narcos a cambio de dinero que incluso estaba tarifado, y cuando se encuentra detenido el presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Alejandro Maurín y se pidió la captura internacional de su par Mauricio Gerónimo (ambos referentes políticos que acompañaron la candidatura de Urtubey) por estar vinculados al operativo “Febrero Blanco”, donde se decomisó 200 kg de cocaína.
La instalación pública de que se están tomando cartas en el asunto no pasa de una parafernalia mediática. Es de suponer los resultados que tendrán estas políticas. Eso, al menos, si repasamos un poco la historia.